Un “atentado a la salud pública” o una bendición para el puerto: las dudas sobre la polémica planta de gas en Las Palmas

El proyecto de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en el Puerto de Las Palmas para suministrar GNL a buques y producir setenta megavatios de energía eléctrica parecía caminar sin hacer mucho ruido en los despachos del Gobierno de Canarias, después de que la Autoridad Portuaria de la capital grancanaria concediera a la empresa Totisa Holdings la concesión para construir hace más de un lustro.

Pero desde hace unas semanas, vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, científicos y algunas administraciones públicas han agrupado y reiterado su rechazo como nunca lo habían hecho contra la iniciativa, que en estos momentos se encuentra en el proceso de evaluación ambiental y estaría a pocos meses de conocer si finalmente sale adelante. Sus detractores consideran que, en caso de recibir la luz verde, frenaría la transición energética de Gran Canaria y aumentaría la contaminación. Su promotor opina todo lo contrario.

La propuesta de Totisa fue presentada en 2018 y, desde ese entonces, ya levantó ampollas, pero en el sector energético. Tanto Endesa como Disa, compañías monopolísticas de la generación eléctrica y distribución de carburantes en las Islas, respectivamente, maniobraron para frenar la entrada de esta mercantil en el negocio energético canario pese a que sus proyectos no respondían al objeto inicial de la concesión.

Esos intentos quedaron en vano. La Autoridad Portuaria de Las Palmas autorizó la solicitud de Totisa y el Ejecutivo canario acordó tramitar el expediente, de una ocupación de poco más de 50.000 metros cuadrados y una inversión inicial de 35 millones de euros, a través de una evaluación ambiental simplificada que finalmente pasó a ser ordinaria tras advertirse de posibles “efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”. Eso fue en octubre de 2022. Hasta la fecha, aún no hay resolución.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno regional, Mariano Zapata, del Partido Popular (PP), ha dicho que “por encima de todo va a estar la salud y la seguridad de las personas”, pero descartó hacer más valoraciones sobre la planta de gas en un contexto social cada vez más irritado. Para este mismo sábado hay convocada una cadena humana contra el proyecto. María Luisa Pita, exjefa de Sanidad Ambiental del Ejecutivo autonómico, cree que es un “atentado a la salud pública”.

El plan de Totisa cuenta con dos patas. Por un lado, la empresa ha proyectado la instalación de una estación marina capaz de recepcionar y suministrar gas natural licuado a buques y, por otro, una planta de generación eléctrica en tierra de 70 MW con una mezcla principal de gas natural y algo de hidrógeno que proporcionará electricidad al propio puerto y también a la red de consumo general. La primera actividad apenas representa el 7,5% de los ingresos previstos. La segunda, el 92,5% restante. Para recuperar la inversión, “es necesario de 10 a 15 años de funcionamiento”.

La central eléctrica ayudará a que los buques que atraquen en el puerto apaguen sus motores y puedan conectarse a la red, una técnica conocida como cold ironing que promete rebajar la contaminación atmosférica y acústica y que está empezando a desarrollarse en los puertos de España, entre ellos el de Tenerife.

Fuentes de Totisa sugieren que un solo crucero consume de media quince megavatios por hora y que la demanda total en este sentido podría alcanzar los 40 MW. “Ofrecemos lo que creemos que es mejor para Canarias. Solo tienes que ver el humo que sale de los cruceros. Es pura lógica”, agregan esas mismas fuentes.

La reducción de la polución prometida por la empresa es de hasta un 30% en dióxido de carbono (CO2), el principal gas causante del calentamiento global. Pero esta rebaja no detalla cuánto emite anualmente el Puerto de Las Palmas ni cuánto lo hará con la nueva instalación.

Es tan solo un porcentaje recogido en la evaluación de impacto ambiental del proyecto, elaborada por Rosendo López, un biólogo que dimitió como presidente del órgano ambiental de Adeje en octubre del año pasado semanas después de que conocerse que, a la vez que ostentaba ese cargo, asesoró a la promotora del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el sur de Tenerife.

La Dirección General de Salud Pública ha pedido al Gobierno de Canarias que instale en el Puerto de Las Palmas una estación de control de calidad del aire porque la más cercana, ubicada en el Mercado Central, está fuera de la zona portuaria. Por eso no hay forma de medir la contaminación atmosférica en el lugar donde atracan cientos de buques cada año. Lo único que pueden hacerse son estimaciones.

Un estudio publicado en la revista Transportation Research Part A: Policy and Practice calculó que, solo en 2011, los cruceros y ferris que llegaron a la capital grancanaria expulsaron 50.830 toneladas de CO2. Otra investigación difundida en la publicación Marine Pollution Bulletin sugiere que, entre julio de 2017 y junio de 2018, los buques atracados en el Puerto emitieron casi 100.000 toneladas de dióxido de carbono.

El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria ha hecho una tasación más prudente y ha cifrado en 25.884 las toneladas de CO2 emitidas. Pero cualquiera de las estimaciones es inferior a lo que, según la corporación insular, contaminaría el Puerto de Las Palmas en caso de que la planta de Totisa comenzase a operar: 304.780 toneladas de dióxido de carbono cada año, más del 20% de la contaminación total de la ciudad.

“Parece que queremos volver al siglo XIX” con esta instalación, lamenta Raúl García Brink, consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria.

La corporación insular realizó hace unos días una declaración conjunta con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para expresar su rechazo hacia la planta de gas. Ambas administraciones están gobernadas por coaliciones entre el PSOE y Nueva Canarias, dos partidos que contaban con representantes en la Autoridad Portuaria de Las Palmas cuando la propuesta fue aprobada y que ahora dicen sentirse engañados por el proyecto. 

García Brink explica que ellos creían que la central eléctrica de Totisa generaría electricidad casi de forma exclusiva para el cold ironing, pero que, después de analizar la documentación “en detalle”, se percataron de que solo el 6% de la producción se destinaría a ese fin. Más de la mitad iría a la terminal de contenedores de Operaciones Portuarias Canarias SA y un pequeño porcentaje también para Astican. El resto, a la red de consumo general.

“No estamos hablando de una instalación dedicada fundamentalmente al suministro [de GNL] a buques y cold ironing de cruceros. Estamos hablando de una central térmica como cualquier otra que se pudiera construir en la ciudad. Y es bastante discutible que eso haga falta para la transición energética de Gran Canaria”, remacha García Brink. 

La corporación insular cree que “es evidente” que Totisa busca “introducir energía en el sistema insular” con el tamaño de la central planteada, provocando “un nuevo foco de emisiones en donde actualmente no existen”. El Cabildo propone como alternativa que los buques se conecten a la red de distribución existente, sin necesidad de una nueva instalación.

Fuentes de la empresa se limitan a responder que con la central pretenden “romper el monopolio” de Endesa en el Archipiélago y animar a más actores a introducir el gas natural en la Comunidad Autónoma, hasta ahora libre de esos humos. “Todos queremos un mundo más limpio. Pero no se puede llegar sin hacer nuevos proyectos y dejando que siga el statu quo”, concluyen.

El plan de Totisa también ha sido confrontado desde el minuto uno por Salud Pública, que ha emitido hasta cuatro informes desfavorables sobre la planta. Los documentos de la empresa apuntan que la central va a emitir por cuatro chimeneas de hasta 25 metros una media de 0,22 miligramos por metro cúbico (mg/m3) de monóxido de carbono cada ocho horas y un promedio máximo de 169 mg/m3 de dióxido de nitrógeno cada hora. Dicen que su impacto es “compatible” con el entorno, pero los técnicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) no lo tienen tan claro.

En uno de sus informes, Salud Pública reprocha a la compañía no incluir en sus estudios otros contaminantes, como el metano, el dióxido de carbono y el material particulado generado por la combustión de gas natural, normalmente inferior a un micrómetro. Afirma que en el punto donde pretende construirse la planta, los vientos no se dirigen hacia el Océano Atlántico de forma habitual, sino a la población de Las Palmas de Gran Canaria “la mayor parte de los días del año”. Y que eso va a suponer un “impacto local permanente para la ciudad”.

María Luisa Pita, exjefa del servicio de Sanidad Ambiental del SCS hasta finales del año pasado, lo resume afirmando que “si hubiera que poner una cruz en el mapa sobre cuál es la peor ubicación [para este proyecto], esta era una de ellas”.

A 1.100 metros de la futura instalación, existen viviendas de uso residencial, zonas infantiles y de uso sanitario del barrio de La Isleta, un entorno “vulnerable”, concluyó el Ministerio de Fomento en 2011 a raíz de diferentes indicadores socioeconómicos y medioambientales. Las emisiones de la central eléctrica de Totisa afectarían en especial a ancianos, niños y personas con asma y otras enfermedades cardiorrespiratorias, ahonda el SCS.

“Ellos verán incrementados sus episodios y la gravedad de sus enfermedades, eso por descontado. Y habrá quien se quede por el camino y no lo sabremos nunca”, indica Pita. En Canarias, el 11,2% de las muertes son causadas por enfermedades del aparato respiratorio, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la neuomonía o el asma. Es el segundo porcentaje más alto de toda la Unión Europea.

“Hay que atender las necesidades energéticas del recinto portuario, pero debemos buscar soluciones que no afecten a la seguridad o salud de las personas”, añade José Jaime Sadhwani, catedrático del Área de Tecnología de Medio Ambiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

La cercanía de la declaración ambiental del proyecto ha empujado al barrio de La Isleta, acostumbrado a este tipo de luchas, a conformar una plataforma contra la planta de gas de Totisa. Pita lamenta que la ciudadanía tenga que salir siempre a las calles “para que se friegue y se limpie, para que no se talen árboles y para que no se contamine”, pero el presidente del Foro por la Isleta, Félix Alonso, avisa que “el barrio está respondiendo”.