Anticorrupción pide penas de 13 años para Dimas Martín y la exalcaldesa de Arrecife Isabel Déniz en el caso Unión
La Fiscalía Anticorrupción pide penas de 13 años de cárcel para el expresidente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Dimas Martín y para la exalcaldesa de Arrecife y compañera de partido Isabel Déniz en la pieza central del denominado caso Unión, en la que figuran otros 15 acusados.
Según el escrito de acusación en el que se pide la apertura de juicio oral, que ha sido hecho público este viernes, la Fiscalía atribuye a Martín y a Déniz delitos de asociación ilícita, así como de prevaricación y cohecho de manera continuada, si bien en el caso del líder del PIL, concurre el agravante de reincidencia.
El fiscal Luis del Río considera que ambos acusados a finales de 2001 o principios de 2002 acordaron obtener de forma ilícita fondos de diversas empresas privadas a través de la corporación local, mediante la adjudicación de forma irregular de contratos de obras o servicios a cambio del pago de comisiones, viajes y regalos.
Para ello, según el fiscal, necesitaron de la colaboración de los también acusados Juan Rafael Arrocha, entonces jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento, para elaborar los informes pertinentes, y del exsecretario de la corporación Felipe Fernández Camero, para los que pide penas de 19 años y seis meses de cárcel y 11 años y seis meses, respectivamente.
A Arrocha, el fiscal le atribuye la comisión de nueve delitos por asociación ilícita, prevaricación, cohecho, fraude, falsedad documental y actividades prohibidas a funcionarios, mientras que a Fernández Camero otros por asociación ilícita, cohecho, violación de secretos y falsedad de documento público.
Dimas Martín e Isabel Déniz, junto a Rafael Arrocha y al exsecretario municipal Fernández Camero recibieron al menos 757.000 en sobornos en metálico y en regalos de las empresa Tecmed, que después pasó a ser Urbaser, y 46.674 euros de FCC, que fueron adjudicatarias de servicios y obras de manera irregular, según Anticorrupción.
Así, en 2002 se adjudicó a Tecmed, mediante la alteración del concurso, la adjudicación “fraudulenta” del contrato de recogida de basuras y residuos durante 10 años por un importe de 2,1 millones de euros.
A esta empresa se le adjudicaron también dos obras para la construcción de dos naves para esos servicios de recogida de basura por un importe de más de 6,9 millones de euros, a pagar en 25 años con un canon de 248.836 euros y 168.836 euros, lo que suponía detraer de las arcas municipales un total de 32,3 millones euros, según el Ministerio Público.
El fiscal además señala que, posteriormente, el Ayuntamiento acordó de forma irregular con Urbaser continuas revisiones al alza del contrato de recogida de residuos como del que tenía de limpieza viaria a cambio de nuevas comisiones.
Para ello, en 2001 Dimas Martín y Déniz supuestamente llegaron a un acuerdo con los acusados Manuel Andrés Martínez y Santiago Alonso Herreros, directivos y apoderados de Tecmed, en el que también colaboró el delegado de Tecmed en Lanzarote Jacinto Álvarez de la Fuente, para quienes el fiscal solicita penas de 10 años y 2 meses para los dos primeros, y 1 año y 9 meses de cárcel para el tercero.
En el caso de FCC, a esta empresa se le adjudicó de forma irregular la construcción del pabellón municipal de deportes de Argana Alta, después de que el líder del PIL y la exalcaldesa lo concertaran con los acusados Enrique Astorga González y Enrique José Hernández, directivos de la citada mercantil, que se exponen a penas de 4 años de prisión cada uno de ellos por un presunto delito de cohecho.
La adjudicación de esta obra fue por 8,7 millones de euros, cuando se había sacado a licitación por 9 millones, ya que supuestamente se acordó una rebaja que después se compensó con una modificación al alza por 637.344 euros y con una propuesta de obras complementarias por 1,3 millones de euros, todo ello de manera irregular, según el fiscal.
El acusado Juan Rafael Arrocha además obtenía parte del beneficio económico a través de una trama de sociedades a partir de la mercantil Proyecto Gamma, que creó con los acusados Julio Pedro Romero y el ingeniero industrial Manuel Jesús Spínola en 2002.
Estas empresa, según la acusación pública, después en 2004 pasó a formar parte de Gamma Install, junto con los acusados Jacinto Álvarez de la Fuente, Daniel Hernández Caraballo y Rafael Antonio Corujo, y tenía como administrador único al imputado Julio Pedro Romero.
Además, Del Río señala que había también una tercera sociedad, Infraestructuras Cascosas, participada por Romero y Spínola Perdomo, y todas ellas compartían la misma sede social.
Según la Fiscalía, estas sociedades, que se encargaban de la redacción de proyectos técnicos, conseguían numerosos clientes convencidos de que iban a obtener informe favorable de la Oficina Técnica del Ayuntamiento y del departamento de Actividades Clasificadas del Cabildo, ya que sus jefes eran lo acusados Arrocha y Spínola Perdomo, que, en ocasiones, encargaban la firma de los proyectos a otros ingenieros que no tenían incompatibilidad.
Así mismo, estas sociedades se hicieron cargo de los proyectos de las dos naves que le fueron adjudicadas a Tecmed, por las que facturó 169.300 euros en los años 2003 y 2004, y de la elaboración de los proyectos del pabellón de deportes, por un importe de 136.999 euros.
