Cuatro aspirantes optan a presidir una Audiencia de Las Palmas sumida en el descrédito por el caso Alba
Emilio Moya, Pilar Parejo, Juan José Cobo Plana y Carla Vallejo. Cuatro aspirantes para un cargo que debe despojarse de una pesada losa, el descrédito ciudadano ante el escándalo que sacudió la Audiencia Provincial de Las Palmas en mayo de 2016, con la difusión de una grabación en la que se escuchaba cómo un magistrado en activo, Salvador Alba, orientaba y preparaba la declaración judicial de un empresario al que investigaba por fraude fiscal, Miguel Ángel Ramírez, con el objetivo de perjudicar a la anterior instructora de la causa, la exdiputada Victoria Rosell, y allanar así el archivo de la causa.
El revuelo generado por el denominado Albagate, un caso por el que el magistrado, ya suspendido en sus funciones, se acabará sentando en el banquillo acusado de seis delitos y con peticiones de hasta trece años y medio de cárcel, ha estado muy presente en las comparecencias de los candidatos a presidir la Audiencia Provincial ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta el punto de que tres de ellos aludieron directamente en sus intervenciones de este martes a la crisis desatada en el seno del órgano judicial por este motivo.
En el caso de su actual presidente y aspirante a la renovación, Emilio Moya, que también aparece en la grabación del empresario Ramírez, para defender que la Audiencia carece de competencias disciplinarias y que su actuación se ciñó “escrupulosamente” a las atribuidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, adoptando “medidas precisas” cuando Alba fue suspendido.
En cambio, Pilar Parejo, que se presenta por tercera vez a un cargo que ya ocupó entre 2008 y 2013, y Carla Vallejo, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, hablaron, respectivamente, de la necesidad de “pasar página” y de “dar un nuevo impulso a la Audiencia ” ante el “bochorno” que, a juicio de ambas, ha sufrido la institución por este motivo.
Expresiones similares a las que han utilizado al responder al cuestionario remitido la pasada semana por Canarias Ahora para conocer los proyectos y la visión de la Justicia en Canarias de los candidatos. Solo Juan José Cobo Plana ha declinado contestar a las preguntas formuladas por este periódico.
Emilio Moya
El actual presidente de la Audiencia de Las Palmas marca una línea continuista. Se confiesa satisfecho con la labor desempeñada los últimos cinco años, al margen de “momentos muy desagradables que están en la mente de todos”. Moya defiende que no pudo hacer más de lo que hizo en el caso Alba y que no estaba en sus manos apartar al polémico magistrado del juicio del caso Faycán o de decenas de procedimientos en los que había sido designado ponente de forma “aleatoria”.
Niega que la Justicia esté desacreditada, cree que es injusto extender la sombra de la sospecha a todos los magistrados y critica con dureza a los responsables políticos que, con sus declaraciones, contribuyen a “alentar respuestas populistas” y al “linchamiento” contra los jueces.
Aunque Moya no ha contestado a las preguntas de este periódico sobre su proyecto concreto, en la intervención ante la Comisión Permanente del CGPJ defendió los ejes sobre los que ya pilotó su anterior candidatura: humanizar la Justicia, unificar criterios y aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Pilar Parejo
La presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia compite por segunda vez contra Emilio Moya, que le arrebató el cargo en 2013. Lamenta el “bochorno” que ha vivido la institución en estos dos últimos años, considera necesario “recuperar la confianza de la ciudadanía”, reducir el tiempo de respuesta de los asuntos judiciales e incrementar las secciones civiles con otros dos magistrados.
Parejo se muestra muy crítica con las comisiones de servicio y sustituciones voluntarias concedidas, en particular, a los magistrados de la polémica Sección Sexta de la Audiencia, la que precisamente preside Moya y en la que tiene su plaza Salvador Alba. La veterana magistrada cree que es “imposible” compaginar la celebración de juicios complejos como Faycán con una práctica que se ha convertido en habitual en ese órgano colegiado en los últimos años.
La también representante de la Asociación Profesional de la Magistratura achaca a un problema de comunicación y lenguaje la distancia entre la Justicia y la ciudadanía.
Carla Vallejo
La candidata de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia aboga por un “cambio de rumbo” en la institución, por modernizarla y abrirla a la ciudadanía, tarea para la que cree fundamental implantar “una política de comunicación efectiva” que permita explicar a la población “cuestiones de relevancia”.
Vallejo propone reflexionar sobre la forma en la que la Justicia aborda y resuelve determinados casos e integrar la perspectiva de género para “vacunar de prejuicios y estereotipos” presentes en la sociedad. Considera necesario incrementar el número de magistrados en las secciones civiles, a las que ve especialmente sobrecargadas de trabajo y mejorar la organización a través de nuevas normas de reparto.
Sobre el caso de Salvador Alba, la jueza grancanaria echó en falta “una respuesta institucional” que defendiera a los profesionales frente a “actuaciones de personas concretas” que han causado “bochorno y vergüenza”. Vallejo sostiene que lo ocurrido en torno al juicio del caso Faycán, presidido por el propio Alba, se podía haber evitado y que la presidencia del órgano tenía “la capacidad gubernativa para hacerlo”.
