Carla Vallejo lleva diez años trabajando como jueza. Comenzó su carrera en Fuerteventura, en los juzgados de primera instancia, instrucción y de violencia contra la mujer. Con posterioridad fue trasladada a su isla natal, Gran Canaria, donde ejerció en los partidos de Telde, San Bartolomé y la capital.
Miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el año 2009, también ha desempeñado funciones durante un año en una sección penal de la Audiencia Provincial. En la actualidad es titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 3 de Las Palmas de Gran Canaria.
Especializada en Extranjería, Seguridad Ciudadana, Violencia de Género e Igualdad, ha sido durante dos mandatos miembro del secretariado nacional de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia y es socia fundadora de la asociación de Mujeres Juezas.
¿Qué le motiva a dar el paso y presentarse a la Presidencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas?
Es un proyecto que afronto con una inmensa ilusión, el apoyo de compañeros y compañeras que me animaron a presentarme ha sido fundamental y la convicción de que puedo aportar algo positivo. Creo que es necesario un cambio de rumbo marcado por el esfuerzo de recuperar la confianza de la ciudadanía.
¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué medidas o iniciativas adoptaría en primer lugar para mejorar su funcionamiento?
Lo primero es recuperar la credibilidad y la buena imagen de la justicia que se ha visto dañada en los últimos tiempos como consecuencia de hechos que todos conocemos. Actos de personas concretas no pueden confundirse con el proceder general de los jueces y juezas de Canarias que nada tenemos que ver con ello. Poner en valor y defender el trabajo que hacemos es fundamental
En segundo lugar, es necesario modernizar la Audiencia Provincial, abrirla a la ciudadanía y comprometernos con ofrecer un servicio público de calidad y cercano. Todas las cuestiones que tienen que ver con la protección a las víctimas especialmente vulnerables, el acceso transparente de los medios de comunicación y la modernización informática y técnica son una prioridad.
También lo es ofrecer seguridad jurídica y conseguir llegar a acuerdos entre las distintas secciones que unifiquen la doctrina para evitar resoluciones contradictorias.
¿Son suficientes los medios materiales y humanos con los que cuenta la Audiencia?
Contamos con unas instalaciones óptimas en la Ciudad de la Justicia que facilitan la implantación de muchas de las medidas que propongo, pero seguimos asumiendo una carga de trabajo muy superior a la que debe ser soportable. El esfuerzo que están realizando principalmente los compañeros y compañeras de las secciones civiles dando respuestas a los ciudadanos en una cantidad masiva de procesos por cláusulas bancarias está siendo encomiable. A pesar de eso, la complejidad y número de procesos que deben resolver es excesivo y es necesario incrementar sustancialmente el número de magistrados y magistradas de esas secciones para acortar la duración de los procesos.
La Administración de Justicia en Canarias se ha visto salpicada en los últimos tiempos por escándalos que han afectado a magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas. ¿Cómo valora la respuesta de la institución ante ellos?
Es uno de los motivos que me animaron a presentarme. Creo que faltó una respuesta institucional que defendiera claramente a los jueces y juezas de Canarias. No es tolerable que acciones de personas concretas que nos han causado verguenza y bochorno a todos se confundan con las de la totalidad de la carrera judicial. Desde la Presidencia de la Audiencia se debió liderar ese mensaje y evitar que la ciudadanía nos identificara con hechos y acciones que nada tienen que ver con nosotros
¿Está desacreditada la Justicia en Canarias?
Su imagen se ha visto dañada, pero creo de verdad que el daño producido es recuperable. Poner en valor la realidad de lo que hacemos, nuestro compromiso con el servicio público y abrir las puertas a la ciudadanía de forma transparente debe ser una prioridad para recuperar el crédito perdido
En 2018 se han celebrado los juicios de los casos Faycán, Eolo, Palmera… Todos ellos más de una década después de haberse iniciado la instrucción de la causa. La lentitud de la Justicia indigna a la ciudadanía y, también, a los propios procesados. ¿Cuál es la solución para dotar a la Justicia de mayor agilidad? ¿Existe una adecuada planificación y medios para hacer frente a estos procesos?
Efectivamente debemos tomarnos muy en serio la tramitación de estos procesos que son complejos, pero ello no justifica sin más que debamos aceptar los retrasos producidos en su enjuiciamiento.
Es posible una mejor organización a través de unas nuevas normas de reparto y planes de contingencia, de tal manera que la sala o sección que deba asumir esos procesos cuente con los refuerzos necesarios para llevarlo a cabo de forma ágil. Realizar un control específico de esas causas resulta fundamental porque los retrasos y la tardanza en la administración de justicia no puede ser aceptada sin más.
El juicio por el caso Faycán ha estado marcado por la polémica. El magistrado que presidió la vista oral, Salvador Alba, fue suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial antes de dictar la sentencia. ¿Se podía haber evitado esta situación?
Creo que sí, con una adecuada planificación de la tramitación de esos procesos. No puede ser que el enjuiciamiento de esas causas se prolongue durante meses cuando las sesiones podrian concentrarse en unas semanas concretas. Además las circunstancias particulares de ese caso, en las que uno de los magistrados fue suspendido durante su enjuiciamiento y cuando aún no se había dictado la sentencia, tendrian que haberse evitado. La presidencia tiene la capacidad gubernativa de hacerlo y la responsabilidad de llevarlo a cabo porque la imagen que se ha trasladado en ese caso ha sido muy negativa y no guarda relación con el trabajo realizado tanto durante la instrucción como por el resto de compañeros de la Sala.
En los últimos tiempos hemos visto cómo muchas decisiones judiciales han sido duramente cuestionadas por una parte de la opinión pública. ¿A qué cree que se debe esta distancia que parece que se ha abierto entre la sociedad y los jueces?
Parto de la absoluta legitimidad de la ciudadanía para criticar las resoluciones judiciales, ningún poder del estado está libre de ese escrutinio. Creo que las causas de esa distancia que efectivamente existe son múltiples. En primer lugar ha fallado la comunicación, el poder judicial no tiene una política de comunicación efectiva que permita explicar a la ciudadanía cuestiones de relevancia. Creo que una sentencia compleja y de trascendencia pública no puede comunicarse sin más, sin venir acompañada de una nota de prensa que sintetice y explique su contenido.
También es cierto que desde la justicia debemos hacer una reflexión sobre algunos prejuicios y estereotipos en los que podemos incurrir cuando resolvemos los casos que se nos plantean. La sociedad cambia muy rápido y es nuestra obligación aplicar e interpretar las normas de acuerdo con la realidad social. Aquí puede existir un desfase que se tiene que corregir con formación y potenciando un análisis racional pero también sensible y humano de los procesos que resolvemos.
Uno de los ejemplos más ilustrativos de este distanciamiento se ha producido con la sentencia del caso de La Manada y la posterior decisión de dejar a los condenados en libertad provisional, una decisión que provocó una movilización social sin precedentes muy crítica con la actuación del tribunal ¿Comprendió estas críticas? ¿Cómo cree que se debe hacer frente a esta situación desde la Administración de Justicia?
Comprendo que las críticas existan porque en relación a este asunto falló todo. Falló la comunicación, no hubo mayor respuesta de la justicia que publicar el contenido de una sentencia que, como muchas otras, resulta criticable.
Ante la enorme trascendencia social de ese caso que no existiera ningún plan de comunicación o que no se adoptaran suficientes cautelas para proteger la identidad de la víctima solo puede verse como un fracaso.
Por otro lado cuando he dicho que la justicia también tiene que hacer una reflexión sobre la forma que aborda y resuelve determinados casos me refiero muy concretamente a este supuesto. Es necesario integrar la perspectiva de genero en nuestra labor judicial porque ello nos vacuna de prejuicios y estereotipos que están en la sociedad, hemos crecido y socializado con ellos, y resulta muy fácil que pasen a nuestras sentencias. Es una asignatura pendiente que tenemos que abordar y resulta fundamental para ofrecer a la ciudadanía el servicio que merece.
¿Cómo valora la actuación del Tribunal Supremo con respecto al impuesto a las hipotecas? ¿Entiende la decisión de revisar la sentencia que fallaba a favor de los consumidores y en contra de la banca?
La situación creada no ha ayudado nada a restablecer el crédito de la justicia y resulta particularmente doloroso si tenemos en cuenta el enorme esfuerzo que desde los juzgados de instancia y las audiencias provinciales se ha hecho en los últimos años protegiendo los derechos de los consumidores. El Tribunal Supremo se dañó a si mismo con la decisión de convocar un pleno extraordinario sobre un asunto que ya estaba resuelto y pronunciándose, con una mayoría exigua, en contra del criterio de quienes son especialistas en tributos. Costará recuperar el prestigio perdido pero es imperativo hacerlo y debe incluir la asunción de responsabilidades de quienes nos han llevado a esta situación.