La Audiencia de Las Palmas, que puso a Alba al frente de Faycán, busca ahora una solución al bloqueo de la sentencia
El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, ya ha enviado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un oficio informando de las soluciones que a su juicio pueden aplicarse para resolver el bloqueo al que está sometido el caso Faycán. Visto para sentencia el 12 de marzo pasado, el ponente de esa sentencia, el magistrado Salvador Alba, acaba de ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial sin haber puesto la sentencia correspondiente, lo que conduce a una situación que pudiera obligar a repetir el juicio, con 28 encausados.
Salvador Alba no llegó a proponer a sus otros dos compañeros de tribunal, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, su parecer tras el plenario, en el que 20 de los 28 acusados reconocieron los hechos pactando con la Fiscalía Anticorrupción conformarse con penas menores. Ante esa tesitura, Emilio Moya, que fue quien puso a Salvador Alba al frente de ese tribunal conociendo el riesgo de que resultara suspendido, se ha decantado por que sean los otros dos magistrados los que dicten sentencia. Eso siempre y cuando ambos estén de acuerdo en el fallo, porque en el caso de que haya discrepancia, la repetición del juicio sería inevitable.
Todo indica que Moya ha hecho esta propuesta al TSJC previa consulta con los magistrados Naranjo y Vielba, que en principio se han mostrado de acuerdo con la resolución.
El juez Alba no solo puso en peligro el juicio aceptando presidirlo y ser el ponente de la sentencia, sino también decidiendo durante la vista oral pasar a la condición de testigos a los acusados que se conformaron con sus penas y reconocieron los hechos sin, previamente, haber dictado sentencia. Los abogados de las defensas se reservarán su derecho a recurrir conforme resulten perjudicados o no sus clientes.
El caso Faycán, que estalló en 2006, levantó por los aires al grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Telde cuando estaba gobernado por el Partido Popular y la agrupación local Ciuca. Una trama de comisiones repartidas entre algunos de los concejales para favorecer a contratistas de la corporación fue denunciada por una empresaria a la que se le exigió un 20% de su facturación a cambio de agilizarle el pagos de sus facturas. La principal encartada, la líder local del PP Toñi Torres, acabó suicidándose durante la instrucción sumida en una profunda depresión.
En el banquillo permanecen, entre otros, dos exalcaldes de la ciudad, ambos del PP, Mari Carmen Castellano y Francisco Valido. Para la primera de ellas la Fiscalía pide cinco años de cárcel, y para el segundo, dos, cuatro menos de los iniciales.
