“No se ha agotado la vía negociadora con los vecinos”

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado las gestiones para que la Abogacía del Estado interpondrá al Ministerio Fiscal la interposición del recurso de súplica contra la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que no admite a trámite el recurso presentado contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ordena el derribo de la Biblioteca Pública del Estado de la capital grancanaria.

Así lo pusieron este jueves de manifiesto el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, y la concejala de Presidencia, Cultura y Seguridad, Encarna Galván, durante una comparecencia ante los medios en la propia entrada del centro para informar sobre la posición del Consistorio respecto a la última decisión judicial.

“El Ayuntamiento ha iniciado las gestiones posibles para tratar de buscar una solución, que sea definitiva, a este problema. Y vamos a agotar todas las vías posibles para ello, vías que pueden circular en una triple dirección”, dijo Galván en referencia a las vías jurídica, política y negociadora con los vecinos.

La edil explicó que en el aspecto jurídico, ya se dado instrucciones para pedir el recurso de súplica “al que da pie dicha resolución”.

En este sentido, la decisión del TC dice textualmente que la Sección Segunda ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite “dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo, violación que, de acuerdo con el art. 44.1 LOTC, es condición para que este Tribunal pueda ejercer dicha tutela”.

Del mismo modo, el Ministerio Fiscal tiene un plazo de tres días para interponer el recurso de súplica, mientras que si no lo hiciera se archivarían las actuaciones sin más trámite.

Galván explicó que en lo que a la vía política se refiere, el alcalde, Augusto Hidalgo, ya conversó durante la mañana con el secretario de Estado de Cultura, y han quedado en mantener una reunión en los próximos días en Madrid para tratar de explorar todas las posibles vías que afectan a la Biblioteca Pública del Estado.

El ayuntamiento convocará una mesa de encuentro con los vecinos afectados

En tercer lugar, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria apostará por la vía negociadora. “Una de las causas para llegar a este extremo --dijo-- es que no se ha agotado la vía negociadora con los vecinos afectados por esta construcción. Convocaremos una mesa de encuentro con los vecinos para tratar de buscar una solución que sea satisfactoria para todas las partes”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, expuso que el Consistorio tiene que defender a la Biblioteca y a los derechos de los ciudadanos, tanto de los afectados por la construcción como de todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, ya que dijo que una orden de derribo “afectaría a todos”.

“Queremos manifestar que a esta situación no se hubiera llegado si un alcalde, como José Manuel Soria, y un concejal de Urbanismo, Juan José Cardona, no hubieran tomado las decisiones que tomaron en contra de la opinión y de los informes de los propios técnicos del Ayuntamiento”, aseveró el edil.

Aquí, Doreste indicó que, “posiblemente” la Institución municipal empezará a tomar medidas en el campo político contra los responsables que han propiciado que se haya llegado a esta situación. “Es muy grave que una orden de un alcalde o un concejal pasen por encima de los derechos de los ciudadanos, como han demostrado los tribunales”, concluyó.