El comité de Derechos Humanos de la ONU pide explicaciones al Gobierno por la inhabilitación del juez Garzón
El comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha exigido al Gobierno español explicaciones sobre la inhabilitación del juez Baltasar Garzón. El Ejecutivo tiene seis meses de plazo para responder a la denuncia presentada por el despacho Human Rights in Practice en representación del exmagistrado de la Audiencia Nacional y con los dictámenes de doce expertos internacionales en la materia.
La denuncia alega el carácter arbitrario de una serie de investigaciones y enjuiciamientos penales interpuestos contra el juez Garzón que llevaron a su inhabilitación y pusieron fin a su larga carrera judicial.
La abogada Helen Duffy, que dirige el despacho de abogados Human Rights in Practice, ha señalado en su página web que “Baltasar Garzón es un juez de larga trayectoria en la Audiencia Nacional de España, comprometido y renombrado, que se vio sometido a una serie de investigaciones criminales arbitrarias y enjuiciamientos por el ejercicio de su función judicial”.
El caso presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU deja claro, en opinión de Duffy, que “enjuiciar a un juez por su interpretación y aplicación de la ley representa una violación flagrante de los derechos de Baltasar Garzón y eviscera el principio fundamental de independencia judicial del que dependen la protección de los Derechos Humanos y el propio Estado de Derecho”.
En su escrito, Duffy recuerda que Garzón fue imputado por investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el periodo franquista, “que a día de hoy continúan impunes”, y por las escuchas del caso Gürtel, vinculado a altos cargos del Partido Popular.
Al juez se le abrió otro tercer proceso que había sido archivado en dos ocasiones
anteriores, relacionado con un curso patrocinado por el Banco Santander que impartió en Nueva York y que, tras la condena del juez, se archivó de forma inmediata, pues había prescrito. “Esta prescripción era suficientemente conocida por el juez instructor, que aun así mantuvo abierto el proceso”, sostiene el despacho de abogados que representa a Garzón.
“Los procedimientos penales iniciados contra el juez Garzón se fundamentaron
exclusivamente en su interpretación y aplicación de la ley. Ello representa una flagrante violación del principio de independencia judicial que deriva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del derecho internacional de los Derechos Humanos y supone la violación de múltiples derechos protegidos por el mencionado Pacto“, añade Duffy.
Tras años de “investigación, suspensión y enjuiciamiento”, Garzón fue absuelto en uno de los procedimientos (investigación sobre los crímenes franquistas) y condenado en otro (escuchas de Gürtel). Human Rights in Practice precisa, no obstante, que “las violaciones de sus derechos y el efecto desalentador causado con respecto al principio de independencia judicial no dependen del resultado final de un procedimiento penal”.
La denuncia presentada por Garzón ante el Comité de los Derechos Humanos ha sido respaldada por expertos internacionales “del más alto nivel” que han presentado dictámenes periciales conjuntos.
Estos informes examinan, entre otras cuestiones, los estándares internacionales respecto a la independencia judicial en la que se basa este caso; la invalidez de leyes de amnistía y las normas sobre plazos de prescripción aplicables en el derecho internacional y en la práctica, así como en la interpretación “sin precedentes” de la Ley de Prevaricación aplicada en el marco de los procedimientos contra Garzón.
En ellos han participado Mohammaed Ayat, Tim McCormack, Juan Méndez, Pedro Nikken, Naomi Roht-Arriaza, Eugenio Raúl Zaffaroni, Carlos Ayala, Azhar Cachalia Leandro Despouy, Frank William La Rue, Manfred Nowak, Wilder Taylor y Araceli Manjon-Cabeza Olmeda.
“A pesar de la notoriedad de un caso que ha sido ampliamente criticado a nivel internacional, el juez Garzón no ha obtenido reconocimiento alguno por parte del Estado español, no ha habido ningún tipo de reparación, ni tampoco se han realizado esfuerzos para garantizar la independencia judicial en el futuro”, concluye Duffy.
