La jueza Silvia Muñoz, instructora del caso Unión, señala en el auto en el que da por concluida la investigación de la pieza 12 del procedimiento, que “ha quedado indiciariamente acreditada la existencia” entre 2007 y 2009 de una trama organizada en torno a la figura“ de Dimas Martín, fundador del PIL, para el cobro de comisiones ilegales.
La juez señala que Martín ejercía una “total ascendencia política sobre otros cargos públicos, mayoritariamente pertenecientes al partido del que fue fundador”, que “instauró en el Ayuntamiento de Arrecife un sistema clientelar” para “la financiación del PIL” y de los propios imputados.
Así, destaca como modus operandi la “exigencia de comisiones ilegales a empresarios de la Isla para la adjudicación de nuevos contratos” y “la exigencia de comisiones ilegales a empresarios de la Isla para el abono de las facturas de contratos ya realizados que oscilaban entre el 20% y el 8% sobre la cuantía debida por el Consistorio”.
“Lo anterior”, destaca, “era posible mediante la inobservancia intencionada de la normativa administrativa en los procesos de contratación de empresas con el Ayuntamiento de Arrecife con el fin de adjudicar contratos directamente al margen de la regulación administrativa”.
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