Cuatro sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Justicia han solicitado la destitución del actual director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, Jesús María Vega. La petición se produce después de que haya adquirido firmeza la sentencia que obliga a la administración autonómica a indemnizar con 2.000 euros a un médico que fue trasladado de delegación (de Puerto de la Cruz a la Orotava) como “castigo encubierto” por parte del director tras realizar una reivindicación laboral.
Los sindicatos que firman esta petición de cese son Intersindical Canaria (IC), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y Comisiones Obreras (CCOO).
A juicio de estas organizaciones, los hechos probados en las diferentes sentencias que han recaído sobre este conflicto (primero se anuló el traslado forzoso y, después, se estimó la reclamación del trabajador contra la administración en concepto de responsabilidad patrimonial por daños morales) evidencian “muchas de las irregularidades” que la mayoría sindical ha denunciado “reiteradamente” en mesas sectoriales.
De esta forma, los representantes de los trabajadores hablan de un “hostigamiento laboral” hacia los profesionales por “hacer reivindicaciones laborales”. Además, recuerdan que el Poder Judicial tuvo que otorgar amparo institucional a una jueza de Arona ante las “descalificaciones personales” que sufrió por parte del director del Instituto de Medicina Legal. “Es la primera vez que una autoridad judicial haya tenido que ser amparada por el Consejo General del Poder Judicial ante la actuación del personal al servicio de las administraciones públicas”, apuntan.
También denuncian la “falta de protocolos de actuación” en el instituto y su “mal funcionamiento”.
En relación con el traslado forzoso de un funcionario sobre el que se acaba de pronunciar la justicia, los sindicatos señalan que “no ha sido un hecho aislado ni una irregularidad puntual” del director, sino “un ejemplo más de las graves disfunciones que presenta este instituto, de su gestión irregular al margen de la normativa y del abuso de autoridad, arbitrariedad e impunidad con que viene actuando hasta la fecha”.
Las organizaciones firmantes advierten de que “ya son generalizadas las quejas” de ciudadanos, abogados y “hasta del propio decano del Colegio de Abogados” por el “retraso de años en la gestión de los informes extrajudiciales solicitados por los lesionados”, así como de “jueces y órganos judiciales y de los propios trabajadores del Instituto de Medicina Legal”.
“Lo señalado es de suficiente gravedad como para que el director, siendo consecuente con todo ello, hubiera presentado ya su dimisión irrevocable por iniciativa propia”, afirman los sindicatos, que solicitan la “ejecución inmediata” de una sentencia firme que, además, obliga a la administración a abrir un expediente para depurar eventuales responsabilidades.
IC, CSIF, STAJ y CCOO piden la destitución del director por la gravedad de los hechos probados contenidos en la última sentencia, por las consecuencias económicas que se han derivado de esta actuación (además de los 2.000 euros de indemnización, 4.000 en concepto de costas), por el “mal funcionamiento” del instituto y por el “trato hostil” que reciben los trabajadores y el “incumplimiento continuado” de la normativa que debería regular su funcionamiento, así como por “otras actuaciones que nunca deberían haber tenido cabida en un centro de trabajo, menos aún en una institución pública del Gobierno de Canarias”.