HEMEROTECA Una ‘bomba de relojería’ preside el tribunal del caso Faycán

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas hizo todo lo posible por aligerar la duración del juicio del caso Faycán alcanzando acuerdos con 20 de los 28 acusados por esta trama de corrupción que protagonizaron dos exalcaldes y altos cargos del Partido Popular en la ciudad de Telde en el mandato 2003-2007. Luis del Río, el fiscal, pretendía así evitar que el juicio pudiera sufrir las consecuencias derivadas del proceso penal que ya pendía sobre el presidente del tribunal y ponente de la sentencia, Salvador Alba. Y los hechos parecen confirmar los peores presagios.

El juez ha informado que está de baja médica y que es muy probable que no pueda estar disponible para la deliberación y voto de la sentencia con sus otros dos compañeros de tribunal el próximo día 18. Y no solo por su incapacidad laboral, que ha relatado al periódico Canarias7 sin especificar la dolencia por motivos de privacidad, sino también porque, si funciona el protocolo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su comisión permanente habría de suspenderlo en su reunión del día 17, una vez se reciba en ese organismo el auto de apertura de juicio oral que dictó esta semana la magistrada instructora de su causa, Margarita Varona.

Alba tendrá que ir a juicio, en fecha aún por determinar, para responder por la presunta comisión de cinco delitos (cohecho, prevaricación, falsedad documental, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionario público). Su expediente disciplinario en el CGPJ está paralizado a la espera de que se sustancie la causa penal que se sigue contra él en el TSJ de Canarias desde mayo de 2016 por haber conspirado contra su compañera de carrera Victoria Rosell, por entonces diputada de Podemos. El acuerdo de la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces contempla una suspensión cautelar del juez a la apertura de juicio oral (ya) y la expulsión definitiva de la carrera en caso de sentencia condenatoria firme, lo que se puede demorar varios años.

El acusado, para el que la Fiscalía pide una condena de 10 años de cárcel, se ha tomado con paciencia la tarea de poner la sentencia del caso Faycan. El juicio quedó visto para sentencia el pasado 13 de marzo, hace dos meses, y todavía no se ha reunido el tribunal para deliberar. Y eso que hubo 20 acusados que se conformaron con la pena que les ofreció el Ministerio Fiscal a cambio de convertirse en testigos de cargo, lo que el tribunal ejecutó sin dictar sentencia, algo que ya fue objeto de duda y discusiones entre las defensas.

Alba ha señalado al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, como responsable de las presiones que dice haber estado recibiendo para que se apresure con esta polémica sentencia. Una de las presiones que dice haber sufrido es la que se transformó en liberarlo la última semana de abril de las tareas de reparto (resolver los recursos que por reparto aleatorio debían caer en ese periodo en sus manos) para dedicarse en exclusiva a la sentencia de Faycán. Sostiene el magistrado que esa licencia le fue concedida de oficio, y no a petición propia, lo que en declaraciones a Canarias7 ha traducido como una presión.

Y, efectivamente, fue Emilio Moya el que tramitó esa descarga de trabajo para Salvador Alba temeroso de que, como parece que va a ocurrir, la sentencia no salga antes de su suspensión como juez. Moya es, además de presidente de la Audiencia Provincial, presidente de la Sección Sexta, de la que también forma parte Alba. “Es legal, es legal”, fueron sus únicas palabras a este periódico cuando un periodista le preguntó por la conveniencia de que designara a este polémico juez para presidir el caso Faycán y redactar su sentencia.

Todo apunta a que se cumplirán los peores presagios, que Alba no pondrá la sentencia, lo que abre un escenario con dos posibles soluciones: la primera es la repetición del juicio desde el momento anterior a que el fiscal acordara conformidades con una veintena de acusados, lo que coloca al Ministerio Público en una posición de desventaja por el conocimiento que las partes ya tienen de la estrategia empleada. Y la segunda, que los otros dos magistrados que formaron el tribunal sean los que pongan la sentencia en ausencia de Alba. Se trata de una solución extraordinaria que solo se ha dado en Canarias recientemente ante la muerte de un magistrado que ejercía como ponente. Carlos Vielba y Oscarina Naranjo tendrán que recibir las órdenes del TSJC, a propuesta de Emilio Moya, para resolver de ese modo el desaguisado que la decisión de poner a Alba ha terminado por provocar.