El director de Canarias Cultura en Red asegura que el caso de acoso laboral es “mentira” y confía en que se archive
El director ejecutivo de Canarias cultura en Red, José Luis Cudós, ha comparecido la mañana de este lunes ante el juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria para declarar en calidad de investigado por un presunto caso de acoso laboral, denunciado por dos extrabajadoras de la empresa pública.
Cudós estuvo algo más de una hora en la Sala, donde respondió a preguntas del juez y la Fiscalía, que representa a su vez a una de las denunciantes.
Según explicó a su salida del Juzgado, se enteró que había sido denunciado a través de la prensa y no tuvo constancia oficial de los delitos que le atribuían las antiguas trabajadoras hasta hace unos quince días.
El director de Canarias Cultura en Red dijo no tener nada que ocultar y aseguró que las acusaciones de acoso laboral son falsas. Al respecto, dijo que las mismas se produjeron cuando las empleadas dejaron de trabajaran en la empresa pública y que el delegado de los trabajadores no le trasladó ninguna queja antes de que se las despidiera. “Ni verbal ni por escrito”, apostilló.
Asimismo, afirmó que ni el juez ni la fiscalía le llegaron a preguntar por posibles casos de misoginia en la empresa pública. Casos achacados a la entidad por las denunciantes y que Cudós manifiesta que son “mentira”. Motivo por el que confía en que el juez decida archivar el caso por falta de pruebas y objeto.
Durante la mañana también estaba citada para prestar declaración en calidad de investigada la exconsejera de Cultura del Gobierno canario, Inés Rojas, como máxima responsable del área en el momento en que se denunciaron los hechos. Sin embargo, su comparecencia se pospuso debido a “cuestiones médicas”.
Rojas accedió al cargo un año después de que una de las afectadas fuera despedida. Sin embargo, esta última denunció que la exconsejera no llegó a recibirla, pese a haber contactado con ella para advertirle de lo que sucedía en la empresa.
Tanto Elena Miranda, como María Dolores Marrero, denunciantes del caso, acudieron al Ministerio Público al considerar vulnerados sus derechos a la igualdad. Ambas denunciaron a Cudós ante el fiscal por presunto odio y discriminación manifiesta hacia las mujeres y solicitaron que investigara el desequilibrio que obra en la empresa pública.
Marrero mantiene en el Juzgado de Instrucción número 7 un litigio contra la entidad por trato degradante y tráfico de influencias. El juez decidió archivar el caso en octubre de 2014, sin embargo, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial entendió que había argumentos jurídicos suficientes para estimar su recurso. En un auto fechado el 18 de mayo de 2015, los magistrados consideraron que los hechos acaecidos supuestamente cinco años antes no habían prescrito y “superan con mucho un simple conflicto laboral, pues están aderezados por presiones, movilidad en el trabajo injustificada, etc”.
Por lo tanto, ordenó al Juzgado continuar con las diligencias hasta que se esclareciera “si estamos o no ante un conflicto laboral, o ante un delito de acoso laboral”. Una instrucción que dio un nuevo giro con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por Miranda, quien al igual que Marrero aseguró que existen otras mujeres en la empresa que han pasado por situaciones semejantes y que han sufrido amenazas por parte de Cudós, pero que prefieren callar para no perder su empleo.
El Juzgado tiene previsto tomar declaración este martes a dos investigados más, entre los que se encuentra el delegado de los trabajadores.
