Una empresa insolvente que no puede hacer frente a sus obligaciones regulares de pago o una sociedad con una salud financiera envidiable, “un sueño” para los bancos. Son las dos imágenes diametralmente opuestas que han dibujado sobre Anfi los dos peritos que han comparecido este miércoles en la vista para dirimir si las mayores sociedades del grupo, principal operador en Europa del negocio turístico del timesharing o vacaciones a tiempo compartido, entran en concurso necesario de acreedores por las deudas contraídas tanto con la empresa que ha presentado la solicitud como con los clientes que han obtenido sentencias favorables por irregularidades en la comercialización de estos productos de multipropiedad o venta por semanas en complejos del sur de Gran Canaria.
La segunda y última sesión de la vista oral ha vuelto a poner de manifiesto la pugna entre los dos socios de Anfi. Por un lado, Santana Cazorla, que controla el 50% de las participaciones de la empresa y, además, tiene una posición preferente dentro del Consejo de Administración del grupo turístico, ya que en determinados asuntos de enjundia el voto de sus consejeros vale el doble. La oposición al concurso necesario de acreedores de Anfi Sales y Anfi Resorts y la representación letrada de estas sociedades en este procedimiento fueron decididas por el presidente, Manuel Santana Cazorla. En el lado contrario se sitúa el grupo Lopesan, que a través de la cadena IFA posee el otro 50% de las participaciones de la empresa fundada en los años 80 por el empresario noruego Bjorn Lyng. Isla Marina, la empresa que insta el concurso de acreedores, es una de sus filiales y ha tenido el apoyo, en calidad de coadyuvante, de Anfi International BV, adquirida en 2016 a los herederos de Lyng.
El primer perito en declarar ha sido Enrique Faura, economista y auditor que, según ha explicado, desde hace doce años ha intervenido como administrador en cientos de procedimientos concursales. Su informe fue encargado por Isla Marina, la acreedora que solicita el concurso necesario de Anfi Sales y Anfi Resorts por una deuda de alrededor de 30 millones de euros generada por el impago de las últimas cuotas de un préstamo sindicado. Faura sostiene que esas sociedades dedicadas al timesharing ya eran insolventes a principios de 2020, cuando se presentó la petición, y lo siguen siendo. “Nadie le va a dar crédito” en su situación actual, ha señalado Faura, que ha recordado que a finales de 2019, antes incluso de un último impago de 23 millones, se planteó a tres entidades (BBVA, Banco Santander y Banco Sabadell) refinanciar el préstamo y que todas declinaron.
El perito ha explicado que a esa deuda de 30 millones con Isla Marina se le suman las correspondientes a las condenas judiciales por timesharing, unos 40 millones pendientes de pago. Faura ha señalado que la actividad de todo el grupo genera 1,7 millones al año, un flujo “insuficiente” para garantizar la devolución de las cantidades adeudadas. Con esas cifras, Anfi tardaría “más de 50 años” en saldarlas, ha afirmado el auditor, que ha agregado que con estos datos en la mano ningún banco se aviene a refinanciar la deuda.
A principios de 2020, la empresa reconocía un déficit de unos 53 millones, una cifra en la que incluía como pasivo (deudas u obligaciones) tanto el impago de las cuotas del préstamo de tipo bullet (con una elevada cuota final, del 25% del capital) como las cantidades que debía satisfacer en virtud de las sentencias recaídas en su contra. En su declaración del martes, el director corporativo de Anfi, José Luis Trujillo, afirmó que la empresa disponía a fecha actual de un remanente de 20 millones de tesorería, lo que consideraba suficiente para pagar dos de las tres cuotas vencidas del crédito, que suman unos seis millones, pero no la última, el vencimiento, que asciende a 23 millones. Esa diferencia, de los 53 millones en negativo a los 20 en positivo, se debe a que en el último ejercicio la empresa ha decidido excluir del cálculo del pasivo tanto el importe de las condenas como esa cantidad final del bullet.
Los representantes de Anfi Sales y Anfi Resorts en este proceso defienden que el grupo dispone de un activo inmobiliario suficiente para hacer frente a todas sus deudas y que su valor supera en más de un 400% las cantidades que debe satisfacer para saldarlas. Para Faura, la empresa confunde la solvencia con el patrimonio. El perito recordó el caso de varias promotoras inmobiliarias que, después de que estallara la burbuja de la construcción, acumulaban un ingente patrimonio y que, sin embargo, eran insolventes, puesto que no tenían liquidez para atender sus obligaciones, por lo que entraban en concurso de acreedores. El también auditor ha apuntado que por liquidez entiende “todo lo que está en caja y en los bancos” o lo que se puede convertir en un corto plazo de tiempo.
Con respecto a las deudas por sentencias judiciales desfavorables en timesharing, Anfi sostiene que los pagos están garantizados por los bienes inmobiliarios designados en los tribunales para su embargo. Sin embargo, Faura ha precisado que esos bienes “no se convierten en líquido” de manera inmediata y son “difíciles de realizar”. Mientras tanto, esas cantidades “se siguen debiendo y devengando intereses”, por lo que, al igual que las cifras pendientes del préstamo sindicado, deben seguir figurando como pasivo en las cuentas.
El economista ha recordado que ya en julio de 2019 los auditores de la empresa emitieron una señal de alarma al advertir de que la sociedad podría quedarse sin capacidad de generar un flujo de caja suficiente para garantizar la devolución del préstamo que ha dado origen a este procedimiento. Desde entonces, “la situación ha empeorado”, ha dicho Faura, que ha incidido en que si los bienes “no son realizables”, no se pueden convertir en flujo de caja de manera inmediata, la empresa sigue estando en una situación de insolvencia.
Los despachos de abogados que representan a clientes afectados también han advertido de la imposibilidad de que sus representados cobren por esta vía, debido a que las cantidades reclamadas son muy inferiores al valor de los inmuebles y estos no se pueden partir, y de que una parte importante de las propiedades designadas tienen cargas hipotecarias.
A juicio de Faura, los deudores, Anfi Sales y Anfi Resorts, debieron ser “lo suficientemente responsables” como para pedir el concurso voluntario ante la situación económica de las sociedades, tal y como solicitaba uno de los socios del grupo, la cadena IFA. Cuestionado por el hecho de que el grupo esté asumiendo con regularidad las obligaciones corrientes (los pagos a Hacienda -algunos aplazados-, la Seguridad Social, a los proveedores o las nóminas), el auditor ha remarcado que precisamente lo puede hacer porque ha dejado de afrontar deudas vencidas por un importe total de 70 millones.
“Un sueño para los bancos”
Faura elaboró su informe en contestación al presentado por José Manuel Arias, auditor y profesor de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULGPC), a petición del Grupo Anfi. Esa primera pericial dibujaba un escenario radicalmente distinto, el de una empresa con una salud financiera “envidiable”. Basaba esa afirmación en dos ideas. La primera, que no tiene deudas con entidades financieras y que eso la convierte en “un sueño” para los bancos que buscan clientes solventes para concederles créditos. La segunda, que dispone de un patrimonio inmobiliario que ofrece garantías de cobro más que suficientes a los acreedores.
Con respecto a la primera aseveración, hay que recordar que la deuda que da origen a este procedimiento procede de un préstamo sindicado (entre varias bancos) que se firmó en 2006 por un importe de 95 millones de euros para diferentes fines (saldar obligaciones anteriores, promover nuevas actuaciones de proyectos turísticos, obtener liquidez para el circulante...) Sin embargo, los bancos dejaron de ser acreedores de ese préstamo una década después al adquirir Isla Marina los derechos de ese crédito. El impago de las dos últimas cuotas y del vencimiento generaron la deuda de 30 millones que ahora se reclama.
En relación con el patrimonio inmobiliario, la posición de Arias también difiere de la del perito propuesto por Isla Marina. En su comparecencia de este miércoles, el profesor de la ULPGC sostuvo que los activos de Anfi son atractivos para los inversores e incluso llegó a afirmar que “en medio mes se venden sin problema”. Cuestionado por los abogados de Isla Marina y Anfi International VB sobre la existencia de alguna oferta en firme por alguna de estas propiedades, contestó que “cualquier operador estaría encantado de una parcela al lado del mar” y que son fincas que llevan inactivas desde 2006 por la moratoria turística. “Están generando gasto, pero tienen un valor de mercado importante”, ha señalado.
Arias también ha explicado que la crisis sanitaria producida por la COVID-19 no ha tenido la misma repercusión en el timesharing que en el negocio turístico al uso. Y es que los clientes de tiempo compartido compran el derecho de uso de los apartamentos por semanas y pagan una cuota de mantenimiento anual. Cuota que durante la pandemia no han dejado de abonar a pesar de que los establecimientos permanecían cerrados por las medidas impuestas por las autoridades sanitarias. Ello implica que el grupo sigue ingresando “cantidades ingentes de dinero” y “no gasta”, por lo que el beneficio aumenta.
Para el economista de la ULPGC, la resolución de los procedimientos de ejecución judicial por irregularidades en timesharing puede suponer para la empresa, paradójicamente, “un gran negocio”. Sostiene Arias que cuando se anulan los contratos por sentencia y se consignan las cantidades, los derechos de uso por semanas también se liberan y se pueden volver a comercializar a un nuevo precio, por lo que “sigue dando ingresos de tesorería”. “Recuperar las semanas para Anfi es un gran negocio”, ha afirmado el auditor. Una afirmación que choca con la actitud que, según han manifestado los despachos de abogados de los clientes, ha mostrado la sociedad a lo largo de los procedimientos, “obstaculizando o dilatando” los pagos hasta el punto de que ha dado origen a un procedimiento penal que se sustancia en un juzgado de San Bartolomé de Tirajana por los presuntos delitos de frustración de la ejecución, alzamiento de bienes e insolvencia punible.
Arias ha asegurado además tener constancia de que las entidades financieras “están por la labor” de conceder créditos y refinanciar deuda al Grupo Anfi y que la empresa tiene capacidad para obtener préstamos de hasta 100 millones de euros y de devolver los 25 millones del bullet en seis años. “¿Cómo explica entonces que esos bancos vendieran sus créditos a un tercero?”, le preguntó el abogado de Anfi International BV. “Porque estamos aquí (en los juzgados). Si no, los bancos estarían dispuestos a financiar”, ha contestado.
Conclusiones
En el trámite de conclusiones, se volvieron a evidenciar las discrepancias entre los socios. El bloque vinculado al Grupo Lopesan reprochó a Santana Cazorla haberse arrogado “a las bravas” la representación de Anfi Sales y Anfi Resorts “suplantando la voluntad de un órgano colegiado”, el Consejo de Administración. “Ni siquiera quisieron que la decisión de oponerse o no (a la solicitud de concurso necesario de acreedores) se incluyera en el orden del día”.
Además, han recordado que el 50% de las acciones del grupo pertenecen a la cadena IFA, que tiene “órganos de control y vigilancia independientes”, por lo que ha rechazado la acusación de que sea su socio mayoritario, Eustasio López, dueño de Lopesan, quien “esté manejando los hilos”. “Si así fuera, ¿por qué no se presenta concurso voluntario o por qué no se ha allanado la compañía al concurso necesario?”, ha cuestionado el letrado de Isla Marina, que ha recordado que López no está en el Consejo de Administración de Anfi y que quien tiene una posición preferente dentro de la junta es, precisamente, el bloque de Santana Cazorla, gracias a la denominada acción de oro.
Por su parte, los representantes de Anfi Sales y Anfi Resorts en este procedimiento, designados por Santana Cazorla, han insistido en la tesis de que el objetivo de su socio con la petición de concurso de acreedores es hacerse con el control total del grupo.
También el despacho de abogados Canarian Legal Alliance (CLA), que representa a cientos de afectados por las irregularidades en los contratos de Anfi, ha querido aclarar, a raíz de las manifestaciones vertidas en la jornada de este martes por el director corporativo de la empresa turística sobre una “carta de intenciones” para intentar reducir el importe de las condenas judiciales, que no hay ningún acuerdo firmado y que se han limitado a “escuchar” la propuesta planteada por la otra parte. Este bufete añade que siempre ha estado abierto a “buscar soluciones que permitiesen la supervivencia de la empresa” y que si hasta la fecha no lo ha habido ha sido por la “obstinación” de Anfi a la hora de litigar, “negándose a aceptar” la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia.