El exalcalde Silverio Matos será juzgado la próxima semana por las presuntas ilegalidades en el parque eólico de Santa Lucía
La Audiencia de Las Palmas juzgará la próxima semana el caso Palmera, en el que están implicados el exalcalde de Santa Lucía de Tirajana Silverio Matos y otros tres acusados por las presuntas ilegalidades cometidas en 2005 en relación al parque eólico proyectado por el Ayuntamiento.
El Ministerio Público solo acusa a dos de los procesados, Matos y el concejal de Urbanismo Antonio Miguel Ruiz, ambos de NC, por aprobar en la junta local, en sesión extraordinaria y urgente el 11 de enero de 2005, sin que conste que tuvieran conocimiento de la ilegalidad los demás miembros de ese órgano de gobierno, el convenio con la empresa Machacadora Domínguez, representada por Agustín Domínguez.
En virtud de ese acuerdo, que según el fiscal se tramitó de manera ilegal, el Ayuntamiento cedía el 9% de la futura sociedad pública que iba a gestionar el parque eólico a cambio de una parcela de la citada empresa, denominada Doctoral 13, ubicada en el municipio.
El fiscal sostiene que no se ha justificado la necesidad de ese convenio ni tampoco que solo pudiera firmarse con una empresa concreta, lo que perjudicó no solo al Consistorio al ceder esa participación social de forma “inútil” o por mayor valor del necesario, sino al resto de ciudadanos con terrenos en la zona que podrían haber concurrido en la operación con ofertas más competitivas y resultar adjudicatarios.
El valor de la finca, según el Registro de la Propiedad, es de 120.202,42 euros, mientras que la entidad Machacadora Domínguez iba a recibir a lo largo de la vida del parque eólico 3,5 millones de euros, según la valoración pericial realizada durante la instrucción.
El fiscal considera que no se ha acreditado la participación en estos hechos de los empresarios Antonio M.S. y José Luis A.S., contra los que sí ejerce acusación la acción popular promovida por Rufino Pérez Ramírez, el exconcejal y exdirigente del Centro Ansite.
El Ministerio Público pide para Matos y Antonio Miguel Ruiz una condena de ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargo públicos por un delito de prevaricación.
