CASO ALBA

El exjuez Alba recusa al presidente del TSJC por contestar una pregunta de un diputado de Sí Podemos en el Parlamento

Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial, ha recusado a Juan Luis Lorenzo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y de la Sala encargada de la ejecución de su condena, por haber contestado en una comisión del Parlamento regional a una pregunta formulada por un diputado del grupo parlamentario Sí Podemos sobre las razones por las que el exjuez aún no ha ingresado en prisión. El abogado de Alba, Nicolás González-Cuéllar, ha remitido un escrito a la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJC en el que solicita apartar a su presidente de esta causa al entender que su imparcialidad ha quedado en entredicho, “como mínimo en apariencia”, después de que el pasado 1 de junio diera explicaciones en un foro distinto al judicial “a un partido político personado en la causa” como acusación popular. 

Francisco Déniz, el diputado que realizó esa pregunta al presidente del TSJC en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Económico, Justicia y Seguridad de la Cámara regional, es portavoz del grupo parlamentario Sí Podemos, que tiene personalidad jurídica propia y que está formado por miembros de los partidos Podemos y Sí Se Puede. De hecho, Déniz pertenece al segundo. No milita en Podemos, la formación que está personada en la causa contra Alba. 

En esa comparecencia en sede parlamentaria, que tenía por objeto la presentación de la memoria judicial de 2021, Déniz inquirió al presidente del TSJC sobre los motivos por los que, seis meses después de ser condenado en firme, Alba aún seguía en libertad y expresó su preocupación por la percepción instalada en parte de la sociedad de que la justicia no es igual para todos. En su respuesta, Lorenzo defendió la “pulcritud” y el “absoluto respeto a las normas procesales” en este procedimiento de ejecución, negó haber dispensado un trato diferenciado o privilegiado a este caso con respecto a los otros que se tramitan en la misma Sala y reconoció que la resolución judicial no está “completamente ejecutada”, puesto que falta por resolver la vertiente penal, esto es, el ingreso del condenado en un centro penitenciario. “Tenga la completa seguridad de que la Sala que yo presido está dando cumplimiento estricta y puntualmente a todos y cada uno de los trámites legales”, sostuvo. 

Para González-Cuéllar, en esa comisión parlamentaria se produjo una “quiebra de la separación de poderes”, al “dilucidar extremos de un asunto jurisdiccional en sede parlamentaria y no en sede judicial”. El abogado de Alba, que también lo ha sido del exministro del PP José Manuel Soria (autor de la querella -finalmente archivada- que el Tribunal Supremo admitió contra Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, gracias a los informes falsos del exjuez), sostiene en su último escrito que el presidente del TSJC fue sometido en el Parlamento a “una presión inusual por un partido político personado en este procedimiento como acusación personal”. Una presión que perseguía, a su juicio, apremiar al tribunal para ingresar a Alba en la cárcel “sin más trámite”. 

Esas explicaciones en el Parlamento afectan, según la defensa de Alba, a la “vertiente objetiva” de la imparcialidad del presidente del TSJC. González-Cuéllar interpreta las palabras de Lorenzo en esa comisión como “una justificación o disculpa” sobre el hecho de que el exjuez no esté aún en prisión y como una “toma de postura”. Para González-Cuéllar, es “evidente” que el magistrado recusado “ya se ha formado una opinión” con respecto a la petición para suspender el ingreso en la cárcel de Alba por “grave enfermedad”. La posición manifestada ante el Parlamento y la opinión pública “permite intuir cuál será su resolución”, añade

El escrito de recusación alude, además, al texto difundido a través de WhatsApp por el gabinete de prensa del TSJC dos días después, la mañana del 3 de junio, informando del contenido del informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife que concluye que las enfermedades que padece Salvador Alba no son incompatibles con su ingreso en un centro penitenciario. La defensa del condenado juez habla de una “filtración” del alto tribunal canario a los medios sobre datos que, entiende, forman parte de la “estricta intimidad” de Alba. “No consta consentimiento alguno (...) para que se haga público ningún aspecto relativo a su salud, ni siquiera las apreciaciones que haga un médico forense que no lo ha reconocido”, señala. En ese comunicado, el TSJC se limitaba a informar del resultado de esa pericial, encargada por el tribunal para determinar si concurrían las causas que alegaba Alba para evitar ingresar en prisión, sin detallar cuáles son sus patologías.

Esa comunicación también se interpreta por parte de la defensa como una “justificación o respuesta” a la petición formulada dos días antes en el Parlamento por el representante del grupo parlamentario Sí Podemos. En el escrito remitido al TSJC, el abogado de Alba llama la atención sobre el hecho de que, “casualmente”, ese dictamen apareciera un día después de esa comparecencia parlamentaria. El informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife está fechado el 26 de mayo. Es decir, seis días antes de que Juan Luis Lorenzo acudiera a la Cámara regional a presentar la memoria anual. 

Esta última actuación contra el presidente del TSJC se une a la retahíla de incidentes de recusación que Alba ha presentado desde que se abrieron diligencias en su contra por las maniobras que orquestó contra su antecesora en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, cuando la magistrada pidió la excedencia para concurrir a las elecciones generales de 2015 en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas. 

Alba presentó escritos de recusación contra Margarita Varona, la instructora de la causa en su contra en el TSJC; contra Carla Bellini, encargada de tramitar la querella -finalmente inadmitida- que el ya exjuez presentó contra Victoria Rosell y la también magistrada Carla Vallejo (en la actualidad, viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias); contra el promotor de la acción disciplinaria en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o contra Julio Wood, uno de los miembros del tribunal que lo juzgó en la Sala de lo Civil y lo Penal. 

Desde que se conociera el contenido de la grabación que lo incriminaba en la operación orquestada contra Victoria Rosell, Alba se ha enfrentado, además, a otros magistrados. Grabó a sus entonces compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el despacho mientras departían sobre diversos temas. A uno de ellos, Carlos Vielba, padrino de su hija, llegó a denunciarlo. También grabó al entonces presidente del TSJC, Antonio Doreste, en el garaje de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. 

En la fase de ejecución de sentencia, Alba también recusó, en esta ocasión con éxito, a las médicas del Instituto de Medicina Legal y Forense de Las Palmas que elaboraron los dos primeros informes que concluían que las enfermedades que alegaba para suspender su entrada en un centro penitenciario no eran graves ni incurables y se podían tratar en prisión.