El exjuez corrupto Salvador Alba vuelve a pedir su indulto al Gobierno sin mostrar arrepentimiento

El exjuez corrupto Salvador Alba Mesa ha vuelto a pedir al Gobierno su indulto por los tres delitos (prevaricación judicial, falsedad documental y cohecho) por los que cumple seis años y medio de prisión en la cárcel de Estremera (Madrid). Si la primera petición fue cursada por su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo, en esta ocasión han sido sus padres los que han activado el procedimiento para obtener esta gracia prevista en el ordenamiento jurídico español. Esta segunda petición comenzó su tramitación pocos días después de que el Gobierno rechazara la primera, en noviembre pasado, según el expediente que se tramita en estos momentos en el Ministerio de Justicia.

Tampoco en esta ocasión consta en ese expediente el menor arrepentimiento del reo. En el preceptivo informe de conducta tramitado por Instituciones Penitenciarias no se hace constar esta circunstancia, expresamente solicitada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que lo condenó en septiembre de 2019. Sí se certifica, sin embargo, que Alba se comporta adecuadamente en la prisión de Estremera, dotada con módulo para este tipo de presos, y en ella trabaja como auxiliar de limpieza del comedor. Como ocurriera en el informe policial emitido en 2022 con motivo de la tramitación del primer indulto, el exjuez asegura que está cursando el grado de Psicología, actualmente en el último curso, además de participar en un taller de judo, el deporte que practicaba anteriormente con asiduidad. 

Desde prisión no se ha certificado al Ministerio de Justicia ninguna constancia de arrepentimiento por parte del penado. Del mismo modo que tampoco se ha transmitido que las enfermedades que durante once meses alegó para evitar entrar en la cárcel le impidan realizar cualquiera de las actividades cotidianas o deportivas que se ofrecen en ese establecimiento. 

A pesar de haber aportado varios informes en los que se hacía constar que sus padecimientos desaconsejaban viajar en avión, Salvador Alba fue trasladado a finales de octubre desde la prisión de El Salto del Negro a la de Estremera mediante transporte aéreo, primero desde Gran Canaria a Tenerife, y desde esta isla a Jerez de la Frontera en un vuelo mediante avión de hélices fletado para el traslado de reclusos. Esa noche la pasó en la prisión de Puerto de Santa María (Cádiz III), para ser trasladado al día siguiente en furgón de la Guardia Civil hasta Madrid VI (Estremera). A Instituciones Penitenciarias no le consta ningún tipo de percance de salud durante esos traslados del exjuez corrupto.

Al llegar a Madrid, a Alba le fue asignado como preso de confianza un agente del Cuerpo Nacional de Policía que lo conocía por haber ejercido su profesión en Gran Canaria. 

Los padres de Salvador Alba han hecho constar en su escrito de solicitud de indulto ante el Rey que desconocen los motivos por los que fue condenado, aunque veladamente acusan a la víctima de los delitos de su hijo, la magistrada en excedencia Victoria Rosell, de la que dicen que milita en Podemos, de haberlo denunciado y acusado falsamente. En realidad, la investigación contra el exjuez corrupto se inició de oficio al conocerse una conversación en la que maquinaba una operación delictiva contra la actual delegada contra la Violencia de Género, que no es militante de Podemos. 

Ante la ministra de Justicia, los padres de Alba se han quejado de que su hijo cumpla condena en la cárcel de Estremera “como si fuera un asesino”, lo que provoca en la familia la desmoralización y la sorpresa.

A pesar de haber solicitado su traslado a la cárcel de Sevilla I por encontrarse cerca de la residencia de parte de la familia de su esposa, Alba lleva ya seis meses en la de Madrid. Aún se desconoce si se accederá a esa petición. 

Alba fue condenado por manipular un procedimiento penal con el objetivo de dañar la reputación de la magistrada a la que sustituyó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, cuando la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género decidió presentarse a las elecciones como independiente en las listas de Podemos en 2015. Además de la pena de cárcel, la sentencia impuso a Alba 18 años de inhabilitación, el pago de una multa de 12.150 euros y la obligación de indemnizar a la víctima con 60.000 euros.