La causa penal contra Salvador Alba se sustancia sobre la pista de audio REC 004, encontrada en la papelera del dispositivo con el que Miguel Ángel Ramírez grabó la conversación que mantuvo con el juez en su despacho de la Audiencia Provincial de Las Palmas el 16 de marzo de 2016, y no sobre los dos fragmentos (REC 001 y REC 002) que el empresario entregó en los juzgados en mayo del mismo año. Así lo ha recordado, en declaraciones a este periódico, el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, a propósito del informe del fiscal José Antonio Díez, adscrito al Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que concluye que los archivos proporcionados por Ramírez suprimían partes de la conversación y, por tanto, habían sido alterados.
Esta presunta manipulación de la grabación es la tesis a la que se agarra Alba en su estrategia de defensa en un procedimiento en el que se le acusa de cinco delitos (prevaricación, cohecho, falsedad en documento oficial, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos). Sin embargo, Garrido, que pide para el juez diez años de cárcel y 29 de inhabilitación, sigue dando por bueno el audio “que ha sido objeto” de la pericia de la Guardia Civil, el REC 004, que contiene la conversación íntegra que mantuvieron Alba y Ramírez en el despacho del primero con el objetivo de fabricar una declaración que sirviese para favorecer la querella que el exministro José Manuel Soria había interpuesto contra Victoria Rosell y para que el empresario lograse el archivo de una causa por delito fiscal sobre la base de un supuesto incumplimiento del deber de abstención de la jueza.
Ese archivo fue localizado en la papelera del dispositivo de grabación empleado por Ramírez para registrar la conversación. Según manifestó en su declaración ante Margarita Varona, la magistrada instructora de la causa contra Alba, el empresario entregó esos dos fragmentos recortados con el único fin de proteger a terceras personas a las que se aludía en otras partes de la conversación y que, en su opinión, eran ajenas al objeto de la investigación. Ramírez manifestó que dejó la pista entera, la REC 004, en la papelera del dispositivo de forma voluntaria.
Vicente Garrido ha señalado a Canarias Ahora que tiene constancia por la prensa (fue difundido por Canarias 7 y Confilegal) del informe remitido por el fiscal del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria en el marco de una causa paralela, la que se abrió a raíz de una denuncia de Alba contra Ramírez por la difusión de esas grabaciones. Sin embargo, asegura desconocer sus términos exactos, por lo que entiende que no puede valorar su vinculación o posible implicación en la causa principal contra el magistrado. “Es un tema a analizar. No sé el sentido del informe y tampoco sé qué resolución adoptará la Audiencia Provincial (se trata de un recurso de apelación presentado por Alba al que se adhiere el Ministerio Público)”. En cualquier caso, afirma que ese escrito es “intrascendente en sí mismo”, al menos hasta que se pronuncie el tribunal provincial.
Más allá del destino de esa causa paralela, que fue archivada y ahora se puede reabrir como consecuencia del informe del fiscal, Garrido remarca que “lo que se ha analizado en la causa 10/2016 (contra Salvador Alba) y el objeto de la pericia es el hallazgo que se encontró en la REC 004”. “Tenemos el informe que presentaron los peritos oficiales, de la Guardia Civil, y la información del perito que presentó el acusado y que la Sala (del Tribunal Superior de Justicia de Canarias) valorará en ese punto en concreto. El fiscal ya emitió su dictamen presentando el escrito de acusación”, ha manifestado el fiscal superior de Canarias, dando a entender que la grabación íntegra de la conversación, de la que reproduce algunos pasajes en su escrito de calificación, sigue teniendo plena validez. Garrido no ha querido profundizar más sobre este particular porque, al ser el fiscal de ese procedimiento, entiende que no debe hacer “ninguna manifestación o valoración” al respecto.
Tampoco ha querido pronunciarse sobre las manifestaciones vertidas por Salvador Alba en relación con el origen de las diligencias preprocesales abiertas contra la magistrada Victoria Rosell en la Fiscalía Provincial de Las Palmas a finales de 2015. En la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado contra Antonio Doreste, presidente del TSJC, el juez confesó que fue él quien remitió al Ministerio Público una copia del contrato de prestación de servicios suscrito entre la productora de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de fútbol presidido por Miguel Ángel Ramírez, y Clan de Medios, la empresa periodística de Carlos Sosa, pareja de Rosell.
Esa copia, que tenía una fecha errónea (el 26 de octubre, en vez del 28 de octubre, la fecha de la formalización), sólo obraba en poder del exministro Soria, que había pedido explicaciones a la UD Las Palmas cuando conoció la operación. El entonces fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco (ahora en la Fiscalía General del Estado) y la fiscal Evangelina Ríos siempre sostuvieron que ese contrato, que dio origen a una investigación anulada por la Justicia por vulnerar derechos de la jueza Rosell, lo recibieron en un sobre anónimo, lo que contradice la versión de Alba.
“Tengo constancia de lo que ha dicho Salvador Alba. Todo está en las previas 10/2016 y todo ha sido objeto de análisis y valoración por las partes, incluido el Ministerio Fiscal. ¿Cuál es mi valoración? Déjeme que yo me reserve para el juicio. En este procedimiento, doña Evangelina Ríos dijo de forma clara y precisa que recibió un sobre anónimo. Entonces, ¿qué quiere?, ¿que haga yo otra valoración? No tengo conocimiento de nada que no esté en el pleito”, ha zanjado Garrido.