La Fiscalía denuncia al exalcalde de San Bartolomé de Tirajana por permitir una caballeriza ilegal en El Salobre
Una cuadra para caballos trae por la calle de la amargura a unos vecinos de El Salobre, en San Bartolomé de Tirajana, y ha llevado a la Fiscalía a denunciar al anterior alcalde, Marco Aurelio Pérez (AV-PP), por permitir su construcción. El ahora líder del grupo del PP en el Cabildo de Gran Canaria se enfrenta a un posible delito de prevaricación, en un caso que ha recaído en el Juzgado de Instrucción 3 de los del sur de la isla.
Dos vecinos de El Salobre presentaron el pasado 5 de abril ante el Ministerio Público una denuncia contra Pérez y contra Jerónimo Martel Quintana, ex concejal de Sanidad y Salud Pública en el Consistorio, por, supuestamente, incumplir la ordenanza municipal que regula la tenencia, guarda y protección de animales dentro de la zona urbana.
En septiembre de 2017 una mujer compró un terreno en la calle Isla Santo Domingo del pago tirajanero y construyó una caballeriza que, al menos, alberga dos caballos. Los vecinos de la finca colindante denunciaron en el ayuntamiento que la cuadra está a menos de 350 metros de núcleos de vivienda, lo que incumple la normativa municipal. Hay “excrementos dispersos por todo el terreno”, “presencia de moscas” o “ruidos importantes que condicionan el descanso”, con el trotar de los animales, indican los denunciantes.
En concreto, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana recoge en su ordenanza la prohibición de poseer animales en zona urbana para explotación, impidiendo mantenerlos en domicilios particulares, ya sean terrazas, azoteas, desvanes, garajes, sótanos, trasteros, bodegas o patios.
Los denunciantes sostienen que la administración municipal ha tenido conocimiento de esta situación a través de diversos informes de la Policía Local, la Guardia Civil, el Diputado del Común. Incluso un técnico del consistorio reconoció, en julio de 2019, que la caballeriza generaba “molestias a los vecinos colindantes” y proponía “la limpieza inmediata de los excrementos, la desinfección, desinsectación y desratización, así como la retirada de los animales”.
A pesar de estos informes, desde el ayuntamiento nada se ha hecho para paliar esta situación, por lo que los vecinos afectados tachan la actitud, tanto del exalcalde como del exconcejal de Sanidad, de “impropia e inadecuada” y, además, “puede ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación omisiva o activa” que haya “favorecido la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de industrias o actividades contaminantes”.
Desde el municipio se limitaron a incoar un expediente de disciplina urbanística, según los denunciantes, que ordenaba a la titular de la finca a limpiarla, quien, además, reconoció carecer de licencia municipal, pues desconocía que debía adquirirla. A pesar de que técnicos del Ayuntamiento aconsejaron que la tramitase y que mantuviese a los animales a una distancia mínima de 350 metros con respecto a núcleos urbanos, no consta que se haya iniciado un expediente para obligar a la propietaria a cumplir estos requisitos.
Los denunciantes decidieron acudir a la justicia ante la inacción del Consistorio. Uno de los vecinos afectados declara que la situación le perjudica especialmente a su hijo, que padece cáncer y un informe médico le recomienda “evitar el contacto con ambientes insalubres”. Marco Aurelio Pérez se ha limitado a comentar a este periódico que aún no ha “visto el asunto”.
