El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará esta semana declaración como imputados a ocho funcionarios de Sevilla y Canarias y administradores de empresas relacionados con la empresa Fitonovo, investigada en el caso Madeja por el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.
De la Mata, que asumió en septiembre esta causa, que comenzó a instruir la juez de Sevilla Mercedes Alaya y que acumula 96 imputados, tomará las declaraciones entre el miércoles 11 y el jueves 12.
Para el día 11, está citado Javier Isidoro Gómez Garcimartín, funcionario del Ayuntamiento de Sevilla que, según el juez, estuvo vinculado directamente con contratos administrativos sobre los que existen sospechas de irregularidades en su adjudicación, como un “macrocontrato” para la conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado.
Tras él declarará José Ulises Pérez González, ingeniero del Cabildo de Las Palmas que habría recibido de Fitonovo 10.381 euros en dádivas por facilitar la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos a la empresa, según relataba De la Mata en el auto de septiembre en el que aceptó la competencia de este caso.
Para ese mismo día también están citados José María Maya Cáceres, exjefe de Carreteras del Gobierno de Canarias al que supuestamente Fitonovo pagó 57.024 euros entre 2003 y 2011 “por su actuación en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos” para dicha empresa.
También declararán ese día los empresarios Rubens Coba Falcón, gerente en Canarias de la empresa API Movilidad, adjudicataria de distintos contratos públicos supuestamente irregulares, y Gustavo Adolfo Jiménez, representante en Canarias de Elsamex, empresa que subcontrató a Fitonovo en varias adjudicaciones del Cabildo de las Palmas.
Al día siguiente cerrarán esta ronda de declaraciones otros tres empresarios: Francisco Javier Amieva, administrador de Klevin, una empresa que se dedica al control de plagas urbanas y que “simuló realizar distintos trabajos de acondicionamiento de suelos, aseos y pintura” para la sede del PSOE de la calle Monederos de Sevilla.
Los otros dos son: Juan Francisco Naranjo, administrador de suministros agrícolas Narajo que hizo facturas falsas o infladas para nutrir la caja b de Fitonovo, y Fernanco Rodríguez Blanco, administrador de la entidad Reyes y Donlas S. y que supuestamente también falseó facturas.
En el mismo auto, el juez reclama un informe a la Agencia Tributaria “sobre las consecuencias tributarias de los hechos cometidos a través de la mercantil Fitonovo”, fundamentalmente lo que se refiere a la deducción de facturas falsas “y la llevanza de doble contabilidad para encubrir el pago de comisiones” durante los ejercicios 2000 al 2013.
Hace también un requerimiento similar a la Tesorería General de la Seguridad Social sobre las actuaciones de Fitonovo en relación “a los pagos no declarados a sus trabajadores en el marco de la doble contabilidad” durante los citados ejercicios.
Se dirige además al Ayuntamiento de Sevilla para que remita los contratos adjudicados a Fitonovo y Fiverde y su importe, “con expresión de las partidas presupuestarias con que se sufragó cada contrato”, así como los porcentajes que representaban esas adjudicaciones sobre el volumen de contratación total de cada delegación del Ayuntamiento.
El juez reclama asimismo al Parque Periurbano de la Corchuela (Dos Hermanas) documentación que acredite el objeto e importe del contrato de conservación
También requiere a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que “a la mayor brevedad” elabore informes individualizados que determinen la intervención que ha tenido cada funcionario o autoridad pública investigada en los procedimientos de contratación pública que los vincula con Fitonovo.
En el caso Madeja se investigan comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos, que habrían causado perjuicios a instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, y también al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif.