El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a cinco personas en Canarias en la instrucción del caso Fitonovo, dividida en una pieza principal en la que se encuentra entre los 45 investigados el apoderado de la empresa en las Islas, Adolfo José de la Torre García, y en una pieza separada sobre “Administraciones autonómicas e insulares” en la que están los otros cuatro imputados: el exconsejero del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín, el funcionario en excedencia del Cabildo de Gran Canaria Ulises Pérez, y los comerciales Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez.
Además, en el auto se nombra al exjefe de Carreteras del Gobierno de Canarias José María Maya Cáceres, ya fallecido, por haber recibido 53.000 euros en efectivo y el pago de la mudanza de su hija por parte de De la Torre como contraprestación por su actuación en la adjudicación y ejecución de contratos públicos a favor de la empresa entre 2003 y 2011.
De la Torre García, según el juez De la Mata, era el responsable de Fitonovo en Canarias y el encargado de “todas las contrataciones corruptas” con las que la empresa se hizo en las Islas, es decir, las que tuvieron que ver con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Cabildo de Gran Canaria. Según recalca De la Mata, Fitonovo creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, “habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”. Los distintos delitos que aprecia el magistrado a los diferentes procesados en la trama son los de organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude de las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales.
Según recoge el auto, De la Torre habría pagado al por entonces consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín (Coalición Canaria) determinadas dádivas, denominado internamente en la empresa como “impuesto revolucionario”, por su condición de autoridad responsable del departamento donde se producía la adjudicación y dirección de la implementación de contratos que tenía adjudicados Fitonovo. La facturación de la empresa con la Corporación conejera ascendió entre los años 2004 y 2006 a cerca de 700.000 euros. A cambio de estos contratos el consejero Machín recibió 24.000 euros en dos comisiones en metálico, una en 2004 por importe de 6.000 euros, y la otra en 2005 por importe de 18.000 euros.
Mientras, el funcionario en excedencia del Cabildo de Gran Canaria Ulises Pérez era el Coordinador de Obras Públicas en la isla cuando Miguel Jorge Blanco dirigía la Consejería durante el mandato de José Manuel Soria. Según consta en el auto, Pérez habría facilitado la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos en la Corporación insular por valor de 150.000 euros. El primer pago que recibió Pérez de De la Torre tuvo lugar en marzo de 2005 por 5.058 euros a cambio de otorgar la reparación de un muro en la GC-851, un trabajo que la empresa nunca hizo porque el muro ya se había arreglado cuando se adjudicó la obra. El otro pago, de 5.322,90 euros, fue realizado en noviembre de 2005 y correspondía a la parte de Fitonovo de un viaje de despedida de soltero del exfuncionario a Marbella y que también fue sufragado por otras dos empresas, Api y Elsamex. En total el viaje llegó a costar más de 15.900 euros y en él se incluyeron todos los gastos. Las tres empresas volvieron a recobrar esa cantidad mediante certificaciones de obras falsas en el Cabildo de Gran Canaria validadas por Pérez.
Así mismo, el escrito de De la Mata apunta que el 14 de noviembre de 2007, ya durante el mandato en el Cabildo de Gran Canaria del socialista José Miguel Pérez junto a Nueva Canarias, De la Torre realizó un pago de más de 8.284 euros a un funcionario de la Corporación cuya identidad no se ha determinado.
En cuanto a Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez, comerciales de Api Movilidad y Elsamex, respectivamente, el juez constata que organizaron, participaron y financiaron el viaje a Marbella en consideración de su cargo de funcionario público “y más concretamente porque se ocupaba de dirigir y controlar la ejecución de proyectos adjudicados a estas empresas”. Además, Gómez fue quien ocupó directamente la organización del viaje a un amigo suyo.
Elsamex es una empresa que se dedicaba al mantenimiento de 177 de carreteras en general, de edificios, infraestructuras y construcción y Fitonovo era una subcontratista de ella. Elsamex fue adjudicataria del Cabildo de distintos contratos de obra pública relacionados con mantenimiento de carreteras en los que intervino en distintas fase de su preparación y adjudicación el funcionario del Cabildo Ulises Pérez. Por su parte, Api Movilidad fue adjudicataria de distintos contratos de obra pública relacionados con mantenimiento de carreteras en los que intervino también el funcionario investigado.