El juez abre cuatro piezas separadas de la investigación sobre el presunto pucherazo electoral en Mogán

La causa sobre el presunto fraude electoral en Mogán se desglosa. El magistrado instructor, Francisco Javier Ramírez de Verger, ha abierto cuatro piezas separadas a raíz de otros tantos informes recientes de la policía judicial al entender que los hechos que en esos escritos se recogen deben investigarse de manera autónoma e independiente respecto de la trama principal, la presunta compra de votos en los comicios de 2015 y 2019 por parte de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) y la financiación ilegal de este partido que lidera en la localidad turística del sur de Gran Canaria la actual alcaldesa, Onalia Bueno. 

De esta manera, el titular del Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana continuará practicando todas las diligencias de la pieza principal, la del presunto pucherazo. Los informes y testimonios vinculados a las tramas separadas se han enviado al decanato para su reparto aleatorio en los distintos órganos del partido judicial. Es decir, pueden recaer en ese u otro juzgado. El magistrado ha adoptado esta decisión para agilizar las actuaciones y evitar las dilaciones. “No se trata de delitos conexos, aunque de forma tangencial pueden tener relación con la instrucción”, ha expuesto en un auto fechado el pasado miércoles. 

La primera pieza separada investigará si Onalia Bueno y el primer teniente de alcalde de Mogán, el también investigado Mencey Navarro, cometieron un delito contra la administración de justicia por ordenar a la jefa del servicio de informática la desconexión del acceso dado a los investigadores de la Guardia Civil al servidor del Ayuntamiento para que pudieran acceder a la documentación digital intervenida durante la entrada y registro a las oficinas municipales, el pasado 17 de septiembre, en busca de expedientes bajo sospecha por su supuesta vinculación con la trama de compra de votos. 

También ha dividido de la pieza principal las pesquisas en torno a los nombramientos de ocho empleados públicos y el aumento de sus complementos específicos. La Guardia Civil sostiene que la alcaldesa premió con esos pluses, concedidos de forma arbitraria y anulados por sentencia judicial, a funcionarios que habrían colaborado en la campaña electoral de Ciuca ejerciendo como captadores de votos. También figura entre los beneficiarios de estos sobresueldos, en su caso por partida doble (en 2015 y en 2019), el primo de la alcaldesa, Francisco Javier Bueno, que en su declaración ante el juez reconoció que le habían incrementado el complemento específico en dos ocasiones. La regidora llegó a exponer en su escrito de abstención que esa subida salarial era “más que merecida”. 

La tercera pieza separada no guarda vinculación aparente con el pucherazo. La policía judicial relata en uno de sus últimos informes la “intencionalidad manifiesta” del gobierno de Ciuca por beneficiar económicamente, bien a través de su empresa familiar, Arpiplan, bien directamente, a Raico Guerra, actual asesor de Urbanismo de la alcaldesa. Desde la llegada de Bueno, se convirtió en el contratista único municipal en servicios veterinarios. De 2015 a 2020 se hizo con adjudicaciones que sumaban 276.000 euros. Ya en 2019, concurrió a las elecciones municipales en el número 12 de la plancha de Ciuca. Al no obtener acta de concejal, Guerra, que solo dispone de un título de Enseñanza General Básica (EGB), fue nombrado asesor de Urbanismo pese a sus “limitados” conocimientos técnicos. De hecho, dos días antes de su nombramiento, el Ayuntamiento suscribió un contrato de asesoramiento externo en materia urbanística con Jesús Romero Espeja, quien fuera viceconsejero de Política Territoral en el Gobierno de Canarias durante la etapa de Fernando Clavijo (Coalición Canaria). Esta contratación también fue irregular, según los investigadores.

La última pieza trata el presunto amaño para favorecer a un empresario con intereses en el municipio, Luis Oller. El presidente de Aguas de Arguineguín, una de las explotadoras del servicio de abastecimiento de agua en Mogán, y administrador de Cornisa del Suroeste, promotora de urbanizaciones en la localidad, aparece señalado en los informes de la Guardia Civil como financiador de la trama de compra de votos para Ciuca en las elecciones de 2015. En uno de sus últimos escritos, la policía judicial llega a la conclusión de que la alcaldesa y uno de sus más estrechos colaboradores, el coordinador municipal Salvador Álvarez, simularon un proceso de mediación judicial para beneficiar con dinero público a las sociedades de Oller en litigios que arrastraba con el Ayuntamiento de mandatos pasados.

El magistrado instructor retomará en octubre las declaraciones a los testigos que faltan por comparecer y a las diez personas que permanecen investigadas en la causa después de que a finales de junio suspendiera los señalamientos pendientes a petición de las defensas.