La jueza amplía al extranjero la investigación contra un expresidente del Cabildo de Tenerife por el caso Puertos

Zona ocupada por Palumbo Shipyard en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

David Cuesta

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El Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife dictó el pasado 19 de enero un auto, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, mediante el que prorroga seis meses la investigación abierta contra Ricardo Melchior y otras cuatro personas por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental en la gestión de Puertos.

El auto de la magistrada se produce en respuesta a una petición de la fiscal jefa en la provincia tinerfeña, María Farnés Martínez, que el 13 de enero solicitó la ampliación de la instrucción al estar pendientes “la práctica de diversas diligencias de investigación, así como de aquellas otras que pudieran derivarse de las mismas”. 

Entre las actuaciones que todavía tienen que llevarse a cabo para cerrar la investigación a Ricardo Melchior se menciona la práctica de “las declaraciones testificales pendientes, así como la remisión de comisiones rogatorias y de la documentación que está aún pendiente de recibirse de diversos organismos públicos”.

La causa abierta en los juzgados contra el histórico dirigente de Coalición Canaria (CC) tiene en el punto de mira varias contrataciones ilegales y un supuesto soborno a Ricardo Melchior por parte de una concesionaria italiana que opera en el puerto de la capital tinerfeña, a la que el expresidente de Puertos habría beneficiado con sus decisiones, según consta en las actuaciones.

Las comisiones rogatorias a las que alude la Fiscalía están relacionadas con la investigación de un presunto cohecho vinculado a la compañía de reparación naval Palumbo Shipyard, cuya base principal se encuentra en el puerto de Cospicua, en Malta. Tras realizar unas primeras pesquisas, la Unidad de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial instó a la jueza, en junio de 2021, a solicitar una orden internacional para seguir en la isla mediterránea el rastro de las relaciones de Melchior con la empresa italiana.

Una comisión rogatoria es una solicitud de auxilio judicial que realiza un juez a otras autoridades extranjeras con el fin de obtener pruebas o información de otro país, ya sea sobre una persona física o jurídica. Además de Melchior, en la causa también figura en calidad de investigada una representante de la compañía de reparación naval Palumbo Shipyard.

Ricardo Melchior, que ya ha sido inhabilitado por una infracción muy grave al incumplir la ley que regula las compatibilidades de los altos cargos de la Administración del Estado, está acorralado por otras dos causas judiciales relacionadas con su gestión como presidente del Cabildo de Tenerife.

El histórico líder de Coalición Canaria está imputado por presunta malversación y prevaricación tras impulsar el rescate con dinero público de la empresa NAP de África Occidental-Islas Canarias, que se encontraba en causa de disolución y cuya mitad del accionariado estaba formado por inversores privados. Son los mismos supuestos delitos por los que la Fiscalía ha pedido que Melchior declare como investigado por el conocido como pelotazo de Geneto. 

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