La jueza del caso Mediador pide las inspecciones del Seprona desde 2019 hasta la actualidad

La juez a cargo del denominado caso Mediador ha reclamado al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria que aporte documentos originales o copias relativos a las inspecciones tramitadas por el Seprona desde 2019 y hasta la actualidad.

La instructora ha ordenado esta diligencia tras constatar que “son numerosas las conversaciones en las que el investigado (Antonio) Navarro Tacoronte (conocido como el Mediador) hace entender a sus interlocutores un cierto control sobre las actuaciones del grupo del Seprona y que afectarían directamente a distintos ganaderos, todo ello en aras a lograr la consecución de unos beneficios ilícitos de naturaleza económica”.

En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha explicado que considera “absolutamente necesario” recopilar y analizar las distintas actuaciones de los agentes de la Guardia Civil que pudieran haberse efectuado a las diferentes ganaderías presuntamente involucradas en la supuesta trama.

La instructora ha acordado esta diligencia después de que al menos tres agentes de la Guardia Civil declararan en calidad de testigos el pasado marzo, así como de las declaraciones efectuadas por Navarro Tacoronte y “los indicios hallados en los volcados de sus terminales móviles, relativos a posibles actuaciones por parte del Seprona en las Islas Canarias”.

Según las pesquisas, algunos de los investigados en el procedimiento habrían utilizado la “posición privilegiada” del general retirado investigado Francisco Navas Espinosa, las “relevantes funciones públicas que ostentaban” en el ramo de la Ganadería en Canarias y en el Seprona “como medio de presión para la consecución de fines ilícitos en el sector”.

En abril de 2022, en sede judicial, Navarro Tacoronte aseguró que “para presionar a los ganaderos canarios, el General de División Espinosa consiguió que se enviase al Seprona a varias ganaderías a inspeccionarlos y que por ello se veían obligados los ganaderos canarios a pagar las comisiones impuestas, porque se les decía que podrían ser sancionados en caso contrario”.

La participación de la UDEF

En un segundo auto, la jueza ha librado oficio a los agentes de la Brigada Provincial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para que recaben “cualquier otra información y documentación complementaria que consideren necesaria para realizar el seguimiento de las operaciones que se vayan conociendo y resulten de interés para la investigación”.

Asimismo, ha ordenado una serie de diligencias para esclarecer otros hechos que hasta ahora permanecen bajo sospecha. Entre otras cuestiones, ha solicitado a la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Tuinaje (Fuerteventura) y del Cabildo de Fuenteventura que realicen un informe sobre la calificación jurídica urbanística de una finca explotada por Queso Rosa de la Madera SL, del también investigado Julián Santa Bárbara Pérez Alonso.

La jueza ha ordenado dichas diligencias tras recibir un oficio policial el pasado 13 de abril en el que se relatan una serie de hechos, entre ellos, una visita realizada por Navarro Tacoronte y Taishet Fuentes Gutiérrez, sobrino del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y exdirector de Ganaría de Canarias.

La instructora ha incidido en que las conversaciones entre ambos investigados recogidas en dicho oficio policial “encuentran su aval en las declaraciones realizadas en sede policial y judicial por dos personas que intervinieron o presenciaron estos hechos”.

Según el auto, una de esas personas es el quesero investigado Julián Santa Bárbara Pérez Alonso, titular de la ganadería Queso Rosa de la Madera SL; y la otra es uno de los testigos que acudió a declarar al juzgado en la última tanda de interrogatorios del 13 de abril.

La jueza ha recalcado que ambos “se refirieron a la entrega de dádivas o comisiones cuyos destinatarios serían los dos investigados inicialmente”, en referencia a Navarro Tacoronte y Fuentes Gutiérrez. En este sentido, ha precisado que “el origen o nacimiento de estas dádivas tendría su fundamento en la posible situación irregular de la finca” de Santa Bárbara, ante lo que el Mediador y el sobrino de Juan Bernardo Fuentes Curbelo se habrían ofrecido a “mediar o solucionar la posible irregularidad a cambio de un precio”.

Según ha destacado la jueza en su auto, la Policía también ha relatado en su oficio “otro episodio de similares características” que afectaría a un ganadero que acudió a declarar como testigo el pasado 13 de abril.

En este caso, Navarro Tacoronte, “haciendo uso de información privilegiada o confidencial que presuntamente le hubiera transmitido el investigado Taishet Fuentes Gutiérrez, le hizo llegar al ganadero una propuesta para recuperar una subvención de la administración que el perjudicado perdió al haberse transcurrido el plazo de petición”.

La magistrada ha explicado que aunque dicho plan “no llegó a fructificar”, el comportamiento de los investigados podría constituir un delito de cohecho, por lo que ha reclamado a la Dirección de Ganadería de Canarias que aporte copia de los expedientes correspondientes al ganadero que figura como testigo y a su empresa “a efectos de corroborar la versión” que dio en sede judicial.

Al hilo, la titular del Juzgado también ha reclamado a la Consejería de Ganadería de Canarias que aporte copia de los expedientes administrativos respecto del ganadero y quesero investigado Alberto Montesdeoca.

Asimismo, ha pedido a la Dirección General de Ganadería de Canarias que certifique el período en el que el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y Taishet Fuentes Gutiérrez asumieron sus funciones como directores de Ganadería del gobierno autonómico.