Sentados bajo la enorme vidriera que preside una de las paredes del claustro del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, separados por un metro de distancia, con poses calcadas, las manos entrelazadas sobre sus propios regazos, los torsos ligeramente arqueados hacia delante, los semblantes serios, las miradas fijas en un punto y silencio absoluto. En los pasillos de las dependencias judiciales los medios gráficos no pueden captar imágenes para preservar los derechos a la intimidad, el honor y la propia imagen de quienes transitan por ellos, pero esa estampa de la que no puede haber constancia más que en la memoria y que tiene como protagonistas a Salvador Alba y a uno de sus abogados, Pedro Ayala, es, probablemente, de las más descriptivas de cuantas se hayan podido registrar a lo largo de las tres primeras e intensas jornadas de la vista oral contra el magistrado, acusado de cinco delitos (prevaricación judicial, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, falsedad en documento oficial, cohecho y revelación de secretos) por pactar una declaración con el empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar la carrera de la jueza Victoria Rosell, actual diputada de Podemos en el Congreso.
El momento de esa instantánea mental es clave. Se produjo en un receso de la tercera sesión, celebrada el miércoles, tras la declaración del empresario Héctor de Armas, propietario de Seguridad Integral Canaria (SIC), quien fuera mano derecha en esta sociedad de Ramírez, con quien ahora está enemistado. De Armas era el as que tenía Alba guardado en la manga para esta vista, el testigo al que las acusaciones habían renunciado y que se había reconvertido, en virtud de una carta, en testimonio esencial de la defensa para dar un vuelco de 180 grados al curso de los acontecimientos y erigir al magistrado en víctima de un chantaje auspiciado por Ramírez con la connivencia de la propia Rosell y de su pareja, el periodista Carlos Sosa.
El efecto sorpresa y la expectación que había generado el suspendido magistrado con ese anuncio en la sesión inaugural, que ya había barruntado en sus frecuentes intervenciones radiofónicas, se fue diluyendo como un azucarillo a medida que avanzaba un interrogatorio que se extendió por espacio de una hora y media. Un revés para la estrategia de defensa, que tampoco encontró razones para el optimismo, sino más bien todo lo contrario. En el otro testigo propuesto, el magistrado Emilio Moya, presidente de la Audiencia Nacional de Las Palmas. Tras renunciar durante su comparecencia a responder a las preguntas de la acusación particular (Rosell) y de las populares (Sosa y Podemos), la situación del magistrado parece quedar a expensas de lo que puedan deparar las periciales previstas para la próxima semana.
El abogado de Salvador Alba, Pedro Ayala, necesitó 40 minutos y cerca de 80 preguntas para tratar de acreditar con el testigo De Armas dos de sus principales tesis: que la grabación del encuentro entre su cliente y Ramírez está manipulada y que existe un contubernio entre el anterior dueño de SIC, Rosell y Sosa en relación con el procedimiento 644/2014, en el que primero la jueza y después Alba investigaron al empresario por delitos fiscales.
Las grabaciones
Durante su comparecencia, Héctor de Armas avaló la existencia de “una” grabación, aunque dijo desconocer si se trata de “la” grabación que es objeto de este procedimiento, la encontrada por la Guardia Civil en la papelera del dispositivo utilizado por Ramírez para registrar su conversación con Alba, que estaba camuflado en una llave de coche. Ese archivo, del que los investigadores han acreditado su integridad en un informe pericial, tiene 77 minutos de duración. El testigo dijo que el audio que su anterior jefe le había hecho escuchar “como un niño en un día de Reyes” sobre las 17.00 horas del 16 de marzo de 2016 en su despacho y en presencia de la secretaria de Ramírez, era de “una hora, una hora y pico”.
Tanto en la carta remitida a Alba como en su posterior declaración como testigo ante el tribunal, Héctor de Armas manifestó una circunstancia que no se ha discutido en el proceso judicial, la edición de la grabación por parte de Ramírez para eliminar las referencias a nombres que aparecían en esa conversación y que “no convenían que figuraran para sus propósitos”, que no eran otros, según el actual presidente de SIC, que conseguir el archivo de la causa por fraude fiscal, un objetivo que también a él le habría beneficiado, puesto que permanece igualmente imputado. El procedimiento contra Alba no versa sobre los audios que el empresario entregó en el juzgado en mayo de 2016, los denominados REC001 y REC002, los editados, sino el archivo 004, fruto de un hallazgo casual de los investigadores de la Guardia Civil.
Pocos datos de contundencia pudo aportar De Armas para reforzar la teoría de la manipulación de los audios. Dijo desconocer cuál había sido el proceso técnico utilizado y se limitó a afirmar que Ramírez le había encomendado a su primo Orlando Hernández, en apoyo de otro técnico, que “limpiase” esos nombres de la grabación de manera que “ni la Guardia Civil fuera capaz de detectarlos”, tarea que, a la vista del hallazgo del REC 004, no habría resultado exitosa. El testigo dijo haber oído aquel 16 de marzo de 2016 referencias que no figuran en la grabación, aunque al entrar en detalle solo acertó a recordar una supuesta mención de Ramírez a la empresa Prosegur, un hecho que no le resultaba extraño porque, según refirió, formaba parte del discurso “monomaníatico” que había escuchado en reiteradas ocasiones a su jefe para explicar el origen del procedimiento en su contra por delitos contra la Hacienda pública.
A preguntas del fiscal, De Armas sí recordó haber escuchado en aquella ocasión los pasajes de la conversación en los que Alba pronuncia la famosa expresión “la fiscal se tendrá que joder” o le comunica a su interlocutor su intención de archivar la causa, es decir, algunos de los tramos más comprometedores para el magistrado encausado, ya que lo involucran en la preparación de un acto, la declaración orientada de Ramírez en sede judicial, que se acabaría concretando.
Tanto el encuentro de Alba con el empresario como la comparecencia judicial de este, en apariencia formal, una semana después, son hechos indiscutidos en el juicio oral, ya que absolutamente todos los intervinientes con conocimiento directo de los hechos (Ramírez, el juez Emilio Moya, la fiscal Evangelina Ríos, las partes personadas en la causa y el propio juez), los han corroborado, lo que atañe a los delitos de prevaricación (la resolución prevaricadora sería la propia citación a esa declaración cuyos términos habían sido previamente pactados) y al de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Tampoco supo decir el testigo de la defensa qué referencias habían sido eliminadas de la grabación que escuchó junto a Ramírez en su despacho, ya que los nombres que mencionó (el exministro José Manuel Soria y los presidentes de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste) sí que figuran en el REC004. De Armas dijo ignorar cuál había sido la manipulación realizada al audio y si se refería a un corte de fragmentos, la eliminación de nombres, falsificación de voces o usurpación de identidad.
El chantaje
En la carta remitida a Alba y en su comparecencia, el propietario de SIC involucra en el supuesto chantaje de Miguel Ángel Ramírez al juez a la magistrada Victoria Rosell y al periodista Carlos Sosa, aunque no lo hace como testigo directo de los hechos, sino a través de referencias de terceros. Tanto el tribunal como las acusaciones incidieron en el interrogatorio en este hecho, en que sus afirmaciones al respecto se basan en comentarios que recuerda haber escuchado a alguno de los protagonistas, una circunstancia que resta fuerza probatoria. En concreto, manifestó que el propio Ramírez y el abogado José María Aranda le informaron de una reunión en el despacho de este último en la que habrían participado Rosell y Sosa para conocer la grabación y la transcripción y que, según le habría trasladado el abogado de Ramírez, José Antonio Choclán, fue el propio empresario quien le entregó el pendrive con el audio al periodista en el aeropuerto de Madrid o en sus inmediaciones.
Buena parte del interrogatorio del abogado de Alba se centró en los mensajes de Whatsapp que habrían intercambiado De Armas y Carlos Sosa, comunicaciones que el periodista no ha asumido como propias. El letrado Pedro Ayala trataba de demostrar con ellos que el director de Canarias Ahora había actuado como “guía de contacto” entre los directivos de Seguridad Integral Canaria y la causa 644/2014 que instruía su pareja contra ellos en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria. El argumento lo desmoronó su propio testigo. “No es cierto. No me informaba. Me hacía algún comentario esporádico de ese tema, pero informarme, en términos propios, no”, manifestó Héctor de Armas a preguntas de su abogado.
Las preguntas de las acusaciones han intentado también desacreditar al testigo por su repentino giro, que ha justificado por razones “de conciencia” y porque no podía permanecer al margen ante la situación de un magistrado cuya libertad y carrera “corren peligro”, así como por las contradicciones de su discurso en función de su situación procesal. El representante de la Fiscalía, Vicente Garrido, fue especialmente duro en el interrogatorio a Héctor De Armas después de unas sesiones en las que había evidenciado un perfil bastante más sosegado, aunque la cuestión más contundente se la formuló la abogada Sandra Rodríguez, que ejerce como acción popular en nombre de Podemos. “Mientras fue altísimo directivo de eso que usted ha denominado como reino del terror (en referencia a Seguridad Integral Canaria), ¿no tuvo esos problemas de dignidad?”.
Una reunión clandestina
Al segundo testigo propuesto por Salvador Alba, el abogado Pedro Ayala solo le hizo siete preguntas. La comparecencia de Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, solo duró cinco minutos, o cuatro si se resta el tiempo que empleó para definir su relación con el ahora procesado, quien fuera su compañero en la Sección Sexta. Moya dijo que Alba le traicionó al grabarlo de forma subrepticia mientras departían en el office sobre determinados asuntos judiciales y que, a partir de ese momento, sus vínculos se limitaron a los estrictamente profesionales, a los necesarias para las deliberaciones, hasta que, una vez suspendido y después de haber sido insultado por su mujer, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, se rompieron de forma definitiva.
El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas se limitó a confirmar que el día en el que se produjo la grabación saludó a Miguel Ángel Ramírez y a reforzar la tesis de la clandestinidad de esa reunión con el juez Alba. “Yo no sé quién se enteraría, pero (el empresario) entró por el circuito restringido (tras ser autorizado por el magistrado). Los funcionarios, desde luego, no. (…) Yo me enteré cuando entré en el despacho”, relató Moya.