El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número de 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado que se mantenga la suspensión cautelar del régimen de libranzas del taxi, hasta que resuelva el fondo de la resolución aprobada por el Ayuntamiento capitalino, que recurrió la Asociación de Asalariados del Taxi.
La aplicación de dos días libres a distribuir entre las licencias del municipio había empezado a ponerse a prueba a principios de semana e iba a estar vigente durante los próximos cuatro meses. A la denuncia de la Asociación, que advirtió de la pérdida de 246 asalariados por la medida, hay que añadir otras dos más que se han repartido en distintos Juzgados de la capital grancanaria, como la de 64 taxistas que alertaban de un perjuicio económico para el sector y reclamaban una indemnización por los días de paro.
Ésta última, que recayó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, fue la que llevó al Ayuntamiento a echar el freno al régimen de libranzas en primer lugar.
Los servicios jurídicos del Consistorio presentaron alegaciones este viernes de forma oral y escrita en ambos Juzgados con la intención de que la Justicia derogara la suspensión cautelar, en cuyo caso se habría vuelto poner en práctica el régimen de libranzas, según explica el director general de Movilidad, Heriberto Dávila.
El Ayuntamiento señala en sus alegaciones que tanto la Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, como la Ordenanza del Servicio Urbano del Taxi legitiman a la Administración local a tomar este tipo de decisión, que se basa en “la garantía de interés público para la consecución de un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio”.
Asimismo, considera que “no se concreta, ni prueba, por los actores de manera clara, indubitada e inmediata el perjuicio irreparable que se causaría de no adoptarse la medida cautelar y por qué motivo haría ineficaz el proceso, máxime cuando la propia resolución recurrida en el apartado tercero de la parte resolutiva establece una vigencia temporal de la medida, sólo entre el 7 de marzo y el 26 de junio del presente año”.
En ese sentido, expone que “corresponde al interesado en obtener la suspensión la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión sin que baste una mera invocación genérica”.
Además de presentar el acta de la Mesa del Taxi celebrada el pasado febrero, señala la relación directa entre el servicio del taxi y el Consistorio y la limitación del interés público en la intromisión de la libre empresa.
Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo considera que de no mantenerse la suspensión cautelar se podría recaer en una falta de efectividad de la sentencia, teniendo en cuenta que la prueba del régimen de libranza cuenta con un periodo de vigencia de cuatro meses, plazo que previsiblemente excedería el proceso judicial abierto a raíz de la denuncia.
Asimismo, la magistrada entiende que “no existe un motivo que exija la inmediatez de la ejecución del acto, puesto que la causa que en definitiva genera la adopción de la resolución no es un motivo de seguridad que implique la necesidad de proteger un bien jurídico superior, sino una forma de regular el exceso en la oferta de este servicio, lo que conlleva que no pueda darse una prevalencia del interés que acompaña a la Administración en su actuación”.
Presentación de un estudio
Dávila rechaza el perjuicio económico argumentado por los taxistas y considera que la implantación de los días libres generaría unos ingresos que “si no son mayores, serán por lo menos iguales al bajar la competencia”. “Alegar que por dos días se les ha hecho un perjuicio de más de 100.000 euros me parece un poco absurdo”, apostilla.
El director general de Movilidad afirma que la Consejería prevé publicar en menos de un mes un estudio que “evidenciará algo que es un clamor en todo el sector”, en referencia al elevado ratio de licencias que tiene el municipio y que una gran parte de éstas gastan más de lo que producen durante el tiempo que están en la calle.
“Nadie, ni siquiera los que están en contra de los días libres, es capaz de decir que no hay sobreoferta en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que la gran mayoría de los taxis, más de un 60%, están vacíos, por lo que creemos que esto es por el bien del sector”, mantiene.
Dávila afirma que el Ayuntamiento trabajará para regular el mercado de asalariados, porque “no existe ninguna ley que permita trabajar con lo que se denomina ‘la gallina’, pero no es una potestad solo nuestra, hay entra la Seguridad Social y otras administraciones”.
El Consistorio podrá interponer un recurso de apelación contra la resolución judicial en un plazo de quince días.