El abogado Plácido Alonso Peña Fumero, que se ha puesto a disposición del Juzgado que investiga el conocido como caso Mediador con el fin de comparecer si se considerara necesario, ha recibido como respuesta que no hay indicio alguno que lo relacione con la trama ni está previsto que se le tome declaración o se lleve a cabo algún tipo de medida.
El letrado decidió comparecer a voluntad propia una vez que durante los últimos meses se ha especulado con que llegó incluso a estar detenido o que en la actualidad estaba imputado.
Determinadas informaciones lo situaban en el centro de las investigaciones que giran en torno a la supuesta comisión de cohecho por parte de cargos públicos y Marco Antonio Navarro Tacoronte, quien habría ejercido como intermediario de éstos con empresarios para obtener determinados favores.
Peña Fumero ha sido relacionado con el caso porque ejerció como abogado de Tacoronte desde 2017 e incluso llegó a ser unos de los protagonistas del momento en que el caso saltó a la luz pública.
Ocurrió cuando a principios de este año el entonces consejero insular de Deportes del Cabildo tinerfeño, Ángel Luis Pérez Peña, denunció un cargo de 2.700 euros en la tarjeta que compartía con Tacoronte y que el político consideraba un fraude.
En ese momento, como letrado de Tacoronte, se negó a que la juez requisara dos teléfonos de su cliente, quien había sido detenido, principalmente porque no tenían nada que ver con aquella denuncia.
Pero en contra de su criterio, Navarro Tacoronte, tras permanecer en el calabozo varios días, accedió a entregar los dos móviles y fue entonces cuando le comunicaron que el protagonista central del caso había decidido que ya no lo representara.
“La razón de que no los quisiera entregar no era porque supiera que contenían algo ilegal sino porque él me comentó que había fotografías comprometidas de políticos y, como abogado defensor, me opuse porque no creía que existiera ninguna obligación legal de hacerlo”, afirma Peña Fumero.
Al tratarse de un caso que se limitaba a Tacoronte y el consejero insular, las investigaciones debían circunscribirse a las conversaciones entre ambos, no a las restantes.
“En un procedimiento, un juez no puede requisar unos terminales que no tienen nada que ver con los hechos que se están investigando”, dijo el abogado, quien añadió que otra cosa es que el denunciado los aporte voluntariamente, como ocurrió.
Fumero indica que, “incluso aunque supiera que en los teléfonos se hallaban pruebas de una trama corrupta, no accedería a entregarlos porque esa es mi obligación: defender a mi cliente, al que le podría caer una pena de 15 ó 20 años”
Añade que el imputado “tiene derecho a mentir y el abogado defensor a no perjudicarlo. En todo caso iría al secretario y se procedería a transcribir las conversaciones entre ellos dos”.
El conocimiento por parte de la juez del contenido de estos teléfonos lo atribuye a que Tacoronte se habría ofrecido a colaborar con la Justicia, pero Fumero cree que como abogado suyo también debería haber participado en estas reuniones para cerrar un acuerdo que fuera lo más ventajoso posible.
El letrado se queja de que ha sufrido una campaña de desprestigio por su decisión de no entregar los terminales de forma voluntaria, cuando en realidad sólo estaba cumpliendo con su deber. “Que la juez supiera de la existencia de los dos teléfonos y de su contenido no lo comprendía y lo único que intenté fue hacer la mejor defensa posible”.
En los teléfonos había fotos y documentos que han sido la base del caso Mediador y que circularon por las redacciones de los medios de comunicación, hasta que hace algunas fechas la juez ordenó el secreto del sumario y además investigar el origen de las filtraciones.
Peña Fumero cuantifica en hasta 50 las informaciones que lo relacionaron con la trama de presunta corrupción y lo situaban en el centro de la misma, a lo que ha respondido con la interposición de varias querellas.
A finales del pasado febrero, compareció ante la Fiscalía alegando que “el aluvión” de informaciones falsas que se vertían sobre su persona, incluso en medios de ámbito nacional, le habían causado “un grave daño para mi salud mental, tanto es así que estoy medicado en dosis altas de tratamiento, afectando, además a mi familia”.
En aquel entonces se puso a “plena disposición” del Ministerio Público por si se estimara necesaria que compareciera, para lo que aportó los datos de su domicilio, número de teléfono y correo electrónico con el fin de que quedara clara su voluntad de colaborar plenamente con la Justicia.
Fumero intentó dar este paso en el Juzgado de Instrucción número 4 que instruye la causa, pero el secretario le informó de que “no podía recoger el escrito porque estaban saturados, pero que en todo caso haría constar una diligencia al respecto”.
El 13 de marzo la Fiscalía responde que no aprecian “hecho delictivo alguno” ni vinculación con la trama dentro del sumario que se instruye en el juzgado.
Admite que cuando ejerció como abogado de Navarro participó en determinadas reuniones que se enmarcan en su tarea profesional y en las que no se han detectado ningún tipo de irregularidad.
Por ejemplo, asesoró en la presentación de un recurso a una empresa lechera a la que se le requería la devolución de una subvención que no había sido justificada, y que fue rechazado.
El abogado lamenta haber sido objeto de una serie de “calumnias falsedades, como ser cabecilla de una trama corrupta, abogado de la organización criminal”, cuando sólo representaba a Navarro Tacoronte en la causa de la tarjeta de crédito y en otras más sin relación con este caso.
El resto de noticias en las que se le han involucrado se refieren a asuntos que tuvieron lugar en 2017 cuando montó una asesoría en la que trabajaron de forma conjunta, “y que han sido sacadas de contexto”.