El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha reconocido a las empresas que construyeron el puerto de Granadilla (Tenerife) unos sobrecostes por distintos conceptos de 2,77 millones de euros que deberá abonar la Autoridad Portuaria, aunque descontando los pagos que ya ha ido adelantado.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha estimado parcialmente la demanda que FCC, Promotora Puntalarga y la UTE Granadilla interpusieron en 2020 contra la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y falla que tienen derecho a ser indemnizadas por tres conceptos.
La sentencia determina las siguientes cantidades: 797.778 euros concepto de gastos generales, 1,94 millones por costes indirectos y 24.507 euros por los daños del temporal de diciembre de 2013.
No obstante, aclara que de esas cifras “se han descontar las cantidades ya reconocidas y abonadas con carácter previo por parte de la Autoridad Portuaria”.
Desde el bufete que llevó este pleito aseguran que aún no han calculado la cifra definitiva que debería restarse del total y tampoco tienen constancia de si Puertos de Tenerife ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo.
Desde un primer momento, el Abogado del Estado se opuso a la petición de la UTE Puerto de Granadilla que solicitaba unos 4,8 millones, en conceptos como 1,6 millones para compensar los gastos generados por la carga y mantenimiento de maquinaria y otros 1,6 por gastos generales.
También solicitaban medio millón por el menor valor de los materiales, 313.000 euros por los daños causados por el temporal, 1,6 millones por los costes indirectos y casi 509.000 euros por los intereses legales y se incluían los 122.000 euros reconocidos y abonados por la Autoridad Portuaria.
Las obras del puerto de Granadilla fueron adjudicadas en febrero de 2007 por 114,58 millones de euros, con un plazo de ejecución de 37 meses. El 14 de mayo de ese año se firmó el contrato y luego se estuvo a la espera del dictamen de la Unión Europea (UE) para iniciar las obras, lo que ocurrió dos años más tarde.
Las actuaciones quedaron paralizadas a principios de 2009 después de que los tribunales aceptaran la petición de Ben Magec-Ecologistas en Acción para que se suspendiera la orden que excluía del Catálogo de Especies Amenazadas a los sebadales, para reiniciar los trabajos ocho meses después.
A lo largo de los años se han sucedido diversas paralizaciones más de las actuaciones y modificaciones del proyecto por lo que la Autoridad Portuaria reconoció un pago de 1,6 millones por este concepto.
El TSJC rechazó reclamaciones relativas a las dificultades para conseguir material desde la cantera prevista, por lo que se tuvo que recurrir al sistema de multicanteras o minicanteras con el sobrecoge que implicaba mover los 4,2 millones de metros cúbicos recogidos en el contrato.
También se reclamaban los gastos derivados de los 22 meses de retraso que experimentó la obra y, en este caso, sí se admite el derecho a cobrar los mencionados 797.778 euros a los que habría que restarle 599.400 euros ya desembolsados por Puertos.
En cuanto a los daños causados por el temporal de 2013, estos se centran en la realización de protecciones para paliar los efectos de este durante los días en los que tuvo lugar, el “rescate” de un dique que fue arrastrado por el mar y debió traerse de nuevo a tierra y la reconstrucción de las distintas secciones afectadas.
El TSJC acepta esa reclamación al considerar la “concurrencia de fuerza mayor”, existencia de una obligación contractual y la diligencia de cada una de las partes en sus obligaciones.
También se admite la indemnización de los denominados costes indirectos, que se centran en pagos de facturas y nóminas y de cuya cantidad global se descuenta el cerca del millón de euros reconocidos y abonados por Puertos, y que se deben a la paralización y consiguiente retraso de la obra.