Luis Hernández, expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y socio del empresario Jaime Cortezo en la promoción de viviendas de Hoya Pozuelo -a través de una sociedad familiar que tenía el 24% de las participaciones-, ha abrazado este lunes la teoría de la conspiración para explicar el caso de presunta estafa que se juzga desde hace dos semanas en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas por la venta de unas viviendas en el barrio de La Garita, en el municipio grancanario de Telde, sobre las que recaía una orden de derribo por invadir la zona de servidumbre fijada por la Ley de Costas.
En su declaración como testigo en la séptima sesión de la vista oral, Hernández ha achacado el conflicto a un “ataque en tromba” de los medios de comunicación contra su persona para vender como “un gran escándalo” algo que, en su opinión, cumplía con la legalidad. Ni los abogados de la acusación preguntaron ni el también exconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias profundizó en los motivos de este supuesto ataque.
Sin embargo, en una de las primeras sesiones del juicio, fue una de las querellantes, María Candelaria (Laly) Sánchez, la que esbozó esta teoría al ser preguntada sobre las explicaciones que le proporcionaba Jaime Cortezo acerca de la apertura del expediente sancionador de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun). Según la periodista, el promotor le transmitió entonces que todo se debía a una “persecución política y mediática” contra Hernández con la guerra por el control de La Caja de Canarias como telón de fondo.
Esta versión sitúa el origen del conflicto en unas declaraciones de Hernández contra el entonces director de la entidad financiera, Juan Francisco García, editor de Canarias 7, el periódico que destapó el caso el 1 de marzo de 2000.
“Fue un ataque contra mí. Lo comentamos mil veces”, ha afirmado Hernández. Para el expolítico, existía la impresión generalizada de que el expediente sancionador a Hoya Pozuelo “no iba a ir a mayores”, porque “nadie pensó que hubiera problemas” y porque las viviendas contaban con las preceptivas licencias. “Son las únicas casas de la zona que están legalmente a cien metros”, ha sentenciado.
Hernández ha recordado que en aquella época se conocía “al detalle” el caso de Hoya Pozuelo porque “salía todos los días en prensa”. “Yo fui quien presenté a Laly a Jaime, que le montó una emisora, y Laly defendía a la empresa en la radio”, ha comentado en relación al conocimiento que tenía la periodista, compradora y querellante, sobre los problemas que afectaban a las viviendas.
El expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha reconocido que medió entre Cortezo y uno de los compradores, Antonio Antón, director en ese momento del Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2 del Gobierno de Canarias, para intentar abaratar el precio del dúplex en el que estaba interesado el ahora querellante. Hernández explicó que lo conocía por los múltiples viajes que, siendo consejero, realizó en jet foil cuando Antón era oficial de una de las embarcaciones y Julio Bonis. capitán de la misma.
A preguntas de la defensa del promotor, Hernández confirmó lo sostenido por la secretaria de Cortezo sobre el presunto chantaje al que le sometió Antón reclamándole 70 millones de pesetas (240.000 euros) para retirar la querella que le había interpuesto. “Jaime ofrecía en esa época a todos devolverles el dinero que habían pagado, en este caso, unos 40 millones”, precisó el exconsejero.
Hernández también contó que Bonis le había recomendado contratar a su antigua secretaria, Clotilde Saavedra, la mujer de Antón, pero que no lo hizo por la querella contra Cortezo. “Si no llega a demandarle, la hubiera contratado, era muy competente”, apostilló.
Los peritos se ratifican en sus informes
Además de Hernández, en la sesión de este lunes han comparecido cuatro peritos que tasaron varias viviendas de la promoción de Hoya Pozuelo para calcular posibles indemnizaciones, el médico de cabecera de Clotilde Saavedra y una psicóloga que la atendió en la Unidad de Salud Mental.
El arquitecto Víctor Sánchez se ratificó en un informe elaborado en 2011 por el que, mediante el método de comparación, valoró una de las viviendas afectadas por la orden de derribo en 403.000 euros. Sánchez admitió que desconocía esta amenaza de piqueta cuando realizó el encargo y señaló que, de efectuarse ahora, probablemente el valor del dúplex sería inferior por la propia evolucón del mercado inmobiliario.
Otro de los peritos, Salvador Quintana, que tasó once viviendas, recalcó la situación priviliegiada de las viviendas, en primera línea de mar, lo que incrementa el valor del suelo. Tampoco hizo constar en sus informes los problemas con Costas porque partió “de un hecho cierto”, esto es, que había una construcción “a la que se le tuvo que dar una licencia urbanística”, y confirmó que el plazo de caducidad de este tipo de informes es de seis meses.
Por su parte, Julio de la Rosa y Claudio Martín valoraron dos viviendas en algo más de 400.000 euros cada una. En su exposición, explicaron que sus propietarios acometieron una serie de obras de ampliación y mejora de las calidades en los inmuebles. “No creo que nadie que haga estas reformas quiera quitarse las viviendas, buscan más comodidad, más confort para quedarse”, apuntó De la Rosa.
Estos dos peritos concluyeron que las casas de Hoya Pozuelo se vendieron a un precio superior al que fijaba en ese momento el mercado. Para ello se basaron en datos estadísticos del Ministerio de Fomento, según los cuales el precio del metro cuadrado de la vivienda era de 1.400 euros, por lo que, de acuerdo a estas estimaciones, las propiedades se debieron vender a unos 226.000 euros y no a 300.000. “Es incomprensible comprar una casa con una orden de derribo si no es un chollo y un chollo es que te la vendan por lo menos al 50% del valor de venta”, sostuvo.
Por último, tanto el médico Juan Jiménez Santana como la psicóloga Cristina Lastra ratificaron que Clotilde Saavedra, una de las compradoras afectadas, ha padecido distintos episodios depresivos que atribuye a los problemas legales de su vivienda.
El juicio continúa este martes con la octava y última sesión.