El Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado la apertura de juicio oral contra un médico del Servicio Canario de Salud (SCS) por delitos contra la intimidad y falsificación documental cometidos contra su exmujer en pleno proceso de divorcio. El Ministerio Fiscal interesa para el acusado una pena de seis años de prisión, que la acusación particular incrementa en un año con una indemnización de 200.000 euros.
La Audiencia Provincial será el órgano competente para juzgar este caso, que se abrió a partir de la denuncia que interpuso la exesposa del investigado argumentando que éste había accedido en repetidas ocasiones a su historial clínico durante su separación y le había añadido un diagnóstico falso para usarlo en su propio beneficio durante el proceso de divorcio.
En concreto, el médico añadió las patologías de trastorno histriónico y trastorno esquizoide de personalidad, trastorno depresivo crónico y personalidad narcisista.
Algo que hizo, según se desprende del escrito de calificación de la Fiscalía, a pesar de que la afectada no era su paciente y “con la finalidad de alterar ilícitamente la historia clínica” de su exesposa, para “hacer uso de la misma con un contenido que le resultase favorable en su conflicto con ella respecto a la guarda y custodia de su hija común”.
“Y así el acusado, a finales de 2015, en el procedimiento de divorcio contencioso del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria aportó la Historia Clínica [de su cónyuge], su contraparte en dicho procedimiento, en la cual constaban, junto a los diagnósticos verdaderos de la misma, los datos añadidos subrepticiamente por parte del acusado”, apostilla el Ministerio Público.
El acusado es un médico de familia del Centro de Salud de Shamann, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, que no resulta desconocido en las esferas políticas de la Isla. De hecho, Sergio Hernández se presentó en 2011 como número tres en la lista de Compromiso por Gran Canaria al Ayuntamiento capitalino, del que se quedó fuera al conseguir el partido solo dos actas de concejal.
En su presentación oficial, el partido hizo un recorrido sobre su vida laboral en la que destacó cargos como el de director Territorial de Salud entre 1993 y 1996; vocal de la Dirección General de Salud Pública, vocal de los Tribunales Calificadores de Pruebas selectivas de acceso a bomberos y Policía Local en el Consistorio de la capital grancanaria y médico colaborador del Primer Plan de Salud de Canarias.
La Fiscalía pide para el acusado seis años de prisión, inhabilitación absoluta durante 10 años, multa de 20 meses con una cuota diaria de 18 euros, inhabilitación especial para empleo y cargo público de médico, profesión y oficio sanitario durante seis años, así como inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo espacio temporal.
La acusación particular interesa, por su parte, siete años de cárcel, con inhabilitación absoluta durante 12 años y una indemnización de 200.000 euros para la exmujer por daños morales y perjuicios.
Sergio Hernández demandó a Canarias Ahora en 2017 por la publicación de dos noticias en las que se informaba del caso. Pidió 30.000 euros de indemnización por una supuesta vulneración en su derecho al honor, pero la jueza de Primera Instancia 4 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó la demanda y lo condenó al pago de las costas procesales. El demandante tiene recurrida la sentencia ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.