Nueva derrota judicial del abogado de Vox que persigue a Victoria Rosell

El abogado Federico José Vicente Marín ha vuelto a estrellarse en los juzgados en su cruzada personal contra la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha inadmitido la querella que ese letrado interpuso en enero pasado en nombre de la exempleada de hogar Simona Chambi por denuncia falsa. El archivo se ha decretado sin más diligencia de investigación que el testimonio de la querellante y el contundente informe del Ministerio Fiscal, que tampoco aprecia delito en los hechos atribuidos a Victoria Rosell.

El letrado denunciante, vinculado en el pasado a Vox en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), que ya fracasó en su intento de condenar a la también magistrada Victoria Rosell por el despido de su exempleada de hogar, la denunció en esta ocasión en nombre de su clienta por considerar que la denuncia que en 2020 presentó ante la Policía Nacional por coacciones y extorsión, entre otros delitos, fue una denuncia falsa. La denuncia de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género fue finalmente archivada por Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, archivo que posteriormente ratificó la Audiencia Provincial a finales de 2022. 

Este archivo animó a Federico José Vicente Marín a volver a la carga. Y lo hizo después de haber dejado sin asistencia letrada a su clienta ante el último recurso que le quedaba ante el Supremo por la demanda laboral que había perdido tanto en primera instancia de lo Social como ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Para ejercer ese derecho, Simona Chambi tuvo que acudir a la justicia gratuita, pero la letrada que le correspondió desaconsejó el recurso por improsperabilidad, dada la contundencia con la que las dos sentencias obtenidas hasta ese momento habían echado por tierra los frágiles argumentos jurídicos del letrado desertor.

Pero Federico José Vicente Marín no se había rendido aún, aunque lo pareciera. Al conocer el archivo definitivo de la denuncia de Rosell contra su clienta por extorsión, estafa procesal, amenazas y coacciones volvió a investirse como su representante para interponer una querella por denuncia falsa. A continuación, él y Simona Chambi repitieron el ritual de una nueva peregrinación por distintos medios informativos, algunos de los cuales volvieron a comprar la mercancía de que la querella era gravísima, que había sido admitida a trámite, que Rosell iba a ser llamada a declarar como investigada de modo inminente, e incluso, relataron –ante el interés de sus interlocutores- las durísimas penas de prisión que preveían solicitar para ella en un procedimiento que no ha pasado si quiera de la fase preliminar.

La querella jamás fue admitida a trámite, ni Victoria Rosell ha sido llamada a declarar en calidad de investigada o imputada. En este procedimiento sólo ha declarado ante el juez la querellante para ratificarse en su querella y responder a las preguntas de su señoría. Ni el Ministerio Fiscal ni el juez instructor han apreciado la existencia de un posible delito, como recoge el auto ya notificado a la parte querellante hace una semana, sin que su contenido haya sido remitido hasta la fecha a los medios de comunicación que creyeron la versión del abogado Federico José Vicente Marín.

Victoria Rosell acudió a la Policía Nacional en 2020 al conocer de boca de una abogada una conversación en la que un dirigente de Vox en Las Palmas anunciaba una demanda laboral en su contra mucho antes de que le fuera notificada, lo que luego se consolidó con la confirmación de la demanda y con las manifestaciones a una emisora de radio del propio abogado explicando su táctica frente a “famosos, políticos, actores de Hollywood o empresarios” para reclamar dinero a cambio de un pacto de confidencialidad y no acudir a las televisiones, lo que en este caso se tradujo en la petición formal de 15.000 euros como condición para retirar la demanda.

El juez de Instrucción 7, Francisco Javier García García-Sotoca, recoge parte de esa trama en su auto de inadmisión de la querella al recordar que Rosell, en su denuncia, “anudó un hecho legítimo, como es el de impetrar la tutela judicial efectiva ante los órganos jurisdiccionales del orden social, por parte de doña Simona Chambi Ramírez, a una información que dijo haber recibido la hoy querellada señora Rosell de una tercera tercera persona, distintas reseñas que sobre el caso se dieron en algunos medios, infiriendo de todo ello una suerte de confabulación, propiciada desde el partido Vox, a los efectos de intentar chantajearla”.

El fiscal, por su parte, ha sostenido que la denuncia policial de Rosell de julio de 2020 “en momento alguno falta (de acuerdo con los datos y documentos a día de hoy existentes) a la verdad y realidad fáctica conocida, a saber la presentación de una papeleta de conciliación en el Semac, hecho acontecido el día 8-07-20. Las valoraciones jurídicas o tipificación que por parte de la ahora querellada, Victoria Rosell Aguilar, se hayan podido efectuar en dicha comparecencia policial, o en las que de la misma se hayan podido derivar, exceden con mucho al concepto de denuncia o acusación falsa por cuanto entran plenamente en las facultades (más o menos acertadas y en todo caso más o menos prudentes) del que formula la denuncia policial y más específicamente en la interpretación absolutamente subjetiva que al referido acto (presentación de papeleta de conciliación) se le pueda dar por una persona que en esas fechas se dedicaba a la actividad política, con toda la suerte de cargas, informaciones –contrastadas o no- y maniobras de todo tipo que la citada actividad conlleva”.