Orden de detención contra Alfredo Briganty, uno de los acusados del caso Eólico, por no presentarse al juicio

Primer escándalo casi antes de comenzar el juicio del caso Eólico. Uno de los acusados, Alfredo Briganty, no ha comparecido ante el tribunal que juzga esta trama de corrupción, y a petición de fiscal Anticorrupción, Luis del Río, se ha cursado una orden de detención e inmediata puesta a disposición en los juzgados.

Así lo ha decidido el tribunal, que ha suspendido el juicio hasta el próximo viernes, además de abrir un expediente a Briganty, en su condición de abogado, con una propuesta de sanción de 18.000 euros.

El letrado de Briganty, Álvaro Campanario, renunció a su defensa la pasada semana, y el acusado se había nombrado a sí mismo abogado defensor en esta causa. De ahí la propuesta de sanción, como abogado, y que se haya tenido que suspender el juicio, por incomparecencia injustificada.

De haber sido solo acusado y al pesar sobre él una pena de menos de dos años -un año y medio le pide el fiscal por un delito de cohecho-, se podría haber celebrado la vista sin su presencia. Se espera que el viernes Alfredo Briganty comparezca para no retrasar más la vista, que debía empezar este miércoles con la conformación del jurado.

Las acusaciones particulares, el Gobierno de Canarias y una empresa perjudicada, se han adherido a la petición del fiscal, y solo la defensa del principal acusado, el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo, se ha opuesto. El resto no ha alegado nada.

Alfredo Briganty presentó un escrito la víspera de la primera sesión del juicio dirigido al presidente del tribunal de jurado, Pedro Herrera, en el que anunciaba su ausencia de este miércoles. Alegaba que aún no se había resuelto uno de los recursos que había presentado. En concreto, el de súplica contra la decisión de la sala de rechazar su solicitud para posponer el juicio y poder conocer todas las actuaciones practicadas.

El abogado madrileño sostiene, a través del escrito presentado por su procuradora, que esta situación le deja en una situación de “patente indefensión” y justifica su incomparecencia “a la vista de la obstinación en la continuidad del señalamiento y debido a que la asistencia a la fase de selección del jurado no es obligatoria para el acusado”.

El tribunal que juzgará a Briganty y a los otros cinco acusados del caso eólico no tenía constancia la mañana de este miércoles de la existencia ni de la presentación del escrito. En el auto que ordena la detención del abogado, el magistrado Pedro Herrera señala que el procesado, que fue citado el pasado 6 de abril, pidió aplazar un mes el juicio. Esta solicitud fue denegada “en legal forma” por los magistrados que conforman el tribunal. El último recurso presentado por Briganty contra esta decisión, el de súplica, “no produce efectos suspensivos” sobre el inicio de la vista, aclara el juez.

La resolución judicial de este miércoles recuerda las “peculiaridades” del juicio del caso eólico y su “compleja planificación y organización”, al tratarse de un trámite con tribunal de jurado, que debe ser conformado, en el que figuran otros cinco acusados, que cuenta con 99 grabaciones que se reproducirán en el plenario y en el que deben declarar “más de cien testigos” (en realidad, 73, además de siete peritos).

Papel de Briganty en el caso Eólico

En su condición de abogado, Briganty ejercía de representante de una serie de inversores interesados en participar en el concurso eólico de 2004. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el ahora procesado llegó a un pacto con Celso Perdomo, en común acuerdo con el empresario José Ignacio Esquivel, representante de una de esas empresas, Promotora de Recursos Eólicos 2004, para obtener favores en el concurso a cambio de dádivas. Esta sociedad pagó al director general de Industria 12.700 euros el 13 de agosto de 2004. El dinero no se transfirió directamente a las cuentas privadas de Perdomo o de su pareja, la también acusada Mónica Quintana, sino a Proarguineguín SL, empresa que había realizado obras de albañilería en la casa que ambos compartían.

Briganty se enfrenta a una pena de un año y seis meses de cárcel y una multa de 150.000 euros. El abogado es el principal defensor de la teoría de la conspiración y culpa de su procesamiento en el caso eólico a “un sanedrín mafioso” compuesto por “políticos, empresarios, jueces, fiscales policía y periodistas”.