El papel clave del exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, en el caso mascarillas

Canarias está afectada por un total de tres casos relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia. El primero de ellos estalló en 2022 (cuando gobernaba el socialista Ángel Víctor Torres) y está imputado el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez (que también ocupó este puesto en la anterior legislatura de Clavijo). Se le imputan los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en una causa que investiga la Fiscalía Europea al haberse empleado fondos de la UE para la compra de productos. El papel del exdirector del SCS  ha sido clave en ese caso, pero también aparece en la compra de material de la trama Koldo, el presunto fraude por parte de un asesor del exministro José Luis Ábalos. Por esta segunda causa no se encuentra investigado. La tercera causa es la que está  relacionada con la compra de este material y que investiga a cuatro empresarios por delito contra la Hacienda Pública. 

La Fiscalía Europea ha levantado el secreto de sumario para el primero de los casos, en el que está investigado Domínguez y, según adelanta el periódico El Mundo, ha sido ya citado a declarar.

Domínguez había sido director del Servicio Canario de Salud (SCS) en el anterior Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), entre 2015 y 2019. Con el cambio de Ejecutivo en mayo de 2019, Sanidad pasó a ser dirigida por Teresa Cruz Oval, que procedía de un sector del PSOE muy crítico con la etapa de Domínguez. Sin embargo, al estallar la pandemia, el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres lo incorporó como coordinador al Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias. Fue con esa condición con la que negoció contratos de mascarillas.

Según recoge la Fiscalía, en mayo de 2020 Domínguez recibió la llamada de su amigo Osvaldo Lastras, que le presentó a su compañero de trabajo Samuel Machín, y que serían las personas intermediarias que negociaron los términos del contrato de emergencia para Rayco Rubén González. El único nexo entre las partes, destaca la Fiscalía, era “la vinculación de amistad”. Todos “carecían de la mínima solvencia técnica y profesional para acometer” esa operación que buscaba “reponer el stock de los EPI (Equipos de Protección individual) de los sanitarios de los hospitales públicos con mascarillas que tuvieran la clasificación FFP3”.  21 días después de la primera llamada se firmó el contrato con RR7 por cuatro millones de euros para un pedido de un millón de mascarillas FFP3. 

Anticorrupción destaca en su querella que el exdirector del Servicio Canario de Salud, a pesar de ser considerado como “un experto” en gestión, no preguntó cuál era la solvencia profesional y técnica de la empresa. De hecho, la única referencia sobre el material decía que el empresario “tenía un colaborador que podía traer las mascarillas de África”. 

Además, la querella recoge que días antes el Servicio Canario de Salud había rechazado ofertas de empresas que ofrecían mascarillas FFP2 con disponibilidad inmediata porque “ya había en cantidades aceptables para varios meses”. Además, el precio pagado por las mascarillas a la empresa de Rayco Rubén González era “muy superior” (cuatro euros por unidad) al precio mayor (2,94) de todos los contratos de este tipo en Canarias durante la pandemia. 

La autorización de los pagos correspondía a la directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, que abandonó ese cargo en abril de 2022, mes en el que Anticorrupción abrió diligencias. En los contratos de emergencia para el suministro de material durante la pandemia, el mecanismo habitual consistía en anticipar la mitad del importe y pagar el resto cuando se hubiera acreditado que los productos habían llegado. Así fue como se concretó el primer pago en agosto de 2020 y en el segundo, en octubre del mismo año, se consuma lo que la Fiscalía Anticorrupción define como “el timo de Rayco”.

Anticorrupción considera que este segundo pago fue “temerario y negligente” y ocasionó un menoscabo de dos millones de euros a las arcas públicas. Según la querella, de ese dinero obtenido de manera presuntamente ilícita, Rayco Rubén González incorporó a su patrimonio 1,35 millones de euros que destinó a la compra de coches de alta gama (Porsche, Lamborghini, Maserati, Bentley...) a través de un entramado societario y de préstamos entre sociedades de su propiedad, y a mantener “un elevado tren de vida”. 

Así mismo, la Fiscalía señala que “tras el pago de cuatro millones de euros” el adjudicatario del contrato “solo pudo ofrecer una partida de mascarillas falsas”, importadas desde Etiopía. En febrero de 2021, un mes antes de la llegada del cargamento con mascarillas falsas desde ese país, el SCS había iniciado el expediente para resolver el contrato por incumplimiento del adjudicatario. La Dirección General de Recursos Económicos del organismo público lo dio por extinguido en mayo y requirió a RR7 United la devolución de los cuatro millones de euros que había pagado por anticipado sin recibir ni una sola mascarilla. 

En junio de ese año, la empresa remitió un escrito en el que solicitaba la modificación del contrato para cambiar, por el mismo precio, el suministro del millón de mascarillas comprometidas (3M Modelo 1860 N95) por 1,2 millones de unidades de FFP3 de otra marca y modelo. 

El Servicio Canario de Salud accedió, pero RR7 United “jamás cumplió ese nuevo contrato”, destaca el escrito del fiscal, para quien la administración autonómica no solo debió resolver el contrato, sino que, debió reclamar una indemnización por daños y perjuicios. En cambio, le concedió “una nueva oportunidad de modificar las prestaciones”, una “nueva vida jurídica” para “un incumplidor que había importado mascarillas falsas que hubieron de ser destruidas”, añade. 

El caso Koldo

Conrado Domínguez no se encuentra investigado por el caso Koldo. Canarias aparece en esta trama porque gran parte del material sanitario que se compró a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (vinculada al asesor de Ábalos) lo hizo el Servicio Canario de Salud por 12 millones. 

Según una resolución del Servicio Canario de Salud de diciembre de 2020, la empresa entregó en abril 837.000 unidades, pero surgió un problema, pues los servicios de prevención de riesgos laborales de los hospitales canarios detectaron que ese material era de inferior calidad al encargado y pidieron un informe al Centro Nacional de Medios de Protección, que acabó dictaminando que no eran mascarillas FFP2, sino que estaban un escalón por debajo en capacidad de filtrado del aire (FFP1).

En el Portal de Transparencia figura una resolución de noviembre de 2020 por la cual Conrado Domínguez autoriza que se acepte la contraoferta de la empresa, que propuso que las 837.300 mascarillas se valorasen al precio de mascarillas quirúrgicas (a 84,5 céntimos la unidad) y se le diese la oportunidad de entregar 555.000 unidades de otro fabricante con calidad acreditada FFP2/K95. En su resolución, el director de SCS explica que se aceptó el cambio propuesto porque en aquellos momentos (noviembre de 2020) los contagios seguían en ascenso y se necesitaban suministros constantes de material de protección.  

Un informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recoge precisamente que una partida de mascarillas salió defectuosa, por lo que hubo que negociar nuevos importes más baratos. El documento destaca que “posteriormente se confeccionaron contratos para dar cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente”. No obstante, fuentes del anterior Gobierno de Canarias, liderado por Ángel Víctor Torres, remarcan que nunca hubo una “variación o modificación del contrato”. 

“Lo que hubo fue un cumplimiento estricto de lo que dice el contrato. Si tú encargas un determinado producto y el que te llega no cumple las condiciones, tú solo pagas lo que te llega bien”, apuntan. Sobre este caso el expresidente y ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática insiste en que ‘’si alguien se ha lucrado, se ha corrompido, que lo pague“. 

Mientras tanto, esta semana el Parlamento de Canarias ha aprobado una comisión de investigación por los casos mascarillas, en la que todos los grupos han votado a favor. En el Congreso, también se ha aprobado esta comisión, pero el PP se ha abstenido.