El Poder Judicial no encuentra al juez Salvador Alba
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recurrido al Boletín Oficial del Estado (BOE) para tratar de notificar un acuerdo al magistrado Salvador Alba, a quien investiga desde hace casi un año por la presunta comisión de tres faltas disciplinarias, dos muy graves -inobservancia del deber de abstención y revelación de secretos- y una grave -exceso o abuso de autoridad al desviarse del objeto de las diligencias penales para adentrarse en una investigación ajena al procedimiento-. Y es que el órgano de gobierno de los jueces no ha podido localizar al magistrado en su domicilio para notificárselo personalmente. Todos los intentos han resultado infructuosos, según se desprende del anuncio publicado este martes en el boletín.
El CGPJ insta a Alba a comparecer en un plazo de cinco días en las dependencias del Promotor de la Acción Disciplinaria, en Madrid, para recibir la notificación de un acuerdo de trámite adoptado por el órgano de gobierno de los jueces el pasado 7 de abril en el marco del expediente que se tramita contra el magistrado que fabricó una declaración junto a un empresario al que investigaba, Miguel Ángel Ramírez, para perjudicar la carrera política y profesional de la también jueza Victoria Rosell, exdiputada de Podemos por la provincia de Las Palmas.
Preguntadas por el contenido de ese acuerdo que no ha podido ser notificado a Alba, fuentes oficiales del CGPJ aseguran que de momento no pueden facilitar ninguna información al respecto. Tampoco de la prueba documental que fue solicitada a través de otro acuerdo, de fecha 3 de abril, y que también está a disposición del magistrado en las mismas dependencias, según refleja el anuncio del BOE publicado este martes.
El Poder Judicial advirtió a finales de marzo de una “maniobra” del juez para dilatar el procedimiento al solicitar la recusación contra el promotor de la Acción Disciplinaria, Jesús Fonseca-Herrero. Según informó el pasado 29 de marzo el periódico Canarias 7, Alba lo denunció por una supuesta “quiebra de imparcialidad” que trataba de justificar afirmando que se habían producido filtraciones en el seno del expediente disciplinario y que existía una “cuestión litigiosa” entre el promotor y él.
La Comisión Permanente del CGPJ rechazó la causa de recusación planteada por el magistrado investigado, al concluir que no había “indicio alguno” de los hechos denunciados por Alba, en una resolución firme contra la que no cabe recurso. “La correcta teleología del precepto invocado determina que el litigio ha de ser actual y real, y no provocarse de manera ficticia con la finalidad de dilatar el procedimiento o de excluir a quien por imperativo legal debe instruir el expediente”, concluía el órgano de gobierno de los jueces.
Fuentes oficiales del CGPJ han confirmado que el expediente disciplinario abierto al magistrado en noviembre (seis meses después de la incoación de las diligencias informativas) continúa tramitándose.
