La Fiscalía ha solicitado cuatro años de cárcel para el empresario y presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, al que acusa de haber estafado al Estado con el cobro irregular de subvenciones al transporte aéreo de residentes a través de la compañía Islas Airways, ya desaparecida.
Según el escrito de acusación que formula la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, la estafa asciende a 3,4 millones de euros, cobrados irregularmente del Ministerio de Fomento por parte de Islas Airways en la liquidación de las subvenciones otorgadas por el Estado a los residentes canarios en el transporte interinsular.
El Ministerio Público también formula cargos contra Eloísa Concepción y Verónica Concepción, hijas del empresario, quienes formaban parte junto a su padre del consejo de administración de Islas Airways mientras se produjo la presunta estafa, entre 2008 y 2011.
Como alternativa al delito de estafa, la Fiscalía formula acusación por delito de fraude de subvenciones, por el que pide tres años de prisión para los tres encausados.
El Ministerio Público interesa también la inhabilitación para sufragio pasivo para los acusados durante el tiempo de condena y la imposibilidad de recibir subvenciones, ayudas públicas o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
Islas Airways suspendió sus vuelos en octubre de 2012 y entró en concurso de acreedores por una situación de “asfixia económica” que sus directivos achacaban, en buena medida, a la decisión de Fomento de retenerle los pagos de los billetes bonificados para residentes cuando se descubrió el presunto fraude.
En sus conclusiones provisionales, la fiscal estima que los tres miembros del consejo de administración y la propia compañía, se pusieron de acuerdo para liquidar al Ministerio de Fomento cantidades superiores a las que habrían correspondido por la bonificación de las tarifas aéreas a los pasajeros residentes canarios.
En los vuelos interinsulares, los residentes tenían un descuento del 50% en el precio del billete y el Ministerio de Fomento abonaba la subvención directamente a las compañías aéreas por el procedimiento de liquidación.
Sin embargo, la fiscal sostiene que los acusados manipularon la información remitida mensualmente a la Dirección General de Aviación Civil a través de los ficheros de vuelos, “en los que hacían constar a sabiendas cantidades superiores a las realmente pagadas por los usuarios”.
En algunos casos, el presunto fraude consistía en liquidar a Fomento una tarifa completa cuando en realidad el pasajero había obtenido descuentos por programas de fidelización mediante puntos.
En otras ocasiones, según la acusación, los acusados declararon precios hasta tres veces superiores a la tarifa.
Una tercera vía para sobrefacturar consistía en liquidar a Fomento billetes de la tarifa más cara a pesar de que “que ni siquiera habían sido pagados por el pasajero, por tratarse de comisiones de servicio de empleados, billetes de cortesía o billetes para empleados y sus familiares”.
Las cantidades indebidamente percibidas por estos métodos, según los cálculos de la Fiscalía, fueron 64.449,19 euros en 2008, 98.575,33 en 2009, 428.014,86 en 2010 y 2.827.882,98 en 2011.
Además de la responsabilidad penal, la fiscal pide por responsabilidad civil a los tres acusados y a la compañía una indemnización al Ministerio de Fomento por los más de 3,4 millones de euros indebidamente cobrados.
El procedimiento penal y civil viene precedido de una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en 2015 declaró probada la sobrefacturación y por tanto confirmó la decisión de la Dirección General de Aviación Civil de retener el pago de 4,44 millones de euros a Islas Airways y de exigirle la devolución de otros 3,09 millones.