Revés para la alcaldesa de Mogán: la Fiscalía se opone al archivo de la causa de los asesores y pide ampliarla seis meses

La Fiscalía se ha opuesto a la petición de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, de archivar una de las causas penales por las que permanece imputada, la que investiga los sucesivos contratos adjudicados por el Ayuntamiento sureño a dos asesores. En un reciente escrito, el Ministerio Público sostiene que “no es el momento procesal oportuno”, recuerda que quedan diligencias por practicar (aportación de documental y declaración de testigos) y que el plazo de instrucción está a punto de expirar, por lo que, además, solicita una prórroga de seis meses a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana.

La alcaldesa ya prestó declaración ante la jueza en estas diligencias el pasado 7 de junio. Se trata de una de las cuatro piezas en las que se dividió la causa original sobre la presunta trama de compra de votos, archivada por prescripción de los hechos de las elecciones de 2015 y por falta de pruebas en los comicios de 2019. 

Por un lado, esta pieza investiga los contratos concedidos entre 2015 y 2020 a Rayco Guerra, asesor de Urbanismo de la corporación desde octubre de 2019, meses después de haberse presentado a las elecciones municipales en el número 12 de la lista de Ciuca (Ciudadanos por el Cambio) que lideraba la actual alcaldesa. Durante ese lustro, el Ayuntamiento realizó adjudicaciones, bien directamente a Guerra o bien a su empresa familiar, Arpiplan, o a una persona interpuesta, por un importe global que superaba los 276.000 euros, convirtiéndole de esta manera en el contratista único del Ayuntamiento en servicios veterinarios y de salud pública, según reveló el informe de la Guardia Civil que dio origen a esta pieza separada. 

Ese informe también aludía a dos contratos de asesoramiento urbanístico adjudicados al arquitecto Jesús Romero Espeja, que fue director general de Urbanismo y viceconsejero de Política Territorial en dos gobiernos de Coalición Canaria (CC), el partido con el que Onalia Bueno ya concurrió en alianza en los comicios de 2019 y con el que ahora ha estrechado aún más los lazos. Y es que en las elecciones de mayo no solo intentará reeditar la Alcaldía, ya no con Ciuca sino con una nueva marca, Juntos por Mogán, sino que, además, concurrirá en las listas de CC como número tres al Parlamento regional por la isla de Gran Canaria. En caso de que la jueza acepte la petición de la Fiscalía, Bueno acudirá a la cita electoral con la condición de investigada en esta pieza. La alcaldesa ha pedido también el archivo en al menos dos de las otras tres piezas por las que también está imputada.

La acción popular en esta causa, representada por la concejala de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Mogán, Isabel Santiago, ha recordado al juzgado que, aunque el informe de la Guardia Civil solo habla de dos contratos a Romero Espeja de algo más de 20.000 euros, en realidad el gobierno encabezado por Bueno ha suscrito seis por un montante total de más de 75.000 euros. Y, a excepción del primero, de 3.993,75 euros, los otros cinco se adjudicaron exactamente por el mismo importe: 16.048,93 euros. El límite de los contratos menores de servicios está fijado en 15.000 euros (sin incluir IGIC) y su duración no puede superar el año. 

En un escrito remitido al juzgado el pasado verano y reiterado en marzo de este año, la acción popular remarca que cuatro de esos contratos comparten el mismo objeto (servicios profesionales en materia urbanística) con una “evidente concatenación” en el tiempo, de manera que, a su juicio, se vulnera el plazo de un año fijado en la Ley de Contratos del Sector Público para este tipo de procedimientos y evidencia que ese asesoramiento es “una necesidad recurrente” y que, por tanto, debió sacarse a concurso y no adjudicarse de manera directa. Los otros dos contratos, rubricados en 2021, tienen que ver con la redacción de ordenanzas municipales. En todos los casos, quien suscribió los informes para justificar la necesidad de acometer esas contrataciones fue la propia alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. 

La acusación popular recuerda que, cuando fue conocedora de los dos primeros contratos a Romero Espeja, la concejala de Nueva Canarias ya advirtió al interventor de que se podría estar produciendo un fraccionamiento ilegal. En opinión de esa parte, de las sucesivas y posteriores adjudicaciones al mismo arquitecto se desprende “con claridad la conciencia y voluntad de la actuación arbitraria” para beneficiar a Romero Espeja, que también ha sido designado miembro de la comisión de evaluación ambiental del Ayuntamiento de Mogán y que, según la abogada de la edil de NC, percibe una retribución por asistir a sus reuniones. 

Documentos y testificales

La acción popular ha solicitado una batería de diligencias probatorias en esta pieza separada. En relación con la parte referida a la contratación con Rayco Guerra, ha pedido que declare como testigo el anterior responsable de los servicios veterinarios del municipio, que trabajaba con el Ayuntamiento desde 2005 y que fue relegado por el gobierno de Bueno en agosto de 2015, tan solo dos meses después de llegar al poder, en un despido que fue declarado improcedente en los juzgados y por el que el Consistorio tuvo que pagar una indemnización de 13.784 euros. 

También ha solicitado la testifical de tres funcionarias que intervinieron en la “cascada de contrataciones” del Ayuntamiento a Guerra y a la empresa Arpiplan. El asesor de urbanismo cedió las participaciones de la sociedad familiar a su pareja ocho días antes de acceder al cargo. Al igual que en el caso de Romero Espeja, tanto la Guardia Civil como la acción popular sostienen que los servicios contratados eran una necesidad recurrente de la administración y que, por ello, debió ser licitado.

Aparte de las testificales, la acción popular pidió que se librara un oficio al Colegio de Veterinarios para que informara si Rayco Guerra tiene la titulación oficial para ejercer y si existe o ha existido alguna denuncia contra él por intrusismo profesional. El informe de la Guardia Civil recoge que el actual asesor de urbanismo tiene los estudios básicos (el antiguo EGB) y la acción popular incide en un escrito que ha tenido conocimiento de las denuncias del anterior veterinario por intrusismo.

Con respecto a la parte de Jesús Romero Espeja, la concejala de NC ha solicitado la remisión íntegra de todos los expedientes de contratación con el arquitecto, así como de su designación como miembro de la comisión de evaluación ambiental. 

Oposición a la prórroga

La defensa de la alcaldesa de Mogán ya se ha opuesto a la prórroga de la instrucción solicitada por la Fiscalía. En un escrito remitido a los juzgados este jueves, el abogado de Bueno sostiene que ya se han practicado todas las declaraciones de los investigados y se ha aportado “la documental pertinente”, por lo que entiende que alargar el procedimiento otros seis meses lo convertiría en una “causa general de carácter prospectivo”, en busca de nuevos indicios, algo que la ley prohíbe. 

Para la defensa, de las pruebas practicadas hasta la fecha no hay “ni un solo elemento” que permita considerar cometidos los delitos que se investigan en esta pieza separada: prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. 

A juicio de esta parte, que niega cualquier irregularidad en esos contratos, no hay “base indiciaria” para extender la instrucción, sino “puramente especulativa”. La prórroga provocaría una “dilación injustificada”, mantiene en su último escrito.