Su primer aviso lo dio Salvador Alba en 2005, cuando planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Integral de Violencia de Género del ministro socialista Juan Fernando López Aguilar (Gobierno de Zapatero) por considerar que se discriminaba a los hombres. Entonces estaba al frente del Juzgado de lo Penal 3 de Las Palmas de Gran Canaria y su imagen con el pelo engominado explicando sus motivos dio la vuelta a España. Trece años después su nombre vuelve a estar en los diarios tras haber sido suspendido por el Consejo General del Poder Judicial por tener abierto juicio oral por la presunta comisión de cinco delitos en el ejercicio de su cargo como juez: cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, y revelación de secretos.
Salvador Alba Mesa quiso llegar lejos pero siempre permaneciendo cerca de la política. Aquel primer gesto contra una ley de un gobierno socialista lo catapultó pronto a la portavocía en Canarias de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y años más tarde a intentar sin éxito -de la mano del entonces poderoso presidente del PP canario, José Manuel Soria- acceder al Consejo General del Poder Judicial y ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Fracasó pero siguió cercano al Partido Popular y a Soria, sobre todo cuando este alcanzó la gloria de sentarse en el Consejo de Ministros.
En octubre de 2015 Alba pidió al presidente del TSJC, Antonio Doreste, que le nombrara juez sustituto de la magistrada Victoria Rosell al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Ya tenía cubiertos los seis meses legalmente previstos por año y juez para hacer sustituciones, pero su insistencia dio sus frutos. El mismo día que llegó a aquel juzgado se reunió con la fiscal de delitos económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, para impulsar la causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, investigado por delito fiscal y fraude a la Seguridad Social. Enseguida le impuso una fianza de 35 millones de euros, la mayor de la historia de la justicia en Canarias, ordenó nuevas diligencias de investigación contra él y lo citó a una reunión privada en su despacho para confirmar si era verdad que tenía información que pudiera comprometer a la magistrada Victoria Rosell, que había abandonado el juzgado con una excedencia para convertirse en diputada de Podemos.
¿Qué buscaba Alba? Eso se terminará aclarando en el juicio al que tendrá que enfrentarse como acusado, en una fecha aún por determinar, pero todos los caminos conducen a José Manuel Soria, por entonces ministro de Industria en el Gobierno de Rajoy. Soria había interpuesto una querella contra Rosell ante el Supremo por injurias y calumnias y, con la irrupción de Alba en su juzgado, la amplió a prevaricación y retardo malicioso. Para su admisión a trámite, la querella necesitaba de un informe del juez sustituto de Rosell, un informe que dijera a las claras que la causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez se retrasaba porque la jueza tenía interés directo o indirecto al existir relaciones comerciales de su pareja, el periodista Carlos Sosa, con el investigado.
Alba convocó a Ramírez a su despacho el 16 de marzo de 2016 y allí pactó con él archivarle sus delitos fiscales si a cambio le proporcionaba pruebas que pudieran comprometer a la diputada de Podemos. Ramírez se prestó al juego, pero grabó aquella conversación con un dispositivo escondido en su chaqueta, la prueba que dejó desnudo al juez justiciero que quiso acabar con la carrera profesional y política de su colega. Porque inmediatamente después de que Ramírez le diera las pistas que pedía, Alba envió un durísimo informe al Tribunal Supremo que sirvió para que la querella de José Manuel Soria resultara admitida a trámite. Un mes después supo que su conspiración había quedado al descubierto al publicarse la grabación de su reunión con el empresario en eldiario.es.
La diputada Rosell se vio obligada a dimitir en aplicación del código ético de Podemos, lo que Soria interpretó como un triunfo sobre una adversaria que en su circunscripción electoral de Las Palmas quedó a tan solo 9.000 votos. Sin embargo, su querella contra la magistrada resultó archivada al descubrirse que las relaciones comerciales que Ramírez aportó a Alba eran anteriores a 2009 y que con la empresa investigada no había ni un solo contrato. Pero para el juez Alba se iniciaba en mayo de 2016 una pesadilla: la Sala de lo Civil y Penal del TSJC de Canarias le abría una causa penal para investigarlo tras recibir la grabación en la que se le escuchaba maquinar para engordar la querella de Soria: “La querella ya iba bien, pero con esto ya…”, se le escucha decir después de frases tan elocuentes como “llevamos esto al procedimiento y ponemos en marcha la maquinaria”.
La instrucción ha durado más de dos años y durante ese tiempo el juez Alba ha intentado básicamente tumbar la prueba de la grabación que le hizo Miguel Ángel Ramírez con todo tipo de periciales contradictorias. No ha tenido éxito a pesar de contar para su defensa nada menos que con el abogado de José Manuel Soria, el catedrático Nicolás González-Cuéllar.
Alba ha aguantado en silencio pequeñas deserciones durante la instrucción, como la de la fiscala Evangelina Ríos, que lo acompañó en algunas peripecias durante el tiempo que el juez investigó al empresario Ramírez. Sin ella no hubiera sido posible el acto formal de declaración en el que Ramírez habló de los contratos con la empresa de la pareja de Rosell, declaración que meses después la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó expulsar del procedimiento por ser ajenas a él.
Durante estos dos años, la Audiencia Provincial de Las Palmas ha hecho descansar sobre Alba responsabilidades como presidir el juicio por el caso Faycán, uno de los primeros asuntos de corrupción que salpicaron al PP de José Manuel Soria. Este concretamente en la ciudad de Telde, con dos alcaldes populares sentados en el banquillo y sometiéndose a peticiones de la Fiscalía de hasta cinco años de prisión. A Alba se le designó, además, ponente de autos muy delicados relacionados con sumarios muy relevantes de corrupción, como el caso Unión, en Lanzarote, una compleja trama de compra de políticos por parte de determinados empresarios.
La apertura de juicio oral y la baja médica
Pero su aparente prudencia saltó por los aires el día 10 de mayo, cuando la magistrada que lo investigó, Margarita Varona, dictó auto de apertura de juicio oral y le endosó cinco delitos con los que ir al banquillo de los acusados previsiblemente antes de que finalice el año.
Alba cambió por completo su estrategia, y de repente anunció en público que su escrito de defensa iba a sacudir a la sociedad española y que todos sabrían cómo está de corrupta la judicatura, que hay magistrados que aceptan regalos y que, en el peor de los casos, él no es una rara avis. De momento lo único que ha denunciado es una conversación suya con el presidente del TSJ de Canarias, Antonio Doreste, al parecer celebrada en octubre de 2016 en los garajes de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Él, que sucumbió víctima de una grabación, hizo lo mismo con su superior jerárquico y envió a la Fiscalía General del Estado una presunta conversación entre ambos en los que se oye a Doreste advertirle que tenga cuidado, que está siendo vigilado, indiciariamente por el mismo empresario que lo grabó, Miguel Ángel Ramírez. Alba fracasó en la Fiscalía y ha trasladado la misma denuncia y la misma grabación al Tribunal Supremo, sin que por el momento se conozca cuál es el estado de tal iniciativa.
Paralelamente, el juez abrió una vía de escapatoria para esquivar la suspensión cautelar que este mismo jueves decretó el Consejo General del Poder Judicial: una baja médica. Para ello acudió al médico Sergio Hernández, un doctor de familia adscrito a un centro de salud de Las Palmas de Gran Canaria, que le expidió una baja inmediatamente después del auto de apertura de juicio oral. Hernández está a punto de sentarse en el banquillo por haber falsificado la historia clínica de su exesposa, a la que añadió diversos trastornos mentales mientras ambos peleaban en los juzgados en un duro pleito de divorcio con hijos por medio. La Fiscalía pide para él 6 años de prisión, y el Servicio Canario de la Salud lo está esperando para expulsarlo una vez haya sentencia. Este particular facultativo no aparece en ninguno de los cuadros médicos de las aseguradoras con las que opera la Mutualidad General Judicial, a la que están adscritos los trabajadores de la Administración de Justicia.
La última baja médica de Alba aparece firmada por un pediatra, Juan Carlos Alayón, que teóricamente no es competente para atender a personas mayores de 14 años. Con ella se marchó el pasado 8 de julio junto a su familia a unas vacaciones en las islas Maldivas, de las que regresó diez días después. En el TSJC le han abierto una investigación reservada para conocer los pormenores de esas dos bajas por si pudiera haber en ellas algún tipo de irregularidad.
Salvador Alba (Baena, Córdoba, 1970) fue abogado antes que juez. Proviene de una familia humilde, y según relató el día que se estrenó como cantante folk en una terraza de Salinetas, a la que con frecuencia acude su amigo José Manuel Soria, se costeó parte de su carrera cantando. Pasó por el seminario menor de Córdoba e hizo un Erasmus en Bari (Italia) que le condujo a incluir en su currículo que es poseedor de un diploma en “Derecho Internacional Público y Terrorismo”.
Está casado en segundas nupcias con la secretaria judicial (hoy letrada de la Administración de Justicia) Teresa Lorenzo, cuya relación comenzó cuando ambos ejercían en Penal 3, el juzgado desde el que Alba cuestionó la Ley de Violencia de Género. Paradojas de la vida: su esposa ejerce ahora como secretaria del juzgado de Violencia de Género número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.