Un trabajador lleva a juicio al Consulado de Marruecos en Canarias por daño moral

Extinguir el contrato laboral e indemnizarle con 55.000 euros o reincorporarlo como conductor con un horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Es la oferta que este pasado jueves trasladó el abogado del Consulado de Marruecos en Canarias a un trabajador para evitar que se celebrara un juicio en el Juzgado de lo Social 3 de Las Palmas de Gran Canaria. No lo consiguió. El empleado ha rechazado el acuerdo. Quiere que se celebre la vista porque pretende acreditar el daño moral que, según dice, se le infligió durante meses en su trabajo.

El juicio no se ha podido celebrar este jueves y ha sido aplazado para principios de noviembre. El demandante ejerce desde hace 16 años en el Consulado de Marruecos. Hasta la llegada de la actual cónsul, Fatiha El Kamouri, en septiembre de 2022 este trabajador era responsable de la caja, así como del mantenimiento y la actualización de los archivos de la institución. Además, tiene una amplia agenda de contactos, lo que le había permitido actuar en el día a día como un enlace entre el Consulado y personas que trabajan en centros que acogen a menores extranjeros no acompañados. También  colaboraba en las labores de recepción de la ciudadanía marroquí.

Hace un año y medio se le despojó de esas funciones y se convirtió en el conductor de la cónsul. Ahí es donde comenzaron los problemas, tal y como recoge la demanda, ya que la representante consular le exigía “disponibilidad plena” las 24 horas del día, incluidos los fines de semana, y no le permitía mantener relación con el resto de los compañeros. 

Según su relato, se tenía que pasar horas esperando en el coche, “a modo de portero”, hasta que su jefa lo requiriera o personarse en el domicilio de la cónsul tras solicitudes “a deshoras”, incluso los fines de semana, para realizar algunos recados para ella o su familia.  También refería en su demanda haber sufrido otras actitudes de hostilidad por parte de la cónsul. Tras quejarse, fue trasladado a la quinta planta del edificio consular, donde no se encuentran sus compañeros, y “bajo órdenes expresas” de no comunicarse con ellos. 

Este trabajador presentó dos demandas. Una de reclamación de cantidades (por conceptos como antigüedad o bolsa de vacaciones) y otra por modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y vulneración de sus derechos. Por esta segunda reclamaba una indemnización de 30.000 euros. El Consulado de Marruecos le ha propuesto un acuerdo para zanjar los dos pleitos. En concreto, le ha propuesto la extinción del contrato laboral con una indemnización de 55.000 euros o la reincorporación como conductor y en el horario fijado en su contrato (de 9 a 17 horas). Sin embargo, el trabajador lo ha rechazado. Quiere que se celebre la vista porque quiere demostrar los daños que le han provocado. La demanda habla de un comportamiento “hostil, prepotente y humillante” por parte de la cónsul hacia los agentes locales del Consulado (trabajadores contratados bajo la normativa laboral española). 

En el juicio declararán como testigos varios compañeros de trabajo y una psicóloga que ha elaborado un informe que acredita los problemas ansioso-depresivos que ha sufrido este trabajador y los asocia a su situación laboral. 

Desde la llegada de la actual cónsul a Canarias, al menos seis agentes locales han presentado demandas contra la institución. Hasta la fecha sólo se han resuelto dos casos. Uno de ellos versaba sobre un despido y acabó con un acuerdo entre las partes. El segundo, con una sentencia que estimaba en su integridad la demanda que una de las empleadas más veteranas del Consulado marroquí había presentado en reclamación de cantidades. 

En esa sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la titular del Juzgado de lo Social 11 de Las Palmas de Gran Canaria considera acreditado que el Consulado de Marruecos dejó de abonar a la empleada las bolsas de vacaciones de 2022 y 2023 o la antigüedad conforme al complemento de convenio y obliga a pagar más de 16.000 euros. 

Hay que recordar que en noviembre de 2022, dos meses después de la llegada la cónsul, un grupo de agentes locales del Consulado de Marruecos (trabajadores que se rigen por la normativa laboral española) remitió un escrito a los ministros de Asuntos Exteriores de Marruecos y España, así como a la embajadora de Marruecos, el delegado del Gobierno de España en Canarias y el Defensor del Pueblo, para solicitar su intervención con el objetivo de acabar con “las conductas hostiles” y los “incumplimientos laborales”. 

La mayoría de ellos estuvo de baja laboral por ansiedad, aunque algunos han ido reincorporándose de manera progresiva.