- La Fiscalía acusa a Troya de falsificar facturas en concepto de transportes y materiales de obras no suministrados con el propósito de “enriquecerse de manera ilícita” al haber arrendado parte de ferretería que abastecía a la corporación, Morales Ravelo S. L., para constituir su empresa Las Casillas
“No había control al adquirir los materiales para las obras. No había contrato, concurso, expedientes, ni nada. Se miraba qué se necesitaba y si había dinero se compraba”. Un total de 19 capataces, albañiles, conductores y otros profesionales del Ayuntamiento de Santa Brígida han declarado este miércoles como testigos en la segunda sesión del juicio del caso Brisan, por el que se acusa al exconcejal del PP de Vías y Obras del municipio, Luis Troya, de malversación y falsedad documental al firmar entre el 2000 y 2006, durante la Alcaldía de Carmelo Vega, facturas falsas en concepto de materiales de construcción y transportes por servicios no prestados solo para “enriquecerse de forma ilícita”, al haber arrendado parte de la ferretería Morales Ravelo, la principal suministradora de la corporación municipal entre 2000 y 2006.
Los testigos han evidenciado en el juicio el descontrol que existía en el Ayuntamiento al comprar los materiales. “Yo no tenía contratos con el Ayuntamiento. Venían, compraban y ya está”, señaló el dueño de otra de las ferreterías del municipio. El concejal de Deportes, Juan Umpiérrez (Plataforma Vecinal de Santa Brígida), que también formó parte del equipo de Gobierno durante los años en los que se habría desarrollado la trama Brisan, reconoció que la falta de presupuestos suficientes impedía e impide aún hoy que las relaciones comerciales con las ferreterías se formalicen en forma de contrato de suministro a través de un concurso público.
“Se compra en distintas ferreterías hasta que llega al tope permitido por la Ley”, puntualizó Umpiérrez. En esta línea, un informe elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias tras una auditoría sostiene que en doce ocasiones se procedió al fraccionamiento de los pagos a la empresa Morales Ravelo para posibilitar relaciones comerciales sin contrato al tratarse de cantidades que superaban el límite de la contratación directa sin licitación (12.020,24 euros).
Dos ferreterías, un teléfono, un edificio y las mismas facturas
La ferretería Morales Ravelo, del empresario y también acusado Pedro Morales, ha sido desde principios de los años 80 la principal suministradora del Ayuntamiento de Santa Brígida. Sin embargo, en 2003, Luis Troya arrendó parte de la compañía para constituir la sociedad limitada Las Casillas. Ambos investigados insisten en que se trata de dos negocios totalmente diferentes y que, dada la condición de concejal que tenía entonces el político, Las Casillas nunca suministró materiales a la corporación. Sin embargo, las declaraciones de los testigos han puesto en duda tanto la ausencia de relaciones comerciales entre el Ayuntamiento y la empresa de Troya, como la distinción evidente que los acusados aseguran que existe entre ambas empresas.
“Es una sola ferretería con el logo de Las Casillas. Tiene dos plantas: arriba se despachan herramientas y abajo material de construcción como áridos o tierra”, “Yo creo que es la misma, Morales y Troya son suegro y nuero”, afirmaron dos testigos. Por el contrario, otros trabajadores aseguraron que se trata de negocios distintos: “Cuando íbamos a comprar teníamos que ir a sitios diferentes a hacer los vales. En Morales Ravelo comprábamos áridos y en Las Casillas materiales de ferretería”.
El abogado que asesoró al exconcejal del PP cuando este quería constituir una empresa también estuvo presente en la segunda sesión del juicio, insistiendo en que “el edificio no mantiene la unidad” y que los negocios están separados. Sin embargo, en un documento elaborado por el jurista y que le fue exhibido, él mismo afirmaba lo contrario: que se trata de una instalación unificada. “Está claro que la redacción no fue la correcta”, apuntó el letrado.
En la primera sesión del juicio, uno de los agentes de la Guardia Civil que prestó declaración como testigo aseguró que durante su intervención en la ferretería, había localizado facturas con el membrete de Morales Ravelo S. L. en la zona que teóricamente corresponde a Las Casillas S. L. Asimismo, además de edificio, las dos empresas comparten un mismo número de teléfono que, según el exconcejal, se mantiene por ser la línea que ya conocen los clientes.
Tampoco hay consenso sobre los vehículos que transportaban los materiales de obra. Uno de los puntos que sostiene la acusación es que se firmaban facturas en concepto de transporte por cargas que podían ser asumidas por los camiones del Ayuntamiento. Es el caso de la cifra más abultada que se localizó en las facturas intervenidas, 6.522 euros por un traslado de materiales desde la ferretería de Morales Ravelo hasta el almacén de la corporación.
En este contexto, algunos testigos se mostraron convencidos de que los camiones del Ayuntamiento cuentan con la capacidad suficiente como para llevar los recursos de obra comprados y que solo en ocasiones muy puntuales se contrataban servicios privados. Por el contrario, también hay trabajadores que mantienen que la carga máxima que soportan los vehículos públicos es de 17.000 kilos. Por lo que en caso de edificaciones grandes los traslados los hacían camiones de Morales Ravelo. Es el caso del campo de fútbol provisional que se instaló para sustituir al que se derribó con la intención de crear el centro comercial de Santa Brígida, conocido como el 'mamotreto'.
La custodia de las facturas
Una de las incógnitas que sigue sin despejarse en esta presunta trama de corrupción es conocer a quién correspondía la función de comprobar la veracidad de las facturas. Los dos interventores implicados, acusados de firmar órdenes de pago sin formular reparo alguno “conociendo las graves irregularidades de estas”, insistieron en la primera sesión del juicio en que su labor es dar el visto bueno a la corrección formal de las facturas, y no a la certeza de sus contenidos. Este jueves, el entonces auxiliar administrativo del almacén del Ayuntamiento también ha afirmado que esa tampoco era su responsabilidad, a pesar de que en gran parte de las ocasiones los trabajadores, tal y como han relatado en sus declaraciones, dejaran las facturas, vales y albaranes en este local.
La tercera y última sesión del juicio tendrá lugar este jueves a las 9.45 horas en la sala 25 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.