El Tribunal de Cuentas ha archivado de forma provisional el llamado caso Mascarillas, por el que se investiga al Servicio Canario de Salud (SCS) por el pago de cuatro millones de euros, en plena pandemia de coronavirus, por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas.
El decreto, al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que cabe interponer recurso de reposición, procede de un escrito presentado por la Audiencia de Canarias en el que se advertía de presuntas irregularidades en un contrato de emergencia suscrito con la sociedad RR7 United.
En el acta de liquidación provisional (fecha 14 de diciembre de 2022) se reconocía el daño a las arcas públicas pero al mismo tiempo constaba como acreditado que se había iniciado, por parte del Servicio Canario de Salud, el procedimiento tendente a la recuperación del dinero por medio de la providencia de la Agencia Tributaria Canaria de 12 de noviembre de 2022 al no haber sido realizado el reintegro en periodo voluntario.
El Ministerio Fiscal, por medio de escrito de 26 de enero de 2023, solicitó la incoación del juicio contable y su inmediata suspensión en tanto no concluyera el procedimiento iniciado por la administración canaria para el cobro de la deuda y desde el SCS se solicitó en febrero el archivo de las actuaciones.
Ahora, el Tribunal de Cuentas se basa base al artículo 179.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que “el curso del procedimiento se podrá suspender de conformidad con lo que se establece en el apartado 4 del artículo 19 de la presente ley, y se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes”.
Así, “si transcurrido el plazo por el que se acordó la suspensión, nadie pidiere, en los cinco días siguientes, la reanudación del proceso, el Letrado de la Administración de Justicia acordará archivar provisionalmente los autos y permanecerán en tal situación mientras no se solicite la continuación del proceso o se produzca la caducidad de instancia”.
En este caso, al no pedirlo ninguna de las partes, se acuerda el “archivo provisional de los autos los cuales habrán de permanecer en dicha situación en tanto las partes no soliciten su reanudación o se produzca la caducidad de la instancia”.
Entre los investigados se encuentran, entre otros, el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias; la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez Afonso, por presunta prevaricación administrativa y el administrador único de RR7, Rayco González, por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales.
La causa penal sigue abierta en la Fiscalía Europea, que reclamó la competencia por el uso de fondos europeos.
El PSOE, satisfecho con el archivo
Tras conocerse el archivo, el PSOE Canarias ha valorado de forma satisfactoria el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas y ha recordado que fue el anterior Ejecutivo regional quien, de forma voluntaria y antes de abrirse cualquier procedimiento judicial, activó los trámites legales para lograr la recuperación de este dinero, llegando a recuperar una parte importante del mismo.
El PSOE asegura que siempre creyó y defendió el buen hacer de los máximos responsables de esta gestión, “quedando acreditado por parte del Tribunal de Cuentas que, con la puesta en marcha de los mecanismos oportunos para la recuperación de las cantidades menoscabadas en este contrato de suministro, se ha primado el interés general”.
En este sentido, el PSOE subraya que la resolución recuerda que la Agencia Tributaria Canaria inició, a instancias del SCS, un procedimiento de apremio para rescatar este dinero al que siguió la activación de la fase de embargo sobre mismas cantidades adeudadas.
El Tribunal de Cuentas ya avaló en julio de 2022 la administración del Servicio Canaria de la Salud y ahora vuelve a hacer lo propio, respecto a una operación que tuvo lugar en un momento de máxima excepcionalidad como fue la pandemia y cuya razón de ser era brindar una alternativa a la escasez de material de protección existente en el mercado.
Mascarillas falsificadas
En 2020 el Servicio Canario de Salud (SCS) formalizó un contrato de emergencia con la empresa RR7 United, dedicada a la compraventa de vehículos, para la adquisición de un millón de mascarillas FFP3 que debían servir para proteger a los sanitarios de los hospitales canarios al inicio de la pandemia de COVID-19. La mercantil había cobrado por anticipado los cuatro millones de euros fijados (cuatro euros por mascarilla), pero no llegó a entregar el material. En marzo de 2021, la Agencia Tributaria Española había destruido una partida de 910.000 unidades llegada al aeropuerto de Gran Canaria después de que la fabricante 3M advirtiera de que esa mercancía estaba falsificada. Y la administración, a la vista de este incumplimiento, resolvió el contrato con RR7 en mayo y le reclamó la devolución de los fondos librados.
Pero en lugar de finalizar la relación con dicha empresa, se modificó el contrato con ella. Este es uno de los argumentos para la querella firmada por el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, porque dicha modificación supone una “flagrante” vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público. Con el contrato extinguido formalmente desde hacía dos meses, el SCS aceptaba darle una segunda oportunidad a la empresa incumplidora, que había propuesto cambiar la marca y modelo de mascarilla prevista en el contrato (1869 N95 de 3M) por unas Honeywell Superone. Se mantenía el importe, pero variaba la cantidad. En vez de un millón de unidades, 1,2 millones. Es decir, el precio unitario de las mascarillas pasaba de cuatro euros a 3,33 más de un año después, en condiciones de mercado muy diferentes, sin los agobios de la fase inicial de la pandemia, cuando el material era muy escaso y la demanda muy elevada. La administración dio siete días de plazo a RR7 para servir esta mercancía. Tampoco cumplió.
Es uno de los episodios más controvertidos del denominado caso Mascarillas que investiga el Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales contra los tres imputados en este procedimiento.
La resolución que acepta la modificación del contrato está fechada el 16 de julio de 2021 y firmada por el entonces director del SCS, que acabó dimitiendo. Durante las declaraciones prestadas por los investigados y testigos ante el fiscal Anticorrupción en las diligencias preprocesales se ofrecieron versiones contradictorias sobre su gestación, sobre quién es la persona que decide ejecutar el cambio que, a juicio del representante del Ministerio Público, constituyó un “claro abuso de desviación de poder”. Es un dato que reviste especial importancia a la hora de articular una eventual acusación contra los imputados por el delito de prevaricación, aquel que comete una autoridad o funcionario público que, por acción u omisión, se aparta de la legalidad a sabiendas de su injusticia.