La ultraderecha irrumpe en el juicio contra Salvador Alba

Salvador Alba no ha estado solo del todo en el juicio que comenzó el 1 de julio y en el que se sienta en el banquillo para responder por cinco presuntos delitos, cometidos cuando maquinó contra la jueza Victoria Rosell, diputada de Podemos. Ésa, la de estar solo en compañía de su abogado Pedro Ayala (el director de la defensa, González-Cuéllar, solo asistió a la primera sesión), pudiera ser la impresión que daba al público que se acercó la semana pasada a la sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la plaza de San Agustín de la capital grancanaria.

Alba entró cada mañana al Palacio de Justicia acompañado cada vez por menos personas. El primer día hicieron piña junto a él sus dos abogados, Nicolás González-Cuéllar Serrano y Pedro Ayala, y su esposa Teresa Lorenzo, que eligió para la primera sesión una vestimenta entre hippie y patriótica porque a la falda y las botas sesenteras añadió una cazadora vaquera de la que llamaba la atención la inmensa bandera española con distintivo taurino que llevaba a la espalda.

Teresa Lorenzo, secretaria del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, ocupó fugazmente plaza de vocal de la junta directiva de Vox en la ciudad bajo la batuta de José Luis Moyano, un excéntrico administrador de fincas que fue expulsado fulminantemente del partido tras varias informaciones de este periódico que lo involucraban en actuaciones incompatibles con el reglamento del partido de extrema derecha, como amenazar a un policía nacional con los males que le caerían encima si él o cualquiera de sus amigos llegara a ministro del Interior.

Moyano y Teresa Lorenzo se vieron destituidos por la cúpula nacional de Vox del mismo modo que le ocurrió al abogado Eduardo Mendoza, amigo de la familia Alba-Lorenzo desde que dirigió el pleito de divorcio del juez Alba de su primera mujer, con la que tiene un hijo ya mayor de edad que acompañó a su madre de regreso a Córdoba tras aquella ruptura. 

Mendoza y Teresa Lorenzo formaron parte de esa ejecutiva local de tan breve recorrido ejerciendo en realidad como avanzadilla de lo que podía haber sido el desembarco del polémico magistrado, que no ha ocultado su simpatía por Vox en los últimos meses. A Salvador Alba se le pudo ver compartiendo mesa y mantel con Santiago Abascal en abril de 2018 durante una cena a la que solo acudió un escogido y reducido grupo de dirigentes y simpatizantes.

Más recientemente, y ya suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial, que tiene pendiente su expulsión a resultas de la sentencia que recaiga tras el juicio que se reanuda este jueves, Salvador Alba y la secretaria judicial de Violencia 1 de Las Palmas de Gran Canaria no se ocultaron lo más mínimo durante el mitin que celebró en la ciudad el secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith.  Hasta se fotografiaron con él sonrientes en el photocall instalado en el recinto.

Eduardo López Mendoza solo ha podido pasarse una sola vez por la sala de vistas del TSJ de Canarias, pero su presencia no pasó inadvertida para nadie. Se situó en las primeras filas reservadas para el público y se fundió en un sonoro abrazo con Salvador Alba a la vista de todos y en medio la sala al decretar un receso el presidente del tribunal.

Su relación con Alba ha sido permanente a lo largo de todo el proceso que ahora concluye en el juicio. Este abogado de extrema derecha ha actuado como brazo armado del juez en distintas acciones contra la magistrada Victoria Rosell, desde la interposición de querellas -todas inadmitidas de plano en el TSJ de Canarias- hasta denuncias ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, también sin éxito.

Mendoza fue el autor de un pintoresco escrito ante la Fiscalía de Las Palmas en mayo de 2016 denunciando que el empresario Miguel Ángel Ramírez había sido objeto de amenazas a través de mensajes de WhatsApp provenientes del entorno de Victoria Rosell, concretamente de su pareja, el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Unas amenazas y unos mensajes inexistentes, como declaró en su día ante el Ministerio Público el empresario pretendidamente amenazado, al que López Mendoza dijo querer defender por “simpatía” hacia él y sin que nadie se lo hubiera pedido. La denuncia fue archivada con cajas destempladas.

Negociaciones con un asesino

Pero en este proceso que ha conducido al juez Alba al banquillo hay más llamativos ultraderechistas respaldándolo. El nombre de Ramón Francisco Arnau de la Nuez lo pronunció la jueza Victoria Rosell durante su declaración el martes pasado. Autoproclamado Coronel Araña, el falangista Arnáu de la Nuez es un viejo conocido de la Policía y de los jueces de media España, particularmente de los de Canarias. Se encuentra en estos momentos cumpliendo condena por homicidio, pero ya ha sido condenado anteriormente por otros delitos, como estafa.

Cuando más acorralado estaba Salvador Alba por la aparición de pruebas que lo involucraban en la maquinación, en marzo de 2017, el Coronel Araña le envió un correo electrónico a su cuenta personal ofreciéndole información que la comprometería. Alba se mostró interesado en la oferta del delincuente y llegó a confesarle que siempre había sido su deseo desenmascarar a su compañera. Alba y Arnau intercambian correos cada vez de modo más cordial, pero todo se quiebra en el momento en el que el Coronel Araña le pide 1.000 euros para cubrir los gastos de sus emisarios, contra lo que el juez se revuelve dando por zanjadas las conversaciones y denunciando a su interlocutor ante la Fiscalía de Las Palmas. Fue así como se conoció ese oscuro episodio porque, una vez indagado el asunto, la Fiscalía remite el lote de correos a la causa que ahora se enjuicia en el TSJC.

Salvador Alba reconoció en su escrito ante el Ministerio Público conocer sobradamente a Arnau de la Nuez, al que en el pasado no solo se le ha vinculado con la ultraderecha, sino también con los servicios de información del Estado. La Policía lo conoce de sobra por sus escaramuzas al más puro estilo de las cloacas del Estado, unas veces filtrando información falsa sobre casos como la desaparición de Sara Morales, y otras denunciando una conspiración inexistente para atentar contra el juez Miguel Ángel Parramón que obligó a un despliegue policial inútil que duró lo que tardaron los agentes en desentrañar el engaño: el preso quería a cambio un permiso carcelario. Todo producto de su mente y de sus altas capacidades para la manipulación y la estafa. 

¿Un hijo de Emilio Hellín?

Pero la incorporación estrella a la defensa del juez Salvador Alba es el perito forense Jonathan Hellín Rodríguez, quien desde el principio de la causa se ha ocupado de los informes destinados a intentar invalidar la grabación en la que se escucha a su cliente maquinando para perjudicar a la jueza Victoria Rosell.

Hellín está directamente vinculado al ultraderechista Emilio Hellín Moro, el militante de Fuerza Nueva que asesinó en 1980 a la socialista Yolanda González en uno de los crímenes más conocidos de la transición democrática. Hellín Moro fue condenado a 43 años de prisión, de los que solo cumplió 14.

A su salida de la cárcel, en 1996, se cambió su nombre por el de Luis Enrique y orientó su vida a la pericia forense aprovechando que aún conservaba buenos contactos y buenas amistades en la Policía.

En compañía de Rebeca Rodríguez, Emilio Hellín constituyó en 2010 una empresa, New Technology Forensics, para la que trabaja el perito de Alba, cuyos apellidos coinciden con los de los dos socios de la mercantil.

Bajo esa enseña, los Hellín Moro, Hellín Asensio (también hijo del primero) y Hellín Rodríguez han realizado trabajos tan conocidos como las periciales de la Policía en el caso Faisán o, por encargo del sospechoso, en el crimen de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en el que resultó asesinada María del Carmen Sala.

Su participación en muchas diligencias penales, especialmente cuando se trata de asesinatos, no ha estado exenta de polémicas tras conocerse los antecedentes penales del apoderado de la empresa. En el caso concreto del crimen de la CAM, fue el Ministerio Fiscal el que pidió que Hellín Moro fuera apartado como perito por esa causa.

Jonathan Hellín entró en las diligencias previas 10/2016, las que han desembocado en el juicio contra Salvador Alba, realizando un informe forense a partir de los audios emitidos a través de YouTube por eldiario.es, en los que se basó para alegar ante la jueza instructora que la grabación que Ramírez había presentado ante la jueza Carla Vallejo estaba manipulada. Eran cuatro audios que, efectivamente, habían sido extraídos por el periódico de la grabación aportada por Ramírez y, por lo tanto, evidentemente editados para poderlos publicar.

El perito de Alba es un declarado simpatizante de Vox, como lo atestiguan sus publicaciones en Facebook.

Jonathan Hellín declarará este jueves ante el tribunal que juzga a su cliente y, a tenor de los varios informes ya aportados a la causa, tratará de demostrar que Salvador Alba es víctima de una conspiración y que la voz que aparece en el audio conocido como REC004 no es la suya, a pesar de haberlo reconocido y de haberse admitido así durante la instrucción. Frente tendrá a los dos peritos de la Guardia Civil que han dado por buena la prueba al considerar que se trata de una grabación íntegra de la que Miguel Ángel Ramírez extrajo los dos audios (REC001 y REC002) que presentó ante el juzgado en una comparecencia de junio de 2016 con la que se desmoronó la operación que Alba había montado para favorecer la querella de José Manuel Soria contra Victoria Rosell que el Supremo acababa de admitir a trámite.

Salvador Alba se enfrenta a peticiones de prisión que oscilan entre los 10 y los 14 años y a penas de inhabilitación de 30 años por haber cometido presuntamente los delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, negociaciones prohibidas y revelación de secretos.

El juicio quedará visto para sentencia este viernes una vez el tribunal escuche íntegramente la grabación de la conversación entre Ramírez y Alba, interrogue a los peritos y escuche los informes de conclusión de las partes. Salvador Alba tendrá derecho a una última palabra.