Vencido el plazo para entrar en prisión, Salvador Alba sigue en libertad, cobrando como juez y sin pagar a su víctima

La justicia se toma su tiempo para ejecutar la sentencia que condenó al juez (suspendido en sus funciones) Salvador Alba Mesa a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación, entre otras penas. Ya han pasado más de dos meses desde que el Tribunal Supremo ratificara la condena que le impuso en septiembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), y ya ha vencido el plazo de diez días que ese mismo tribunal le dio para que ingresara voluntariamente en prisión. A día de hoy, Salvador Alba sigue siendo juez, sigue cobrando un salario del Ministerio de Justicia, está en libertad y todavía ni ha ingresado la multa de 12.000 euros que se le impuso ni ha pagado a su víctima, la magistrada Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, los 60.000 euros de indemnización a la que fue condenado.

En una providencia notificada este miércoles a las partes, el TSJC ha cedido a las peticiones de Alba de ser citado personalmente para notificarle su obligación de ingresar en prisión y ha fijado para tal acontecimiento el próximo martes, 1 de febrero, a las 11.00 horas, cuando se cumplirán 68 días desde que la sentencia adquiriera firmeza de la mano de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ante ella el condenado ha interpuesto un último (por el momento) recurso: un incidente extraordinario de nulidad de actuaciones por considerar que en todo el procedimiento que culminó en su condena ha sufrido indefensión y que, dada su aún condición de juez, se ha visto perturbado en su independencia.

Para dilatar al máximo la ejecución de la sentencia, el condenado ha pedido al TSJC que la paralice en lo que el Supremo se pronuncia y que, además, se le de tiempo para presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Paralelamente, el Consejo General del Poder Judicial ha puesto en marcha el expediente para expulsar a Alba de la carrera judicial, para lo cual se ha dado trámite de audiencia al interesado y al Ministerio Fiscal, lo que hace prever que tal expulsión se dilatará en el tiempo. Mientras tanto, seguirá cobrando del Ministerio de Justicia más de 1.800 euros al mes, ingrese o no ingrese en prisión después del 1 de febrero. Así ha venido pasando mes a mes desde que fuera suspendido por el órgano de gobierno de los jueces en julio de 2018, de acuerdo con el reglamento que rige para los jueces, que mandata, no obstante, que tales cantidades habrá de devolverlas si resultara finalmente expulsado de la carrera.

A ese dinero han de sumarse los más de 12.000 euros de multa a los que Salvador Alba ha sido condenado y a los 60.000 con los que habrá de indemnizar a la magistrada Victoria Rosell, víctima de los tres delitos que cometió para perjudicarlas cuando en 2015 comenzó una cacería contra ella justo cuando se presentaba a las elecciones por Podemos en la misma circunscripción electoral a la que concurría José Manuel Soria por el PP, la provincia de Las Palmas.

Alba ha pedido al Supremo que sea el Estado el que asuma el pago de esa indemnización en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que mandata que así sea cuando se produzcan errores judiciales. Pero en la causa figura como fiador del condenado la aseguradora Allianz, con la que tenía viva una póliza de responsabilidad civil. Pero Allianz ha pedido al TSJC que primero le reclame a Alba y, si este no paga, ya lo hará ella en su nombre. Luego, se supone, le reclamará tales importes a él. Allianz no sólo afianzó a Alba para el pago de la posible indemnización consignando en la cuenta del TSJ la cantidad de 85.000 euros, sino que pagó diversos gastos de su defensa, entre otros las periciales acústicas que el condenado encargó a la empresa de la familia Hellín, liderada por Emilio Hellín, el ultraderechista de Fuerza Nueva que asesinó a la socialista Yolanda González en 1980. 

El caso de Alberto Rodríguez: 15 días para ejecutar su sentencia

Esta demora en la ejecución de una sentencia tras una resolución del Tribunal Supremo contrasta llamativamente con otra de las más llamativas de los últimos años dictada también por la Sala Segunda del mismo alto tribunal español: el caso del exdiputado de Podemos por Santa Cruz de Tenerife Alberto Rodríguez.

Rodríguez fue condenado por la Sala Segunda el pasado 7 de octubre por unos sucesos de 2014 en los que fue acusado de haber propinado una patada a un agente del Cuerpo Nacional de Policía. La sentencia fue muy polémica por darse el máximo crédito a la única versión contraria al acusado, la del policía afectado. Pero por lo que respecta a la ejecución de la condena, el mismísimo presidente de la Sala Segunda, el canario Manuel Marchena, se implicó tanto que llegó a contestar escritos de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxel Batet, en menos de 24 horas.

Rodríguez fue condenado el 7 de octubre y el 22, tan solo quince días después (contando dos fines de semana), ya había perdido su escaño, con el que representaba a más de 50.000 electores de su provincia. 

Hubo tensión entre el Supremo y el Congreso de los Diputados, sobre todo a raíz de que sus servicios jurídicos resolvieran inicialmente que la condena no implicaba la retirada del escaño al diputado condenado. La Cámara pidió una aclaración de sentencia que fue contestada de inmediato por Marchena indicando que no había nada que aclarar.

Juristas consultados por este periódico matizan que el caso no es igual que el de Salvador Alba porque el mismo tribunal sentenciador no es el que está ejecutando su condena. La de Alberto Rodríguez fue impuesta por el Supremo y el Supremo mismo se encargó expeditivamente de su ejecución.

La sentencia de Alba fue dictada por el TSJ de Canarias en septiembre de 2019 y ratificada por el Supremo el 25 de noviembre de 2021. Luego la causa fue remitida de nuevo a la Plaza de San Agustín, sede del alto tribunal canario, que empezó a ejecutar la sentencia el 12 de enero pasado, cuando otorgó al condenado un plazo de diez días para que ingresara voluntariamente en prisión, con la advertencia expresa de dictar una orden de busca y captura y conducirlo a la cárcel por medio de la fuerza pública . El plazo se cumple este jueves sin que se haya producido tal ingreso. 

El condenado ha sido emplazado a personarse en el TSJ el martes 1 de febrero para, acto seguido, volverle a dar otro plazo para que ingrese en prisión.