Después de un invierno récord en visitas de turistas extranjeros y facturación, Canarias trata de contener un conato de incendio social con al menos dos frentes. Por un lado, aflora el descontento de un sector de la población por un modelo turístico que considera agotado y, por otro, es patente el temor de la patronal hotelera y del Gobierno canario a que se traslade a mercados clave, como el inglés o el alemán, el mensaje de que en las islas puede haber calado la turismofobia.
En el horizonte, manifestaciones el próximo 20 de abril en cinco islas bajo el lema Canarias tiene un límite contra el actual modelo turístico que los convocantes esperan que sean “históricas” y que la patronal y el Ejecutivo autonómico ven “con preocupación” y tratan de apaciguar, sobre todo tras comprobar cómo se han recibido en el Reino Unido algunas protestas realizadas ante turistas que acababan de aterrizar en las islas, por más que fueran esporádicas y minoritarias.
“Quien viene a disfrutar, a pasar unos días y a dejar su dinero en Canarias no tiene que ser increpado”, dijo esta semana el presidente, Fernando Clavijo (CC). “¿Estamos dispuestos a darnos un tiro en el pie?”, le añadió el vicepresidente, Manuel Domínguez (PP). Más gráfico aún fue desde la patronal tinerfeña Ashotel Gabriel Wolgeschaffen: “A la vaca que da leche hay que dejarla tranquilita”.
El contexto
Pasado el efecto de la pandemia, cuando los hoteleros lideraban campañas pidiendo a los residentes que ayudasen al sector a salir del cero turístico, Canarias ha vuelto a situarse en terrenos de récord. Así, un total de 13.942.966 turistas extranjeros visitaron Canarias durante 2023, el segundo mejor año histórico, una cifra que supone un 13,1 % más que en 2022 y un 6,1% por encima de 2019.
Solo en febrero de 2024 llegaron 1,4 millones de turistas de otros países, un 14% más que en el mismo periodo de 2023, que se gastaron 2.177 millones de euros en sus vacaciones, un 21,6% más, e hicieron un 10,3% más de pernoctaciones. Y es que, pasado el bache pandémico, el sector turístico supone ya el 35% del PIB de Canarias y cerca del 40% del empleo, según datos de la Consejería de Turismo. El comportamiento del turismo en los primeros meses de este 2024 hace prever que en el conjunto del año se batan todos los récords. Solo para el verano ya se han aumentado un 10% las plazas aéreas previstas respecto a 2023, con 12,1 millones.
Desde los tiempos del artista César Manrique, que lideró sonadas manifestaciones en los años ochenta, una parte de la sociedad canaria se siente incómoda con los excesos del modelo desarrollista y sus sucesores. Es una pulsión que en los últimos años ha cuajado varias veces en protestas multitudinarias, como las convocadas contra las torres de alta tensión en parajes protegidos cercanos al Teide, las prospecciones petrolíferas de Repsol frente a Lanzarote y Fuerteventura, el puerto de Granadilla, en Tenerife, o el proyecto turístico Cuna del Alma en el Puertito de Adeje, también en Tenerife.
Gotas que colman el vaso
Ese movimiento social confluye ahora con varios síntomas de agotamiento: el colapso continuo de las carreteras en Tenerife y Gran Canaria, el tensionamiento de los precios de la vivienda en las zonas metropolitanas y turísticas de las islas o la saturación por parte de visitantes, gracias a internet y redes sociales, de parajes naturales delicados a los que antes solo acudían residentes.
Son gotas que han ido colmando la paciencia de una parte de la población que en las últimas décadas ha percibido pocos cambios en la política de desarrollo regional, enfocada a alimentar a la industria turística y con pocos guiños a la protección del territorio que, cuando los hubo, se diluyeron rápido.
Fue el caso de la primera moratoria turística en el año 2000, suavizada luego para hoteles de gran lujo y dinamitada después por el efecto Airbnb, o el intento en 2014 de regular precisamente esa nueva modalidad de alojamiento, cuando la vivienda vacacional era todavía un fenómeno incipiente, a través de un decreto cuyos principales artículos fueron tumbados por el Tribunal Supremo tras denuncia de la Comisión Nacional de la Competencia.
Los acelerantes
Pese a que Canarias es líder del sector desde hace décadas, es en los últimos años cuando se han empezado a hablar de medidas relacionadas con la sostenibilidad, como la limitación de entrada a zonas protegidas o la ecotasa. A esta última, que gravaría con una cantidad fija cada noche de estancia en un alojamiento turístico, como se hace en Baleares, Barcelona y varios lugares de Europa, pareció que se le despejaba el camino la pasada legislatura, pero el Gobierno de Canarias no pudo sacarla adelante a pesar de que creían en ella tres de los cuatro partidos que lo formaban. El que disentía de esa fórmula dirigía precisamente la Consejería de Turismo, en manos de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), un partido minoritario que con apenas 6.000 votos se convirtió en llave de Gobierno y que, de hecho, propició el cambio de poder en las islas el 28M de 2023, cuando en lugar de al PSOE dio su apoyo a Coalición Canaria y al PP para que tomaran el relevo al frente del ejecutivo autonómico.
La actual consejera del área, Jéssica de León (PP), dijo este jueves que estaba “abierta” a debatir sobre ella, pero también dijo dudar de su eficacia.
Sobre la vivienda vacacional, hay una nueva medida conocida esta semana: un anteproyecto de ley que limita al 10% la edificabilidad residencial que puede dedicarse a uso turístico de hospedaje, porcentaje que puede doblarse en La Gomera, El Hierro y La Palma, islas con mucho menos parque hotelero. Sin embargo, el proyecto del ley, al que pueden presentarse ya alegaciones, no recoge ninguna medida para aumentar el control de pisos turísticos ilegales y deja en manos de los ayuntamientos tanto la concesión de licencias como su control, lo que supondría aumentar la carga burocrática a estas administraciones locales.
Expulsados del 'paraíso'
Esa norma busca solucionar dislates como el que sucede en El Cotillo, localidad de la costa norte de Fuerteventura con más plazas en viviendas vacacionales que población censada (1.683), una situación que enlaza con uno de los principales problemas que afronta la población canaria: el acceso a la vivienda.
Con una escasa oferta disponible -casi no se ha construido vivienda pública en los últimos 20 años-, los precios no son nada acordes para quienes, como los canarios, tienen el segundo sueldo medio más bajo de España: 22.466 euros brutos (unos 1.500 euros netos en 12 pagas), según datos del Instituto Nacional de Estadística.
En zonas como el barrio de Guanarteme-Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, es habitual que estudios de apenas 40 metros cuadrados no bajen de los 700 euros y que viviendas de dos habitaciones superen los 1.200; precios inasumibles para la población local y que a menudo terminan en manos de no residentes, algo que también sucede con la compra de vivienda.
Y en islas como Lanzarote, hasta los trabajadores públicos tienen problemas para pagar un alquiler, si es que lo encuentran. Compiten contra la capacidad adquisitiva de ingleses, alemanes, holandeses, noruegos o italianos que reclaman esos mismos espacios para estancias vacacionales o, incluso, como segundas residencias.
Porque, en el archipiélago, la compraventa de vivienda por parte de los extranjeros supuso en 2023 un 28,5% del total, según la última Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores. Por nacionalidades, la que más vivienda compró en las Islas fue la italiana, seguida de la británica y la alemana (Anuario 2023 de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores).
Los hoteleros alertan contra la turismofobia
Con todo este clima, los hoteleros centran sus mensajes en los peligros que perciben en que se siembre turismofobia, tras la aparición de algunas pintadas en las zonas turísticas de las islas que rezan “Tourists go home!” (“¡Turistas, váyanse a casa!”) y algunas movilizaciones en aeropuertos de las islas.
Ese mensaje ha llegado ya al Reino Unido a través de los tabloides y de algunos programas de la televisión, donde se mencionan estos asuntos y se empieza a hablar incluso de “boicotear” al destino como respuesta, como ocurrió esta semana en Good Morning Britain, el matinal de la cadena ITV. El programa realizó una encuesta entre sus espectadores y el resultado, aunque muy apretado, fue que no, y que se entendía el hartazgo de la población local.
El presidente de la patronal hotelera y extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Teneife (Ashotel) y de la patronal hotelera española (CEHAT), Jorge Marichal, ha afirmado en la cadena COPE que en sus hoteles se han recibido llamadas, en plural, de turistas preguntando “si era seguro viajar a Tenerife”. Sin embargo, horas después la organización matizó que “era un ejemplo”.
¿Agotamiento del modelo?
Los activistas que han promovido las manifestaciones del próximo 20 de abril (20A) en cinco islas, más de 20 organizaciones cívicas y ecologistas, rechazan que se les acuse de promover la turismofobia.
“Esto no es en contra del turismo (...), lo que se piden es que no se construya más. Desde hace años nos promocionamos como un destino de naturaleza único en el mundo, pero el turismo está deteriorando el producto que vendemos. Las cifras de turistas son insostenibles desde un punto de vista social y ambiental”, apunta el biólogo y documentalista Felipe Ravina.
Lo hace en un vídeo difundido en redes sociales donde se argumenta que el cambio en el paradigma turístico de los últimos años, en el que los visitantes ya no se quedan solo en el hotel, ha masificado lugares emblemáticos de los que los residentes ya no pueden disfrutar, a la par que las viviendas vacacionales disparan los precios del alquiler y desplazan a la población local.
“Una moratoria turística y vacacional permitiría frenar este crecimiento de manera temporal y tener espacio para plantear nuevas formas de hacer las cosas”, añade.
Los detonantes
Ravina forma parte de una nueva generación de activistas ambientales que se ha movilizado en un breve espacio de tiempo ante varios acontecimientos:
- El puerto de Fonsalía, en Guía de Isora (Tenerife): era el proyecto (por ahora descartado, aunque cada poco tiempo vuelven a sonar voces políticas y empresariales que lo reclaman) para construir un nuevo puerto comercial justo en una zona de especial conservación (ZEC) con gran afluencia de cetáceos. De hecho, fue reconocido por la ONU como el tercer santuario de ballenas del mundo y es el único de la Unión Europea.
- El hotel de la playa de La Tejita, en Granadilla, cuyas obras se reanudaron en febrero. Activistas implicados en las protestas contra su construcción han avisado de que están dispuestos a emprender una huelga de hambre hasta ser escuchados por el Gobierno autonómico. El hotel ha sido paralizado en diversas ocasiones por ocupar parte del dominio público en una de las pocas playas vírgenes y con un pequeño dunar que quedan en la isla.
- El hotel Oliva Beach, en pleno Parque Natural de las Dunas de Corralejo, en el norte de Fuerteventura. Sobre él pesa una orden de demolición del Ministerio de Transición Ecológica tras retirarle la concesión después de haber constatado que el complejo había incumplido las condiciones de la misma, com por ejemplo haber realizado obras de ampliación del complejo (hasta un 20% del volumen) y haber colocado una valla para cerrar el acceso a una zona que es de dominio público, construir una rotonda y local comercial ajeno al uso turístico que permite la concesión. Esta orden de demolición para recuperar este espacio natural tiene una frente posición del Gobierno de Canarias (tanto del actual como del anterior), que pretende convertirlo en una disputa por las competencias de Costas. La patronal turística de la isla, lejos de pedir responsabilidades a la empresa y condenar las irregularidades supuestamente cometidas y citadas por el Ministerio, acusa a este de poner en riesgo la economía de la isla y el trabajo de las familias que trabajan en el hotel.
Cuna de Alma prendió la mecha de las protestas
Sin embargo, la mecha que encendió definitivamente las protestas en Tenerife fue el proyecto Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje. Se trata de un complejo de más de 400.000 metros cuadrados de superficie que pretende urbanizar un barranco virgen y una playa con 420 apartamentos y villas de lujo, un hotel, un huerto ecológico, piscinas, restaurantes y una suerte de privatización de la playa (con pantalán privado) al eliminar los aparcamientos en toda la zona costera y engullir las escasas viviendas que hoy día se encuentran en la zona.
El proyecto, de capital belga, fue paralizado en tres ocasiones durante la anterior legislatura. Primero, por el Cabildo de Tenerife al constatar que las obras habían destrozado un yacimiento arqueológico y diversas irregularidades. El expediente, al ser considerado falta grave, fue trasladado al Gobierno regional. Este, tras analizar las obras con sus propios técnicos, corroboró el daño al patrimonio e inició un expediente sancionador. Además, emitió otra orden de paralización al comprobar que el proyecto no tenía memoria ambiental y suponía un peligro inminente para especies vegetales protegidas a las que la ley impide ser trasladadas.
El actual Gobierno de Canarias, con CC y PP al frente, ha dejado caducar los expedientes sancionadores y ha permitido que las obras continúen. La patronal, ante estas irregularidades constatadas, ha defendido de nuevo a la empresa que se ha saltado la normativa y, además, afirmó que estas situaciones “crean inseguridad” jurídica.
Tras colocarse la primera piedra del proyecto, con el beneplácito del Ayuntamiento de Adeje y del Cabildo de Tenerife, se convocó una manifestación en las calles de Santa Cruz de Tenerife que resultó ser multitudinaria. No era solo contra Cuna del Alma, sino también contra Fonsalía, La Tejita, el circuito del motor, los trenes, y cualquier otro proyecto calificado como desarrollista que pone por delante los intereses económicos frente a la protección del territorio. Fue la primera de varias marchas cuya próxima muestra será el día 20, y en esta ocasión la protesta se ha extendido ya a cinco islas.