Casi treinta sindicatos y asociaciones empresariales han sumado su apoyo al manifiesto de la segunda caravana de protesta para exigir los test de detección de la COVID-19 en puertos y aeropuertos.
UGT, USO, Sindicalistas de Base, CEOE, Ashotel, Fast y Femete son algunas de las organizaciones sindicales y empresariales que se sumarán a esta movilización, que tendrá lugar el próximo viernes, 30 de octubre, informa el Círculo de Empresarios y Profesionales (CEST), en un comunicado de prensa.
Para el CEST, que Alemania vuelva a considerar a Canarias como una zona segura refuerza la necesidad de poner en marcha los controles a la llegada de viajeros, ya sean turistas o no, procedentes de otros países o de la Península.
Los empresarios afirman seguir esperando la firma de los convenios bilaterales para los corredores seguros internacionales, “que se ha retrasado por incorporar a Baleares en el proceso, cuando su temporada ya ha acabado”, critican.
Desde el CEST recuerdan, además, que han pedido, en reiteradas ocasiones, una reunión urgente con el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, aunque la petición “no ha sido siquiera respondida por parte del responsable de dicho departamento”, alegan.
El anuncio de esta segunda movilización es consecuencia, según el Círculo de Empresarios, de la “inacción” y la “falta de respuesta” por parte de las administraciones, que han “desoído” la demanda “unánime” de la sociedad civil de Tenerife.
Los empresarios se reafirman en que los controles en puertos y aeropuertos suponen un mecanismo eficaz para contener la expansión de la COVID-19, así como para generar confianza y seguridad sanitaria entre los residentes en las islas.
Por este motivo, exigen al Gobierno canario que ejerza sus competencias en el caso de que el gobierno central y sus entidades directamente dependientes, no atiendan las demandas del archipiélago.
“Una reivindicación que cuenta con el apoyo tanto de la consejera de Turismo del Ejecutivo regional como del director del Servicio Canario de Salud”, recuerda el CEST.
A juicio de los empresarios, Canarias no debe esperar más por autorizaciones o permisos “que no son necesarios”, y sí empezar a realizar los test “con o sin el consentimiento o el beneplácito” de los ministerios de Sanidad y Transportes, concluyen.