“Estamos hartos e indignados”: los pequeños propietarios le declaran la guerra a la nueva ley turística
Los pequeños propietarios de bungalós y apartamentos han decidido declarar la guerra en todos los frentes posibles al proyecto de ley turística redactada por Nueva Canarias y Coalición Canaria que dinamita el alquiler vacacional en las zonas turísticas y elimina cualquier posibilidad de que los particulares obtengan rentas individuales por sus inmuebles, obligándoles a colocarse en manos de explotadores únicos y fomentando de facto la expulsión de los pequeños propietarios de los complejos turísticos. La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) logró este domingo una respuesta masiva a su llamamiento a una asamblea informativa en Playa del Inglés, donde el reboso de afectados fue tan grande que obligó a colocar un sistema de megafonía en plena calle para que todos los asistentes pudieran seguir el desarrollo del acto.
Comandados por la plataforma, los afectados se movilizarán en la calle, con una primera concentración el próximo 29 de marzo ante la sede grancanaria de la Presidencia del Gobierno en la Plaza de Rafael O´Shanahan a las 18,00 horas. La PALT tratará también de conseguir que todos los grupos políticos se posicionen sobre la conflictiva ley turística antes de las próximas elecciones y anuncia además que emprenderá acciones judiciales de forma individual contra todos los funcionarios que, a su juicio, traten de coartar su derecho constitucional a la propiedad privada y el derecho a la libertad de empresa. Así lo declaró este domingo a esta web la vicepresidenta de la PALT, Maribe Doreste.
“La gente está indignada y le haremos saber a todos los grupos políticos que los canarios estamos hartos de este maltrato”. La espoleta ha sido esta vez la propuesta de ley colada en el Parlamento en el último minuto por Nueva Canarias y Coalición Canaria, “con el apoyo cómplice del PSOE”, aprovechando el trámite parlamentario de un texto que no tenía nada que ver con el uso de bungalós y apartamentos.
Doreste explicó que ya se han pedido reuniones con todos los grupos parlamentarios que están a favor de ese proyecto, a excepción de Nueva Canarias: “Con ellos no vamos a hablar, porque ya sabemos que es inútil”. Sí están intentando sin embargo contactar con los grupos parlamentarios del PSOE y de Coalición Canaria. El primero ni siquiera ha contestado. De Coalición solo han obtenido el apoyo del candidato de CC a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, pero ni una sola respuesta del grupo parlamentario, que es quien decidirá la votación. El PP se desmarcó desde el principio de este texto legal y Podemos lo hizo hace una semana, desde que atisbó la marea de indignación que este texto causaría entre los ciudadanos.
El texto de la discordia saltó en el Parlamento de Canarias cuando, en el trámite final de una reforma puntual de la ley de modernización y renovación turística, NC y CC dieron un cambiazo al texto para convertirlo en una ley contra el alquiler vacacional y las limitaciones de uso de bungalós y apartamentos en las zonas turísticas. La maniobra del cambiazo fue tan descarada, que el Parlamento decidió en el último minuto en su junta de portavoces dejar en suspenso la votación prevista para el 13 de marzo pasado y pedir un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, en vista de que el texto final poco tenía que ver con el objetivo inicial del proyecto.
El proyecto colado a última hora prohibe expresamente no solo el alquiler vacacional en las zonas turísticas, pese a las sentencias en contra dictadas por el Tribunal Supremo, sino que agrega una prohibición adicional para que tampoco se puedan suscribir contratos de alquiler de temporada ni de larga duración. La ley supone una vuelta de tuerca para imponer sin limitaciones la unidad de explotación y en la práctica obligar a todos los pequeños propietarios a pasar por el aro de las empresas explotadoras únicas. El uso residencial ya estaba virtualmente prohibido, con la única excepción de la disposición de la Ley del Suelo que solo permite el preexistente antes del 1 de enero de 2017.
Los redactores de las enmiendas que forzaron el cambiazo (el propio Román Rodríguez, en el caso de Nueva Canarias) quieren elevar a rango de ley una prohibición del alquiler vacacional en las zonas turísticas que ya ha sido tumbada en varias sentencias por el Tribunal Supremo. El alto tribunal argumenta que no tiene sentido limitar esta actividad precisamente en las áreas donde tiene más razón de ser y subraya además que la prohibición va en contra del derecho constitucional a la libre empresa y de las directivas comunitarias de libre prestación de servicios.
Ahora, la PALT emprenderá una batería de movilizaciones que no se detendrán ni siquiera si el Parlamento canario deja acabar la legislatura sin votar este controvertido proyecto, a la espera del dictamen solicitado al Consejo Consultivo.
