Así es el asalto a los pequeños propietarios turísticos que pactan NC y CC para dinamitar el alquiler vacacional
¿A quién obedecen los grupos políticos del Parlamento de Canarias? ¿A los ciudadanos, a los grupos empresariales de presión o a los especuladores amiguetes? Es una pregunta pertinente en vista del expolio a los pequeños propietarios de apartamentos turísticos que se propone consumar el Parlamento autonómico, con la autoría intelectual de Nueva Canarias (Román Rodríguez) y Coalición Canaria (al mando de Fernando Clavijo) y, si nadie lo remedia, el errático e incoherente apoyo del Partido Socialista.
NC y CC quieren aprobar una ley que dinamitará cualquier vía para que los particulares puedan rentabilizar sus bungalós o apartamentos en zonas turísticas mediante el alquiler vacacional. El PP se desmarca y Podemos también anuncia un voto en contra, al entender que esta ley solo empeorará la especulación y el encarecimiento de los alquileres en las áreas urbanas no turísticas. El texto tenía previsto votarse en el pleno del Parlamento del 12 y 13 de marzo, pero la Junta de Portavoces decidió aplazarlo a última hora hasta que se pronuncie el Consejo Consultivo de Canarias.
En el último minuto de la legislatura, NC, CC y PSOE pretenden elevar a rango de ley una prohibición de facto del alquiler vacacional en las zonas turísticas de Canarias y asestar un nuevo golpe a los derechos de los pequeños propietarios de bungalós y apartamentos. Pero el impacto no se limitará a las áreas turísticas. Para todo el territorio autonómico, la nueva ley abrirá una espita demencial de inseguridad jurídica. La norma permitirá a cada cabildo, a cada ayuntamiento y al propio Gobierno establecer arbitrariamente limitaciones generales o zonales al alquiler vacacional, limitaciones que además podrán ser indefinidas o temporales. En la práctica, con esta ley en la mano, cualquier alcalde podrá, mediante ordenanzas provisionales, permitir el alquiler vacacional en una acera y prohibirla en la de enfrente, temporal o definitivamente.
El engendro legislativo redactado a trozos por Nueva Canarias y CC desprecia las sentencias del Tribunal Supremo contra el decreto sobre alquiler vacacional actualmente vigente, así como las numerosas advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la imposibilidad de primar a los grandes operadores turísticos sobre los pequeños propietarios. Por si esto fuera poco, la propuesta de NC y CC, avalada por el PSOE, invade competencias no autonómicas y pretende vulnerar los derechos de los propietarios de viviendas contemplados en la Ley de Propiedad Horizontal, de carácter estatal.
A continuación se desgranan las claves de este atentado contra el derecho a la propiedad privada, a la libertad de empresa y a la libre prestación de servicios amparadas por la Constitución Española y las directivas de la Unión Europea que el Parlamento canario pretende consumar en el pleno que empieza este martes.
¿Cómo arranca esta ley?
La ley que pretende aprobar el Parlamento no tenía originalmente nada que ver con el alquiler vacacional. Comenzó a tramitarse como un proyecto para modificar la ley de renovación y modernización turística, precisamente como consecuencia de los numerosos varapalos judiciales que la mal llamada moratoria turística cosechó durante años en los tribunales.
El texto empezó a tramitarse en septiembre de 2016 y los diputados, sin prisa ninguna, han encadenado una prórroga tras otra. El texto original provocó dos enmiendas a la totalidad, una de ellas de Nueva Canarias, que se debatieron en enero de 2018. Curiosamente, la enmienda de totalidad de Nueva Canarias no contenía ni una línea sobre el conflicto del alquiler vacacional.
Pero nueve meses después, Nueva Canarias pegó un cambiazo y presentó un paquete de enmiendas parciales concentradas esencialmente en el alquiler vacacional. O para ser más exactos, en el intento de boicotear a toda costa cualquier posibilidad de que los pequeños propietarios de apartamentos turísticos puedan rentabilizarlos mediante el alquiler vacacional.
Coincidió en el intento con otro paquete paralelo de enmiendas de Coalición Canaria, redactadas en la misma dirección. Con el grueso de ambos textos y el inexplicable apoyo del PSOE, NC y CC pretenden colar con rango de ley, en el último minuto de la legislatura, una nueva prohibición del alquiler vacacional en las zonas turísticas y un gran abanico de potenciales limitaciones en todo el territorio canario. Para resumirlo: aprovechando que el Pisuerga de una modificación turística pasaba por el Parlamento, Román Rodríguez le ha hecho a Fernando Clavijo el trabajo de eliminación de la competencia soñado por algunos poderosos lobbies hoteleros y extrahoteleros, un trabajo que ni siquiera el propio Clavijo se ha atrevido a completar por decreto.
Presionado entre otros por la poderosa asociación de hoteleros de Tenerife (Ashotel), Clavijo lleva toda la legislatura mareando la perdiz con un `nuevo´ decreto de alquiler vacacional que contiene incluso más limitaciones que el anterior, firmado por Paulino Rivero. A pesar de los innumerables varapalos judiciales, Clavijo ni ha derogado el decreto anterior, ni ha aprobado el nuevo. Irónicamente, el borrador del `nuevo´ sigue rodando en bucle por varias mesas `negociadoras´, en el intento del gobierno de simular que está `consensuando´ el texto.
Ahora, con el gol colado en el Parlamento a medias entre Nueva Canarias y Coalición Canaria, ese supuesto decreto de consenso irá directo a la papelera. El sueño largamente perseguido por ciertos lobbies hoteleros de hacer inviable a toda costa el alquiler vacacional por los pequeños propietarios turísticos ya no tendrá formato de decreto, sino rango de ley y saldrá del Parlamento, si no lo impide el Consejo Consultivo. ¿Alguien da más?
Prohibición en las zonas turísticas
El primer decreto canario de alquier vacacional también fue colado en el último minuto de legislatura en 2015 por el entonces Gobierno de Paulino Rivero. El decreto prohibía directamente el alquiler vacacional en las zonas turísticas y ha cosechado un gran número de varapalos judiciales, primero en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y luego en el Tribunal Supremo. En una de sus últimas sentencias, el Supremo lo deja meridianamente claro: prohibir el alquiler vacacional en suelo turístico es un acto contradictorio en sí mismo que solo beneficia a los grandes operadores turísticos, pero además lesiona el derecho constitucional a la libertad de empresa, la ley de unidad de mercado y las directivas europeas que protegen la libre prestación de servicios. Estas sentencias llegaron después de numerosas advertencias en la misma dirección de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Pues bien, ¿qué pretenden santificar ahora NC y CC? Una prohibición encubierta, que consiste en bloquear cualquier posibilidad de que el dueño de un apartamento turístico lo rentabilice por su cuenta como vivienda vacacional. Si usted es propietario de una vivienda situada en un complejo turístico, no podrá practicar el alquiler vacacional en ninguna circunstancia. Si el complejo está activo como establecimiento turístico, estará obligado a ponerse en manos de un explotador único, a mayor gloria de los grandes operadores y de los especuladores.
La vivienda tampoco podrá ser arrendada mediante alquiler de larga duración, posibilidad que queda eliminada con una oportuna enmienda de CC. El panorama se remata con la prohibición de residir en el apartamento o bungaló, salvo con la limitadísima excepción contemplada en la ley del Suelo de Fernando Clavijo: solo se permitirá el uso residencial que ya estuviera consolidado con fecha de 1 de enero de 2017. Si usted no estaba empadronado en esa fecha, vaya olvidándose... Y si se plantea vender, empiece a calcular una depreciación en cascada: Nueva Canarias y Coalición Canaria, con el apoyo del PSOE, se han esmerado mucho en el intento de que su propiedad no valga nada en el reino de los grandes intocables hoteleros y extrahoteleros.
Bienvenidos al reino de la inseguridad jurídica
La pretendida nueva ley aportará también grandes dosis de inseguridad jurídica a todos los propietarios de viviendas, estén situadas o no en municipios o áreas turísticas. El nuevo texto rebota a ayuntamientos y cabildos la posibilidad de establecer de forma arbitraria y aleatoria todas tipo de limitaciones al alquiler vacacional, sin definir ni siquiera de forma genérica qué tipo de restricciones y por qué tipo de motivos. Estas limitaciones podrán introducirse a través de los planes insulares y urbanísticos, pero también a través de ordenanzas provisionales, en municipios completos o solo en una parte de ellos y de forma indefinida o temporal. Por si acaso ayuntamientos y cabildos se quedan cortos, el Gobierno se reserva también su propio trozo de pastel y podrá establecer “límites máximos de implantación” e incluso “condiciones urbanísticas específicas” a la vivienda vacacional.
Tampoco aquí se define ningún tipo de pauta. Traducido: si usted se propone invertir en una vivienda y quiere rentabilizarla turísticamente, sepa que en cualquier momento le puede ser restringido el uso y gestión de su propiedad, sin que nuestros padres de la patria den pista alguna de cómo, dónde, cuándo, ni por qué podrán aparecer esas limitaciones. La incertidumbre total en el reino de la total arbitrariedad. Y un camino expedito para que las limitaciones a esta forma de explotación turística se conviertan, además, en una fuente añadida de potenciales corruptelas.
Vulneración de la Ley de Propiedad Horizontal
Si aprueba la nueva ley turística, el Parlamento invadirá además una competencia no autonómica y vulnerará de facto la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que regula los derechos y deberes de todos los propietarios de viviendas sujetas a esta norma.
La LPH es muy clara cuando dice que los estatutos de una comunidad, que regulan entre otras cosas los usos permitidos de las viviendas, solo se pueden modificar con el voto unánime de todos los propietarios. Esta previsión ha sido matizada por el reciente decreto ley sobre alquileres aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que permite a las comunidades de propietarios por mayorías de tres quintos limitar el uso de las viviendas como vacacionales o encarecer sus cuotas, pero en todo caso sin efectos retroactivos.
Pues bien, el proyecto en trámite en el Parlamento de Canarias obvia por completo lo que dice esta ley y convierte esta votación en obligatoria para explotar viviendas vacacionales. Así, si usted quisiera dar de alta su vivienda como alojamiento vacacional, ahora tendría que aportar un certificado de su comunidad en el que, por una mayoría de tres quintos, se le autorice expresamente al alquiler vacacional.
Suspensión a la espera del consultivo
El proyecto de ley que arrancó para tapar los agujeros judiciales de la ley de modernización turística y acabó convirtiéndose en el dinamitero de los pequeños propietarios estaba en el orden del día del pleno que celebraba el Parlamento de Canarias los días 12 y 13 de marzo y en él lo sigue mostrando la web del Parlamento canario. Sin embargo, la junta de portavoces decidió antes sacar el proyecto del orden del día y dejarlo en espera hasta que se pronuncie el Consejo Consultivo de Canarias.
Las primeras horas del pleno estaban reservadas para una comparecencia de Fernando Clavijo. ¿Sobre qué? Pues sobre la condición de investigado (antes imputado) del presidente del Gobierno de Canarias en el llamado `caso Grúas´y la declaración que éste debía prestar ante un jueza de La Laguna, también suspendida por ahora.
Tras la decisión de la junta de portavoces, los grupos políticos tendrán que esperar ahora a ver qué dice el Consejo Consultivo sobre el gol de último minuto de la legislatura planeado por Nueva Canarias y Coalición Canaria, por si no bastaba con el bochorno de un presidente investigado.
