La cita es este viernes, 29 de marzo, ante la puerta de la Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 18:00 horas. La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) quiere movilizar a miles de personas contra el secuestro político de la propiedad privada y el intento de expulsar a los pequeños propietarios de todos los complejos de apartamentos y bungalós en las zonas turísticas. El colectivo pide el apoyo de todos los ciudadanos para derribar todas las leyes presentes y futuras que limiten el derecho al libre uso de los inmuebles, ya sea como primera o segunda residencia, ya como fuente de ingresos mediante alquileres de larga duración, de temporada o vacacional.
La plataforma se reactivó a principios de este mes de marzo para impedir la aprobación en el Parlamento de Canarias de una ley que impediría todo uso y explotación individual de apartamentos y bungalós por parte de sus legítimos propietarios. La propuesta de ley tenía que votarse en el pleno del 13 y 14 de marzo y quedó suspendida y pospuesta hasta la próxima legislatura tras recibir un dictamen negativo del Consejo Consultivo de Canarias. Pero el colectivo no se fía de la política y decidió no detenerse: ahora, no solo para impedir cualquier intento de prohibir el alquiler vacacional en el sur, sino también para derribar la ley turística de 2013 que contiene un procedimiento de expropiación encubierta que en la práctica pone en peligro a todos los pequeños propietarios.
El colectivo quiere movilizar a todos los pequeños propietarios, sea cuales sean las condiciones en que tienen sus inmuebles: si usan las viviendas como primera o segunda residencia, si lo alquilan por temporadas o a largo plazo conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, si pretenden explotarlos como alojamiento vacacional o si lo tienen en manos de empresas explotadoras. Todos están convocados porque, en la práctica, todos están amenazados por la ley de 2013 y el reglamento que lo desarrolla, dictado en 2015 por el Gobierno que entonces presidía Paulino Rivero, de Coalición Canaria.
¿Y cuál es esa amenaza? La de ser expulsados de forma forzosa de complejos y apartamentos mediante una polémica y peligrosísima fórmula de `sustitución del propietario disidente´, que puede ser activada por mayoría simple en cualquier complejo que se rija mediante la Ley de Propiedad Horizontal. Esta sustitución forzosa puede activarse en cualquier momento si el propietario se niega a hacer frente a los gastos de mantenimiento o renovación del inmueble establecidos por sus respectivas comunidades. Pero también si el propietario se niega a ceder la explotación de su vivienda a una gestora única, sea o no propietaria de alguno o varios inmuebles en el complejo.
La ley de 2013 y el decreto que lo desarrollan establecen para ambos supuestos la apertura a petición de cualquiera, sea o no propietario, de un procedimiento de sustitución del propietario disidente si se da cualquiera de los supuestos descritos. En tal caso, la Administración activaría un concurso público para que cualquiera, particular o empresa, pueda optar a hacerse con la propiedad afectada a un precio que en tal caso fijaría el nuevo propietario, nunca el original. Para mayor inseguridad, la resolución de ese concurso puede ser decidida por una mayoría de solo un tercio de las comunidades en los complejos donde se diera el caso.
Ahora, la PALT exige la derogación tanto de la ley de 2013 como del leonino reglamento que la desarrolló en 2015. Además, la plataforma está en guardia ante los planes de los grupos parlamentarios para la próxima legislatura, dado que la ley mediante la que pretendían volver a prohibir el alquiler vacacional en las zonas turísticas, pese a las sentencias en contra del Tribunal Supremo, volverá a debatirse en la Cámara tras las próximas elecciones. De hecho, uno de sus promotores, el grupo de Nueva Canarias, ha insistido hace solo unos días en su propósito de bloquear cualquier puerta al alquiler vacacional que no sea mediante unidad de explotación, es decir, a través de una entidad intermediadora.
La ley pretendida, paralizada tras un duro informe del Consejo Consultivo de Canarias, pretendía eliminar cualquier vía de uso particular o de explotación individual de apartamentos y bungalós en las áreas turísticas.
Hay otros dos elementos que colocan en situación de riesgo a los propietarios y sobre los que alerta expresamente la plataforma. En teoría, todo propietario que residiera en su bungaló o apartamento antes del 1 de enero de 2017 está a salvo de ese procedimiento de expropiación encubierta. Así lo indica una disposición adicional de la Ley del Suelo incluida en su día gracias a la presión de la PALT.
Pero frente a esa disposición, surgen numerosas casuísticas de riesgo para los pequeños propietarios: por ejemplo, para aquellos que hayan comprado o heredado los inmuebles con posterioridad a esa fecha o que, siendo dueños con anterioridad a esa fecha, tuvieran sus casas en explotación en ese momento. Todos ellos quedan técnicamente en peligro de que les sea aplicable el procedimiento de sustitución del propietario disidente y, por tanto, en riesgo de perder sus inmuebles a un precio que pondría el adquirente. “Todos están atrapados”, según la gráfica definición acuñada por la vicepresidenta de la PALT, Maribe Doreste.
El otro frente de alarma sobre el que alerta la plataforma es el hecho de que los registradores de la propiedad estén incluyendo en los registros las limitaciones legales que las leyes descritas proyectan sobre bungalós y apartamentos. Estas anotaciones se están incluyendo en todos los casos en los que se producen transmisiones de propiedad, ya sea por operaciones de compraventa, ya sea por herencias.
Durante los últimos días, la plataforma ha desarrollado una frenética actividad para preparar la manifestación de este viernes en la playa de Rafael O´Shanahan, en la trasera del antiguo hospital del Pino. Todas las convocatorias han sido difundidas en castellano y en inglés, dado que hasta la plataforma han acudido también numerosos ciudadanos extranjeros que residen en el Sur tras elegir Gran Canaria como lugar de retiro o de residencia temporal. Ellos también están afectados y alarmados por el escenario de inseguridad jurídica que afecta a los pequeños propietarios.