Análisis
Canarias no tiene capacidad legal para exigir a turistas ni a cualquier otro tipo de viajero un test negativo de la COVID-19 para entrar en las Islas. Salvo que al amparo del estado de alarma aplique cierres perimetrales como en otras autonomías, con el consiguiente freno de toda actividad turística. El descenso de la curva de la pandemia en el Archipiélago ha propiciado que la autonomía haya sido la única que ha quedado exenta del del toque de queda nocturno vigente en España. Y los gobiernos de los principales países emisores, como Alemania, Reino Unido, Holanda o los países nórdicos, han borrado a las Islas de sus listas de zonas de riesgo antes de la temporada de invierno, la más importante el sector en Canarias.
Pero, ¿cómo evitar que la apertura del mercado turístico de invierno provoque en las Islas un repunte fatal de la pandemia, ahora que suben vertiginosamente los casos en toda Europa? El Gobierno canario ha exigido desde marzo test en origen o destino con controles sanitarios en los aeropuertos isleños antes de que las personas que entran sigan hacia su alojamiento o domicilio. Pero ni la gestora de los aeropuertos de interés general, Aena, ni Sanidad Exterior han permitido desplegar esos controles en sus instalaciones.
La solución que ha encontrado el Ejecutivo de coalición del socialista Ángel Víctor Torres es tirar de “ingeniería jurídica” para ser la primera comunidad que establezca un control de entrada: modificar dos leyes, la de Actividades Clasificadas y la de Ordenación Turística, el único camino que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha dejado abierto. Así, la exigencia al turista de presentar un test negativo de la COVID-19 se efectuará cuando llegue a la recepción de su alojamiento turístico reglado, como se pide el pasaporte o el DNI a españoles. De esta manera, en lugar de puertos o aeropuertos, la línea del frente de batalla contra la pandemia se repliega desde el punto de entrada en cada isla a las recepciones de los hoteles o apartamentos de cada zona turística, pero también a la llegada a la vivienda vacacional.
El turista no está obligado a portar un test negativo de la COVID-19 en el momento de subir al avión en origen; serán los turoperadores, las cadenas hoteleras, las agencias de viaje o las embajadas los encargados de que les llegue esa petición: o te haces un test o no entras al hotel. Y no se les ha impuesto porque el Estado no ha dejado otra opción que poner en manos de los trabajadores del sector, en la carpeta de un establecimiento turístico reglado, el control sanitario que viene reclamando el Gobierno autonómico a los turistas, que además son los que deben correr con todos los gastos que acarrea la realización de las pruebas.
El borrador del decreto ley, que en estos momentos está en manos de los servicios jurídicos como paso previo a ser aprobado en Consejo de Gobierno esta semana, indica que si el turista acude a la recepción de un hotel sin el certificado que acredite una prueba negativa de COVID-19, no se le permite el acceso. Esta tesitura pone a los personas encargadas de realizar la recepción del los visitantes ante una carga adicional, que además de establecer el control sanitario, deben indicarles que tienen que permanecer en aislamiento si carecen del resultado de una prueba, bien en centros sanitarios, públicos o privados, o en el propio alojamiento turístico si tiene una zona habilitada para tal fin.
Si el turista da positivo se activa el protocolo sanitario: en esta situación, según la Consejería de Turismo, “lo normal” es que pase la cuarentena en una de las llamadas arcas de Noé que se habilitarán en cada isla, con capacidad para 150 personas, para aquellos casos que no puedan pasar el aislamiento en sus domicilios. Todo ello, por la negativa de Aena y Sanidad Exterior a realizar controles en aeropuertos, a la que aún no renuncia el Ejecutivo regional, pero que por el momento solo deja otra opción fuera del decreto ley: la posibilidad de instalar carpas o unidades móviles en el exterior de estas infraestructuras. No para comprobar si llega a o no con la prueba hecha, sino para que, si así lo decide, haga el test de coronavirus. La Consejería aclara que este servicio “no requiere una regulación, solamente sacar a concurso por vía de urgencia el establecimiento de un espacio, seguramente de algún centro privado (...) también lo puede prestar Sanidad Pública, pero es más difícil porque es un procedimiento más complicado”.
¿Y las personas residentes en Canarias? El Gobierno regional está a la espera de que se valore si es jurídicamente viable que tengan que presentar una declaración responsable aquellos isleños que en los últimos 15 días antes de ingresar en un alojamiento turístico no han estado fuera del Archipiélago. Pero si un tinerfeño regresa de Madrid, por ejemplo, el próximo 7 de octubre y se aloja en un hotel de las Islas en un periodo inferior a las dos semanas desde esa fecha, también tendría que presentar un certificado negativo de COVID-19.
Pero estas medidas no aportan una seguridad sanitaria al 100% y deja vías vías abiertas a que lleguen a Canarias casos positivos. Se pone exclusivamente en la responsabilidad individual de cada una de las personas que lleguen a las Islas y no se alojen en un hotel, apartamento o vivienda vacacional que tengan bajo el brazo una prueba negativa de coronavirus. Además, aunque el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, afirmó que se está valorando ampliar estos controles a los viajeros que lleguen a las Islas por otros motivos, ya sean laborales, estudiantiles, visitas a familiares o segundas residencias, por el momento la consejera de Turismo aclaró en la rueda de prensa de este lunes que el borrador del decreto ley solo es aplicable a aquellas que viajen al Archipiélago a realizar la actividad turística, al impedir el Gobierno central los controles en puertos y aeropuertos.
El sector turístico en Canarias ha recibido con esperanza el levantamiento del veto de Reino Unido, Alemania y Holanda a las Islas y cerraron filas con el Gobierno de Canarias para llevar adelante el borrador del decreto ley ante la previsión de que una mayor entrada de turistas a las Islas permitiría abrir más hoteles para sobrevivir a la temporada de invierno. Pero solo un día después del respaldo a la propuesta del Ejecutivo regional, tanto la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) como el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) han alzado la voz para denunciar que es “insuficiente” y han insistido en los test en puertos y aeropuertos, tanto a turistas como a las personas que acudan a las Islas por otros motivos. Para el próximo 30 de octubre una segunda caravana apoyada por una treintena de sindicatos y asociaciones empresariales está convocada con el objetivo de reclamar que las islas puedan blindarse frente a los casos importados de coronavirus .
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