Cantabria desvió a centros de Madrid y Valladolid la práctica totalidad de los abortos quirúrgicos practicados en 2023

La Comisión 8 de Marzo pedía en septiembre del pasado año que todas las interrupciones voluntarias del embarazo fueran atendidas en Cantabria. Pero esto está lejos de ser así cuando hay una intervención quirúrgica de por medio: 58 de las 61 que se practicaron en 2023 lo fueron en centros autorizados de Valladolid y Madrid, algo que no es inusual en España, y que en Cantabria se produce tras el cierre de los dos únicos centros hospitalarios concertados que hacían estas cirugías.

A este respecto, cabe indicar que en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander solo se practican intervenciones quirúrgicas en caso de detectarse complicaciones durante el embarazo. Así, los centros en donde se realizan estas intervenciones a pacientes cántabras están concertados y la Sanidad pública corre con los gastos de la intervención, desplazamiento y estancia.

No obstante, Cantabria es una de las autonomías que está a la cabeza del país en cuanto a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo desde lo público, algo en lo que ha sido determinante la introducción del método farmacológico, más lento pero preferido por la mayoría de las mujeres por el mayor nivel de intimidad que conlleva.

Por lo general, en los centros públicos prima el método farmacológico a la hora de interrumpir el embarazo, mientras que en las clínicas concertadas predomina lo instrumental. A medida que la pública ha ido asumiendo cada vez más abortos, mayor es el número de tratamientos farmacológicos. Ocurre en Cantabria, La Rioja y Baleares, que hacen muchos más abortos en la pública que el resto.

“En 2023 se realizaron 787 interrupciones voluntarias de embarazo con el método farmacológico dispensado por el Centro de Salud Sexual y Reproductiva La Cajiga, encuadrado dentro del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Valdecilla”, según ha informado la Consejería de Salud a través de una respuesta parlamentaria.

Además, cuando existe una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, se individualiza el proceso para garantizar la seguridad clínica y el bienestar de la paciente. Todas las mujeres por encima de la semana 9 de gestación sometidas a método farmacológico son ingresadas en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Sin embargo, el método quirúrgico y el desplazamiento que entraña, son el principal objeto de crítica. Ana Bolado y Charo Quintana, de la Comisión 8M, habían solicitado en 2023 que el Servicio Cántabro de Salud “cumpla la ley” para que Cantabria fuera la primera comunidad que atienda en el servicio público todos los casos de aborto voluntario, una demanda que fue respaldada por una movilización social.

Registro

Cantabria no solo es de la que más usa lo público, sino que también es de las pocas comunidades que ha creado el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto que se acometió en 2023.

Aunque las cifras sobre médicos objetores en Cantabria son difíciles de obtener, se calcula que la cuarta parte de los 36 ginecólogos de Valdecilla lo son, una cifra relativamente baja que hace concluir a las autoridades que “no existe un problema de objeción de conciencia en el sistema sanitario público, ya que la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo está normalizada como una prestación más de cartera de servicios”.

También Cantabria destaca por ser una de las autonomías con cifras más bajas. Fue en 2021 la sexta comunidad autónoma con menor tasa de interrupciones voluntarias de embarazo en España, un 8,68 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, cuando la media nacional se situaba en 10,7. La tasa ha ido subiendo: 9,21 y 9,6 en 2022 y 2023, respectivamente, aunque sigue bastante por debajo de la media nacional (12,22 en 2023).