Los momentos más dramáticos de la pandemia por coronavirus -los tres meses del primer estado de alarma de 2020 en que se confinó a la población en sus casas- hizo aflorar al completo el volumen de personas sin hogar que hay en Cantabria, así como introducir los primeros mecanismos para paliar su situación y avanzar hacia una solución definitiva del 'sinhogarismo'.
En Cantabria, hay 350 personas sin techo, según la Asociación Nueva Vida. Y es que durante el confinamiento domiciliario también debieron recluirse aquellos que vivían en la calle por carecer precisamente de domicilio, y el ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales), en colaboración con esta asociación, habilitó dos centros de acogida temporal para personas sin hogar: un albergue juvenil en Solórzano y dependencias de un monasterio en Santiurde de Toranzo (donde fueron alojados un grupo de personas albanesas que hasta entonces vivían en infraviviendas). En total fueron acogidas y atendidas en todas sus necesidades 96 personas durante casi cuatro meses.
A estos datos hay que añadir el hecho de que, en 2020, el Centro de Acogida Princesa Letizia atendió a 1.096 personas y llegó a estar saturado durante el período más crudo de la pandemia. En esos meses, el centro, dependiente del Ayuntamiento de Santander y en cuya gestión también colabora Nueva Vida, llegó a alcanzar la máxima ocupación e incluso hubo de ampliar personal (24 personas).
La fase 3 de desescalada del estado de alarma supuso el desmantelamiento de los centros provisionales y que unas personas fueran dirigidas a centros especializados y otras quedaran sin más en la calle. Pero la experiencia sirvió para dimensionar en su justo término el 'sinhogarismo' en Cantabria y movilizar recursos y proyectos a largo plazo.
A finales de año, Nueva Vida formuló y presentó al ICASS un 'Proyecto de atención integral a personas sin hogar', que, cofinanciado por la administración regional, pretende contribuir a poner fin al 'sinhogarismo' importando programas que han dado éxito en Barcelona y Málaga, como es el que privilegia el acceso a la vivienda ('Housing First').
El 'Proyecto de atención integral a personas sin hogar' nació en medio de todas las soluciones habitacionales en la región, como un complemento a ellas, podría contribuir a solucionar definitivamente el problema de las personas sin hogar. La característica básica de este modelo es que la atención a las personas sin hogar tiene como punto de partida la vivienda. A partir de ahí, y una vez la persona está alojada y formando parte de una comunidad puede comenzar el trabajo de otros aspectos relacionados, siempre adaptado a su situación particular: promoción de la salud, atención de la drogodependencia, formación y búsqueda de empleo y fomento de redes sociales y familiares, entre otros.
Estos modelos logran sacar de la calle, y mantener en el tiempo esa situación, a una media de ocho de cada 10 personas
En 2020 la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 imprimió cambios profundos en las organizaciones sociales dedicadas a prestar asistencia. Este fue el caso también de Nueva Vida, que rediseñó sus programas al preverse un aumento en la demanda de cuidados. En general, se incrementó la cobertura de sus programas que, aparte del 'sinhogarismo', dan respuesta a personas que ejercen la prostitución, población reclusa y familias vulnerables.
Es el caso del Programa de atención a la emergencia (SAIS), dio respuesta a una fuerte demanda de atención a necesidades básicas, con ayudas a la alimentación y productos de higiene básica. En 2020, atendió 3.250 solicitudes de ayuda de emergencia.
También aumentó la cobertura de la atención psicológica, con 11 nuevas personas asistidas y monitoreadas telefónicamente.
En el caso del Programa de atención a la mujer prostituida, la pandemia produjo un mayor número de solicitudes de acogimiento y un aumento en la demanda de apoyo a mujeres en esta situación a la hora de proporcionar alimentos, pagar facturas (17 solicitudes) y acompañar en procesos legales o de atención sanitaria (16 solicitudes).
Aparte de incrementar la asistencia, cambiaron metodologías. Este fue el caso del Programa Alicia Gordon Gullick, de detección de VIH en clubs de alterne. Durante la pandemia, estos espacios cerraron temporalmente, trasladándose la actividad a pisos particulares. En consecuencia, desde el programa hubo que aumentar de manera significativa el tiempo y personal dedicado a la búsqueda de pisos 'relax', en donde se ejercía la prostitución.
También hubo que adaptar el Programa de Formación e Inserción Laboral Incorpora minimizando los formatos presenciales y el uso de recursos no digitales.
Los programas que se desarrollan en el medio penitenciario también fueron adaptados a las circunstancias, acudiendo al entorno virtual con el objetivo de no paralizar los procesos de rehabilitación y reeducación, más aún cuando las comunicaciones con el exterior y las actividades fuera del centro quedaron suspendidas debido a la crisis sanitaria. 54 personas, entre privados de libertad y sus familias, recibieron algún tipo de apoyo para sobrellevar la situación.
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