El Grupo de Trabajo Desmemoriados está compuesto por personas comprometidas con la construcción y la preservación de la Memoria Colectiva de Cantabria. Desmemoriados trabaja de forma abierta y plural en proyectos que ayuden a difundir el legado común de la lucha por una sociedad digna, y aporta herramientas metodológicas y tecnológicas para la conservación y divulgación de las voces y los elementos documentales que conforman la memoria colectiva de Cantabria.
Desmemoriados aborda así proyectos concretos de recuperación, conservación y difusión de esa memoria así como alimenta y comparte una base de datos de acceso público con fotografías, documentos, testimonios, pegatinas, carteles… que documentan, siempre de forma incompleta, la trayectoria social y política desde la II República hasta los años 90 del siglo XX.
Librerías, kioscos e incluso conciertos: objetivos de los atentados de la extrema derecha en Cantabria en la Transición
La violencia contra las libertades, activistas y militantes de izquierda fue el medio utilizado por la ultraderecha para involucionar la transición política
El terrorismo de extrema derecha constituyó una presencia constante en las calles de Cantabria entre 1975 y 1981. Los atentados consistían en su mayor parte en ataques a espacios políticos o a lugares de manifestaciones culturales que difundían motivos prohibidos durante el franquismo por razones políticas, morales o religiosas. En este ámbito, se sucedieron con reiteración los ataques a librerías, y con menor frecuencia, pero también con insistencia, a quioscos, cines, compañías de teatro o incluso alguna actuación musical.
También se produjeron agresiones a personas, en este caso, relacionadas con militantes de izquierda o activistas de variadas causas, con la intención de obstaculizar la difusión de sus ideas. Como se explicaba en el artículo anterior, la extrema derecha no consiguió su objetivo último, que no era otro que impedir la finalización de la dictadura y la implantación de un régimen democrático en España, pero sí extendió el miedo y dificultó la libre actuación de fuerzas políticas y sociales, además de causar importantes daños materiales y económicos derivados del empleo de la violencia.
Se tienen noticias de atentados a librerías en pleno franquismo: el dudoso honor de ser la primera en recibir la tarjeta de visita de la extrema derecha fue la Galería Sur, propiedad de Manuel Arce, cuyo escaparate fue empapelado como represalia por la carta que un grupo de intelectuales envió al Ministerio de Información y Turismo, de Manuel Fraga, en protesta por la actuación de las fuerzas de orden público contra los mineros asturianos y sus mujeres en 1962.
Se tiene igualmente información de ataques a la Librerías Horizonte y a la Hispano-Argentina, en febrero de 1972. En noviembre de 1974 se refieren amenazas de nuevo a la Hispano-Argentina (reivindicadas por el VI Comando Adolf Hitler). Pero sin duda el objetivo principal de los ataques fue la librería Puntal, propiedad de José Ramón Saiz Viadero, persona muy conocida en Santander por su papel protagonista en los medios culturales de la época, y también por su elección como concejal en la lista del PCE en las primeras elecciones municipales en abril de 1979, continuando posteriormente con una labor extraordinariamente prolífica como escritor, editor e impulsor de numerosas iniciativas sociales y culturales. Hasta 30 agresiones a su librería contabilizó en esa época.
Los quioscos fueron establecimientos igual y tristemente protagonistas de numerosas incursiones de la extrema derecha. Tras la larga noche de la dictadura, la demanda de contenidos hasta entonces prohibidos fue atendida por una eclosión de publicaciones que -en un amplio abanico desde el ámbito puramente político a las revistas de contenido erótico, pasando por temáticas variadas (música, historia, filosofía, humor…)- inundaron los puestos de venta de la época. Los quioscos, como vehículo lógico de exhibición y venta de las publicaciones, sufrieron reiterados ataques de estos grupos, que no estaban dispuestos a permitir la supresión de la censura que, de manera lenta y parcial, emprendieron los gobiernos de la transición.
Confluyeron en este ataque a los productos de amplio consumo popular las dianas que el franquismo había colocado como objetivos principales: los medios de difusión de ideologías de izquierda, y las manifestaciones consideradas inmorales desde un puritanismo extremado y hasta cierto punto enfermizo, fomentado desde la omnipresente Iglesia Católica, que había conseguido impregnar el franquismo de métodos y formas de una religiosidad anclada en época preconciliar. Desde estas premisas, los grupos violentos pretendieron cubrir el papel que el Estado había dejado de ejercer, en la medida en que se estaba abandonando la rígida censura de la dictadura.
Los expendedores de prensa expresaron su protesta ante una situación que juzgaban insostenible: manifestaban estar “dolorosamente hartos”. La junta directiva de la Asociación de Vendedores de Prensa remitió una nota en octubre de 1978 en la que calificaban los asaltos a su establecimiento como un atentado criminal contra modestos trabajadores; añadiendo que el vendedor de prensa es un intermediario entre casas editoras y el público, y que solo el fanatismo irracional podía dar lugar a estas acciones.
Pero los terroristas consiguieron en parte sus objetivos: algunos dueños de quioscos se intimidaron. Por ejemplo, el propietario del puesto de Camilo Alonso Vega (Santander), tras sufrir el atentado, procedió a retirar de sus escaparates aquellas revistas que pudieran generarle nuevos problemas. Otra damnificada por un artefacto lanzado contra su quiosco expuso en su visita a Comisaría su deseo de proceder a retirar algunos libros que abundando sobre el tema de la II Guerra Mundial tenían un marcado carácter antifascista. La misma policía le recomendó que no lo hiciera. Inicialmente, los quiosqueros incluso pensaron en poner retenes de vigilancia a la puerta de sus establecimientos, pero el gobernador civil coincidió con la mayoría de ellos en que no parecía oportuno usurpar unas funciones propias de la policía.
Como consecuencia, los productos eróticos (de los que hubo, es preciso recordarlo, inflación en la época, como si se pretendiera recuperar los años perdidos) fueron sistemáticamente atacados, tanto en quioscos como en los cines. A título de ejemplo, además de los numerosos ataques a los puestos de venta, que incluyeron amenazas por la exhibición en el escaparate de la revista satírica 'El Papus', se produjeron atentados en los cines Mónaco, Roxy o Coliseum, con motivo de la exhibición de películas como 'Portero de Noche', de Liliana Cavani, 'La esvástica en el vientre', 'La última orgía de la Gestapo' o 'La prima Angélica', esta última del director español Carlos Saura, autor de un cine muy comprometido con los valores democráticos en los últimos años del franquismo y primeros de la transición.
En el ámbito de la cultura merecen una mención especial los dos atentados sufridos por el grupo de teatro Caroca (en agosto de 1978 y el mismo mes de 1980), que vio su furgoneta incendiada en el segundo de ellos, lo que fue respondido por una muestra ejemplar de solidaridad de la sociedad cántabra, llegándose a realizar un concierto en la Plaza Porticada para recaudar fondos en favor del grupo. El recital que el grupo de folk castellano 'La Fanega' dio en el Casino de Los Corrales de Buelna en agosto de 1976 fue igualmente boicoteado por el lanzamiento de dos cócteles molotov.
La prensa fue otro de los objetivos señalados, como se puso de relieve en el atentado sufrido por el automóvil de Juan González Bedoya, director de La Hoja del Lunes, en septiembre de 1977 y por la propia sede del periódico semanal, que recibió un paquete bomba que no llegó a explotar en abril de 1979. La Hoja del Lunes se erigió estos años como el periódico más progresista de la región; bajo la dirección de González Bedoya, que escribía el principal artículo de opinión, apostó inequívocamente por la recuperación de las libertades y la evolución hacia una democracia sin limitaciones, apoyando igualmente la autonomía de Cantabria como región uniprovincial. Ello le valió la oposición radical de los sectores más reaccionarios de la sociedad cántabra, y en particular las iras de los grupos violentos de extrema derecha.
Pero si los ataques a manifestaciones culturales son importantes, y particularmente significativos porque muestran el trasfondo de aniquilación de cualquier atisbo de cultura crítica que caracterizó al franquismo, la diana favorita de los grupos de extrema derecha fueron los integrantes de partidos, fundamentalmente, aunque no todos, de izquierdas. Una de las excepciones vino dada en agosto de 1976 por el tiroteo del restaurante de Torrelavega 'La Villa de Madrid', donde se iba a celebrar un acto del grupo político 'Ciudadanía', con intervención del dirigente democristiano Fernando Álvarez de Miranda.
También hay, en octubre del 78, una agresión de miembros de FEJONS (Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) contra militantes de FEI (Falange Española Independiente) que repartían propaganda en la calle. Se trata de dos de los numerosos grupos falangistas que se constituyeron como partidos políticos una vez que se disolvió el que había ejercido como partido único durante toda la dictadura: FETJONS (Falange Española Tradicionalista y de las JONS). Mientras FEJONS reivindicaba íntegro el legado del franquismo y pretendía su perpetuación, FEI proclamaba remitirse al pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, que, a su parecer, se había visto secuestrado por el régimen franquista. Según esta concepción, el falangismo tenía muy poco que ver con las políticas desarrolladas por el régimen de Franco, de manera que los ideales enunciados por José Antonio seguían vigentes y estaban pendientes de aplicación.
Todos los demás atentados contra militantes o sedes de partidos políticos o centrales sindicales tuvieron como objetivo a la izquierda, que comenzaba a aparecer a la luz pública tras décadas de ostracismo y persecución. Se pueden diferenciar los atentados contra las sedes y las agresiones a militantes. Estas últimas tuvieron lugar abordando en la vía pública a las víctimas, bien en el marco de una manifestación, como el ataque de supuestos Guerrilleros de Cristo Rey a una concentración convocada por el PTE (Partido del Trabajo de España) y la JGR (Joven Guardia Roja) el día del referéndum para la Reforma Política (15 de diciembre de 1976), o en la labor militante de reparto de propaganda o pega de carteles, como las agresiones a Antonio Montesinos, candidato del PTE, en febrero de 1976 o a miembros de la Agrupación Electoral de Trabajadores en la campaña electoral de 1977.
Las sedes atacadas fueron la Casa del Pueblo de Torrelavega (agosto de 1978), la del PCE (Partido Comunista de España) de Reinosa (enero del 78), la de la CSUT (Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores) en Torrelavega (septiembre de 1978), PSOE de Polanco (5 y 7 de octubre de 1978), UGT de Torrelavega (9 de diciembre de 1978), PCE y Sindicato Unitario de Torrelavega (17 de julio de 1979), UGT de Santander (agosto de 1979); finalmente, la del PCE de Santander (febrero de 1981), en uno de los atentados más destacados y repudiados. En un intento de azuzar a sectores del ejército incluso llegaron a volar una puerta lateral de la Delegación del gobierno militar en Santander, en marzo de 1980.
La desarticulación de la banda ultra que venía cometiendo estos atentados se produjo el mes de febrero de 1981, días después de la colocación del artefacto explosivo en la puerta de la sede del PCE en Santander. La mayor parte de los detenidos resultaron ser sospechosos habituales de este tipo de actos. De hecho, la intervención de la Jefatura de Policía de Oviedo en el operativo sugiere cierto relajamiento del aparato policial santanderino en sus funciones.
Como se ha explicado, la proliferación de actos violentos de relativa baja intensidad tendría como objetivo fundamental crear un estado de tensión que impulsara la acción de sectores militares, ya muy “sensibilizados” por la evolución que iba tomando la política española, avanzado con numerosos tropiezos hacia la democracia, y azotada por un terrorismo extremadamente violento de las diferentes ramas de ETA. Sería la versión española de la estrategia de la tensión que alcanzó su más refinada aplicación en Italia, con decisiva intervención de los servicios secretos del Estado.
La conexión de ambos planos se concretó con motivo del fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981. La noche de la intentona de Tejero un grupo de personas de ideología ultraderechista se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Santoña para ponerse a disposición de la guarnición, que rechazó su ofrecimiento. Hay testimonios que relatan escenas de militantes de la ultraderecha que exhibieron sus pistolas por las calles de algunas poblaciones. Otros se limitaron a proferir vivas a Tejero, ejercer la fuerza para que en un club se pincharan marchas militares... Se detectaron también extraños movimientos de jóvenes en los alrededores del local de CCOO en Santander (Calle Hernán Cortés), identificados como militantes ultraderechistas.
Pero sin duda lo más relevante es la información que apunta a la preparación por parte de un grupo de militantes de ultraderecha de un golpe de mano para apoyar la sublevación de Tejero y Milans. Así, la Hoja del Lunes dio cuenta de una reunión en la calle Castilla de ultras armados con pistolas y algunos con subfusiles, que contaban con que la guarnición de la Guardia Civil de la ciudad se sumara al golpe, mientras que otro grupo se infiltraría y neutralizaría al gobernador civil. La operación se remataría con acciones ejemplares tendentes a cercenar de raíz las iniciativas de resistencia y movilización contrarias a los sediciosos. Esas acciones serían la detención, sin descartar la eliminación física, de destacadas personas capaces de liderar un movimiento de reacción a los golpistas. En la lista figurarían políticos, sindicalistas, profesionales de reconocido talante democrático y periodistas.
El fracaso del golpe de Tejero vino a desbaratar la estrategia de la extrema derecha. La debilidad organizativa y el escaso respaldo popular condujeron a los franquistas a confiar la consecución de sus objetivos a la acción del ejército. Una vez producida esta, sin el resultado esperado, la extrema derecha atravesó un periodo de debilidad y confusión que afectó a la rama política (disolución de Fuerza Nueva como partido) y a las actividades terroristas. La violencia no desapareció absolutamente, pero sí se vio muy reducida en los años posteriores. Varias décadas después, la reaparición de esa extrema derecha 2.0 analizada, entre otros autores, por Steven Forti se ha producido en forma de fuerza parlamentaria con una representación inusitada en España, pero equiparable al auge de la derecha radical en Europa y fuera de ella.
*NOTA: La reconstrucción de las acciones violentas de la extrema derecha en Cantabria se ha basado en la consulta de los números de La Hoja del Lunes entre 1974 y 1981.
El terrorismo de extrema derecha constituyó una presencia constante en las calles de Cantabria entre 1975 y 1981. Los atentados consistían en su mayor parte en ataques a espacios políticos o a lugares de manifestaciones culturales que difundían motivos prohibidos durante el franquismo por razones políticas, morales o religiosas. En este ámbito, se sucedieron con reiteración los ataques a librerías, y con menor frecuencia, pero también con insistencia, a quioscos, cines, compañías de teatro o incluso alguna actuación musical.
También se produjeron agresiones a personas, en este caso, relacionadas con militantes de izquierda o activistas de variadas causas, con la intención de obstaculizar la difusión de sus ideas. Como se explicaba en el artículo anterior, la extrema derecha no consiguió su objetivo último, que no era otro que impedir la finalización de la dictadura y la implantación de un régimen democrático en España, pero sí extendió el miedo y dificultó la libre actuación de fuerzas políticas y sociales, además de causar importantes daños materiales y económicos derivados del empleo de la violencia.