La Audiencia Nacional tiene en trámite cerca de 20 impugnaciones a la orden ministerial que hizo que el lobo dejara de ser especie cinegética y pasara a quedar incluido en la Listado de Especies Protegidas (Lespre). Entre los que impugnan se encuentran organizaciones de todo tipo, sobre todo ganaderas, y administraciones como un ayuntamiento y los Gobiernos del nororeste (Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria).
Hay otros procesos en marcha. Uno de ellos es el interpuesto por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) por razones totalmente contrarias, contra el Ministerio, al considerar insuficiente la protección del lobo en la orden. Los procesos judiciales ante la Audiencia Nacional no están agrupados y se solventarán de manera autónoma cada uno.
Ascel duda de que el Gobierno de Cantabria esté realmente interesado en seguir pleiteando contra la normativa estatal, ya que de hecho ni envió letrados de sus servicios jurídicos cuando hubo una vista presencial con testigos periciales en dicho proceso en Madrid.
Asimismo, y pese a reclamaciones y protestas, Cantabria acabó aprobando a finales del pasado año la estrategia española de conservación del lobo para poder percibir así la ayuda económica del Gobierno central.
La judicialización de la gestión del lobo adquiere periódicamente un nuevo giro a medida que las comunidades díscolas siguen dictando órdenes para matar ('extraer', en términos burocráticos) ejemplares de este gran carnívoro. Cantabria en este sentido es una comunidad demandada por organizaciones conservacionistas como Ascel y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) por el plan de gestión que incluye batidas periódicas que no cuentan con el aval del Gobierno central, ya que solo son realizables en contextos muy excepcionales en que las demás medidas de prevención y control no sean posibles o no resulten efectivas.
Existe además una demanda penal, que puede afectar al consejero cántabro de Medio Ambiente, Guillermo Blanco y acarrearía medidas inhabilitadoras para el ejercicio de cargo público. Esta avanza lenta, aunque ya el expediente se tramita en la Fiscalía de Cantabria, trasladado desde Madrid, en donde se interpuso a finales de noviembre.
El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha declarado en varias ocasiones sentirse tranquilo a este respecto, aunque la Consejería no tiene constancia oficial de que haya un proceso penal en curso, según han manifestado a este periódico. En la denuncia, también Ascel acusa al director general de Biodivesidad, Antonio Lucio.
“Este debate se junta con la denuncia penal en Fiscalía que nosotros hemos interpuesto en paralelo, contra Guillermo Blanco y Antonio Lucio, por tres resoluciones ejecutivas [caza de lobos] y la información derivada del expediente administrativo obtenido del Gobierno de Cantabria cuando se lo requirió el TSJ de Cantabria ante nuestro Contencioso”, asegura Ascel.
De este modo, mientras el Gobierno de Cantabria pleitea y reclama en todos los foros asumir las competencias de gestión de la especie -este jueves lo hizo la consejera de Presidencia, Paula Fernández, en Bruselas-, los conservacionistas piden las retiradas de las órdenes de caza y la anulación del Plan de Gestión en que se basan y que data de 2019.
Como telón de fondo está la inexistencia de censo hecho con criterios científicos desde 2015. La ambigüedad de la situación hace que cada cual arrime el ascua a su sartén. La Consejería asegura que hay un aumento importante de la población y daños cada vez más cuantiosos en la cabaña ganadera, al tiempo que reconoce la falta de datos cuando acusa al Gobierno central de incluir al lobo en el Lesrpe sin tener base científica: “El cambio del estatus de protección del lobo en España no ha ido precedido de un estudio de la situación actual de la especie con base científica”, aseguró Fernández ante el Comité de las Regiones.
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